La Audiencia de Valladolid juzgará al exvicepresidente de la Diputación Alfonso Centeno por Meseta Ski

El pasado 17 de marzo, el Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid encausaba al exvicepresidente de la Diputación y alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno, como presunto autor de un delito continuado de prevaricación y, como cooperadores necesarios, a otros cuatro integrantes de la sociedad pública Sodeva en relación al proyecto de las pistas secas de esquí en Villavieja del Cerro (Tordesillas) que empezaron a construirse en 2006 y fueron desmanteladas por orden judicial en 2018 sin llegar a ser inauguradas. Así, encausó a Valentín González Reoyo, Luis Torroglosa Martínez, Pedro Pariente Fradejas y Luis Alberto Sánchez-Valdepeñas Herrera. En un auto anterior ya había archivado la causa y sacado del procedimiento a otro investigado, el arquitecto del Estudio Naos Santiago González García «al no constar indicios suficientes de que este investigado fuera conocedor de la tramitación administrativa del proyecto».

En su último auto, que está fechado el pasado 11 de octubre y se acaba de hacer público, el magistrado Javier de Blas García excluye a un quinto encausado, el gerente de Sodeva, Luis Alberto Sánchez-Valdepeñas, al estimar su recurso por considerar extinguida «por prescripción la responsabilidad penal que pudiera serle exigida». El resto de recursos de apelación han sido desestimados. El fiscal solicita en su escrito de acusación penas, para cada uno de los cuatro encausados, de siete años de inhabilitación en cargo público por un delito continuado de prevaricación. Por su parte, la acusación popular, integrada por Ecologistas en Acción y Toma la Palabra, solicita que se les impongan penas, para cada uno de ellos, de once años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Respecto de las responsabilidades civiles, la acusación popular solicitó el pago de una indemnización conjunta y solidaria a Sodeva o a la Diputación de Valladolid de 11,6 millones de euros, cantidad que supuestamente pagó la institución por las fallidas pistas secas a mayores del presupuesto inicial. Sin embargo, en este mismo auto, el juez considera que la acusación popular no tiene «legitimación activa para reclamar una posible indemnización a favor de Sodeva», una indemnización que la Fiscalía no solicita. Tampoco procede la prestación de la fianza que solicitan para garantizar las responsabilidades civiles que pudieran derivarse, «por cuanto no hay responsabilidad pecuniaria (multa) y además en la jurisdicción penal solo resulta posible la responsabilidad civil si se constata un perjuicio imputable al hecho del que se deriva la responsabilidad penal. Y este no es el caso, pues solo podría exigirse la reparación del daño causado por conductas malversadoras con origen en la prevaricación, y la malversación ha quedado descartada», resuelve el juez.

La Fiscalía de Valladolid remitió el 14 de agosto de 2019 al juzgado decano las diligencias de investigación que había iniciado el año anterior a raíz de la denuncia de los portavoces de la oposición en la Diputación. En su escrito de conclusiones provisionales, la fiscal jefe de Valladolid, Soledad Martín, apunta que las irregularidades en el proyecto comenzaron prácticamente en el punto de partida, pues el presupuesto base de algo más de cuatro millones de euros ya «superaba con creces el capital de Sodeva» que se había constituido en 2004, dos años antes, con un capital social de un millón de euros«. No consta, indica la acusación pública, »acuerdo alguno de la Diputación que amparara el notable exceso en el coste previsto«. Tampoco existe informe alguno, subraya que, tras adjudicar las obras a la constructora Corsan-Corviam y un viaje a Inglaterra en julio de 2006, justifique una modificación en el proyecto para instalar otro tipo de pistas de mayor longitud con un coste superior a los 7,4 millones. En noviembre el gerente de Sodeva emitió un informe a la carta en el que se consideró que no era necesario publicar una nueva petición de oferta y comunicación al segundo ofertante que aspiraba al proyecto inicialmente, pues no se había producido una variación »sustancial« del contrato. Ya entonces Ecologistas en Acción planteó las primeras alegaciones al proyecto, que emprendió un largo periplo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo mientras las obras seguían su curso con licencias concedidas sobre el proyecto inicial y no el modificado. La aprobación del presupuesto complementario por el consejo de administración de Sodeva suponía entonces un sobrecoste de más de 2,9 millones de euros. La sociedad abonó no solo certificaciones por encima del precio inicial sino que afrontó los gastos reclamados por la constructora por la paralización de las obras durante meses como resultado de las sentencias judiciales. Finalmente, los tribunales ordenaron el derribo de complejo de ocio, que incluso había sido declarado de interés regional por la Junta para intentar eludir las sentencias.

Aunque en un primer momento, el magistrado instructor Javier de Blas decidió sobreseer las diligencias del caso Meseta Ski por considerar que los hechos estaban prescritos, la Audiencia de Valladolid estimó parcialmente el recurso de Ecologistas en Acción y Toma la Palabra y ordenó al juzgado que reabriera la causa exclusivamente por el delito de prevaricación, dejando fuera los delitos de malversación de dinero público y la falsedad documental que las acusaciones también atribuían a los responsables de Sodeva.

En marzo pasado, el instructor cerró la investigación y apreció «la manifiesta arbitrariedad a la hora de adjudicar, contratar y ejecutar el proyecto de Meseta Ski en 2006 a través de la constructora Corsan-Corvian por parte de los responsables de Sodeva, en particular, de su presidente, Alfonso Centeno, que para ello contó con la colaboración o cooperación necesaria y útil« de su equipo de confianza en la cúpula de la sociedad.

Sostiene el auto que Centeno, presidente de Sodeva y vicepresidente de la Diputación de Valladolid «decidió adjudicar por razón no aclarada» la contratación del proyecto a Corvian-Corsan y «ocultó al consejo de administración» a esa constructora «por el importe que resultara convenido y evitando los controles que imponía la Ley de Contratos». Cuando menos, sostiene el instructor, tras la adjudicación inicial, «concertó de forma arbitraria y sin sujección a las normas de la contratación administrativa con la constructora beneficiaria la realización de un proyecto completamente distinto al ofertado, incluyendo el acometimiento de importantes obras de mejora durante su ejecución, sin supervisión alguna» y «con incumplimiento palmario de la normativa urbanística».

«Solo gracias a una acción consensuada o de mutua confianza entre los dirigentes de Sodeva y Corvian-Corsan», prosigue el auto, «puede entenderse que esta, tras lograr la adjudicación, financiara los viajes al extranjero que determinarían las verdaderas condiciones del proyecto».

Un proyecto que fue adjudicado inicialmente por poco más de cuatro millones de euros y que pasó a superar los diez millones, a pagar mediante certificaciones «que no reflejaban la realidad de lo ejecutado y de forma diferida en el tiempo».

Concluye el instructor que el presidente de Sodeva, «a pesar de los contatiempos judiciales y las paralizaciones de la obra y la obtención de licencias conforme a un proyecto dejado sin efecto a su instancia, continuó destinando fondos públicos al proyecto e incrementando su montante mediante la inclusión de importantes mejoras, comprometiendo así mayores fondos públicos que no fueron sometidos a la supervisión del consejo de administración».