El juez no ve delito ambiental en la retirada de escombro en la antigua finca de Hibramer

El fallo concluye que ni David Mato ni Julio César González Higuera «llevaron a cabo ninguna demolición de naves que no existían ni ocultaron restos de la demolición abriendo una fosa para enterrarlos», sino que «se limitaron a reponer el estado de las fincas a uno compatible con su explotación comercial sin alterar sustancial ni moderadamente el estado de las mismas». Se limitaron a retirar el escombro que fue generado por los anteriores propietarios y las láminas de fibrocemento de las techumbres de las naves «no fueron desmontadas por lo acusados ni se fracturaron los restos existentes para dificultar su localización y facilitar su enterramiento subrepticio».

La sentencia reconoce, no obstante, que han existido «numerosas infracciones de la legalidad administrativa», aunque «no es esta la sede adecuada para sancionarlas», Se refiere el juzgador a que, cuando la Guardia Civil formuló la denuncia administrativa, el 16 de abril de 2016, la empresa carecía de los permisos urbanísticos para realizar estas actividades, que se solicitaron días después al Ayuntamiento de Rueda por el nuevo dueño de las fincas. Además, la empresa comenzó los trabajos sin verificar la existencia de dichos permisos y «actuó a sabiendas de que se iba a manipular, aunque fuera residualmente, material peligroso (uralitas) sin existir un plan de evaluación de riesgos».

La Fiscalía les acusó de delito medioambiental y contra los trabajadores, una imputación basada en el informe del Seprona de la Guardia Civil, que se remonta a un año después de que el agente medioambiental de la Junta de la zona de Tordesillas comunicara los movimientos de tierra supuestamente «ilegales» descubiertos en la finca y denunciados por los trabajadores de conservación y mantenimiento de la autovía A-6, que discurre muy próxima a la propiedad. Según el Seprona y los guardias civiles del puesto de Tordesillas que patrullaron la zona, se produjo una extracción de tierras no autorizada y parte de la contaminante uralita de los edificios y naves derruidos se habrían «enterrado» para allanar un talud.

Pero la sentencia considera que la acusación se basa en un error de punto de partida, creer que la empresa demolió las naves de las parcelas. Unas ortofotografías tomadas en 2014 y aportadas por la defensa demuestran que en agosto de 2014 «dichas placas de fibrocemento ya no se encontraban colocadas» y las cuatro naves ya estaban prácticamente desmanteladas.

Durante el juicio, la fiscal mantuvo su acusación contra el dueño de Contenedores Empresariales SL, David Mato Alonso, y los hermanos Julio César y Mercedes González Higuera, socios en la empresa familiar de materiales de construcción. Para el primero de ellos, que encargó los trabajos, solicitó una pena de dos años de prisión por delito ambiental y seis meses de multa más ocho meses de inhabilitación profesional, mientras que para los otros dos acusados, socios de la empresa que ejecutó los trabajos, pedía, además de las penas de dos años de prisión, multa de seis meses e inhabilitación profesional de ocho meses por el mismo delito, otros cuatro meses de prisión más cuatro meses de multa por un delito contra los derechos de los trabajadores. Para el ministerio público, estos empleados estuvieron expuestos al amianto sin los equipos apropiados mientras realizaron tareas de retirada de escombro, explanación y arreglo de caminos en la finca. El juzgador sostiene que los trabajos se realizaron en un día, al aire libre y los trabajadores estaban protegidos en la cabina de la excavadora, por lo que la exposición al amianto no fue sostenida en el tiempo.

En estas parcelas, enclavadas en el paraje denominado Pinar de Doña Emilia, se levantaron las naves de la antigua granja avícola de Nueva Rumasa, Hibramer, que desde 2011 hasta hoy está pendiente de liquidación. Según explicó durante el juicio el administrador concursal y abogado Eduardo Sobrino Pérez, en los últimos tiempos solo funcionó una de las naves «para la reproducción de pollitas» a través de la firma Esmeraldina, «pero la finca fue completamente vandalizada, se llevaron hasta una bomba sumegible, se llevaron todo lo que se podía acabar vendiendo», con lo que en 2014 las naves ya estaban prácticamente desmanteladas.

Según explicó el responsable de la empresa González Higuera e Hijos, se les encargó la limpieza y el arreglo de la parcela y la demolición de los restos de las edificaciones, como «restos de hormigón, ventanas y uralitas» y las obras empezaron en abril de 2016. Fue un trabajador de la brigada de conservación de carreteras quien «se quejó» de la invasión de la zona de servidumbre de la autovía A-6. El acusado insistió en que «solo había pequeños restos de uralita» y que «los escombros se retiraron y se llevaron a un gestor de residuos» pero que, respecto del material contaminante no se disponía de autorización de transporte de residuos peligrosos y los trabajadores tampoco llevaban equipamiento especial porque «no se consideró necesario porque era poca uralita».

En todo caso, negó que se «enterraran» restos de este material, sino que el fibrocemento «se transportó en un camión, dentro de contenedor que se llevó a nuestras instalaciones de Tordesillas». Después, de dicho material se habría encargado una empresa de reciclado. La Guardia Civil paralizó la obra, que se reanudó en julio de ese año, cuando ya disponían de las licencias.

La responsable de la oficina de la empresa de materiales de construcción negó, por su parte, tener que ver en las decisiones ejecutivas de las obras, aunque sí defendió que a los trabajadores se les aprovisiona de equipos de protección idóneos al trabajo que realizan.

El administrador de la empresa que compró la finca, que fue el tercer acusado en declarar, explicó que compró la finca para «meter ganado» pero que vio que estaba «llena de escombros» y encargó la limpieza «porque entrañaba peligro». Subrayó que no le constaba «que la empresa tapara los residuos en lugar de transportarlos» y que solicitó las licencias cuando «nos pararon las obras, porque no sabíamos que había que pedir permiso».