El alcalde de un pueblo de Valladolid que ganó la batalla a los topillos

Los comicios del 27 de mayo de 2007 le hicieron alcalde de su pueblo, Villalar de los Comuneros, y tras la toma de posesión un par de semanas después, la mayor preocupación de Pablo Villar fue la inmensa plaga de topillos que destrozaba las explotaciones agrícolas de innumerables municipios de la región como el suyo. Era inexperto en labores políticas, pero no en lo relacionado con la agricultura. Y aunque hace ya doce años, recuerda a la perfección todo lo sucedido durante aquella crisis agrícola y cómo con las medidas tomadas ha convertido a Villalar en un municipio pionero en la lucha contra los topillos. «Aquello era una plaga bíblica, los campos se estaban arrasando. Lo veíamos en la explotación familiar. Cada noche desaparecían cinco o seis metros de profundidad por 500 metros que tenía la tierra. Un daño brutal. Desde ese momento soy alcalde, pero antes soy hijo de agricultor y sé lo que está pasando».

Pablo Villar, ingeniero agrónomo de formación, recuerda hasta el día exacto que la Consejería de Agricultura liderada por Silvia Clemente emitió las pautas necesarias para recibir las ayudas a las explotaciones afectadas por la plaga de topillos. «La orden se manda el 4 de julio. Anuncian las designaciones, pero exigen que se dejen testigos para calcular los destrozos», explica el exregidor. Por entonces la cosecha en Villalar de los Comuneros ya estaba muy avanzada, por lo que en el municipio vallisoletano no fue posible ejecutar este requisito. La Junta mandó a dos técnicos y «desde allí de manera telefónica se pusieron en contacto con la Consejería y dijeron que, efectivamente, había una cosecha realizada en torno al 75% con daños de media de entre el 70% en trigo y el 80% en cebada. Un problema de mi inexperiencia no haberlo registrado de alguna manera», confiesa Villar, quien evidencia que desde ese momento «nos dimos cuenta de la magnitud y del desconocimiento de la administración sobre este tema».

Analizada la situación, la labor de Pablo Villar como la del resto de alcaldes de los municipios afectados por la plaga de topillos fue buscar la solución perfecta. Lo primero fue la utilización del veneno porque «no teníamos ni idea de cómo afrontar esto, solo sabíamos que nos estaba arrasando la cosecha y la gente piensa que si me están matando todo, tengo que echar veneno». No fue la solución, por lo que probaron un arado especial que trabajaba en profundidad que cosechó el mismo resultado.

Mientras tanto, la Junta de Castilla y León seguía con una actitud nada esperanzadora para el edil. «Organizaban jornadas y yo fui a una de INEA (Escuela Universitaria de Ingeniería Agrícola y Agroambiental). Allí un experto en investigación vitivinícola en la primera diapositiva decía que, según la ley de sanidad vegetal, el agricultor es el responsable de las plagas de su campo. Estábamos hablando de una catástrofe, no del problema de una parcela». Habían probado el veneno y diferentes sistemas de arado, también escuchado las propuestas de la administración regional que a nadie convencían. El siguiente paso de Pablo Villar fue tomar la iniciativa y, con la financiación de Cajamar, organizó un encuentro con agricultores en una jornada con el experto Javier Viñuela. «Nos explicó que el problema viene de la evolución que ha sufrido el campo, el abandono de árboles y la intensificación del regadío, lo que generó un ecosistema más favorable para el topillo. Nos aclaró que el único medio que hay es el control biológico».

Al día siguiente, Javier Villar da una rueda de prensa y el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona de Madrid (Grefa) contacta con él para elaborar una propuesta de rehabilitación. Tras una reunión en la que también estuvo presente Viñuela se planteó el proyecto para conseguir que fueran los depredadores de los topillos quienes acabasen con ellos. Contaba con tres pilares: una zona de reintroducción de especies, la revegetación de linderas y, el más importante, las cajas nido. El proyecto salió adelante gracias a la financiación de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura.

Para gestionar esta crisis agrícola, Villar reconoce que fue esencial aceptar que ya no había nada que hacer en ese instante para salvar la cosecha. «Lo que teníamos que hacer era empezar a poner las herramientas para que cuando volviera dentro de cinco años tuviéramos un ecosistema capaz de impedir que suba a esas cotas». Al igual que hace doce años, la instalación de cajas nido se vuelve a plantear con la plaga de topillos de este 2019 por parte de las administraciones, aunque también se han realizado trabajos de limpieza de cunetas. Para Villar, «eso es perder el tiempo y el dinero». «Limpiar cunetas o quemar rastrojos yo tenía claro que era en vano. Además, el coste de limpiar cunetas es más elevado y en seis meses van a estar igual. En cambio, si instalas una caja nido va a seguir ahí».

Al comienzo se instalaron 40 para cernícalos y 40 para lechuzas, depredadores naturales de los topillos. «Los resultados se ven ahora. Tú ahora vas a Villalar y no es un epicentro de plaga. Y lo fue, nosotros éramos candidatos de serlo. Pero ahora te das una vuelta por allí y ves que no hay daños». «Nosotros llevamos metiendo presión a la Junta desde el minuto 1», explica Villar, que ante la reticencia de la administración optó por reclamar al menos que no se extendiera el uso del veneno. «Si alguien pone una caja nido y otro echa veneno es como si echas el aceite al coche y quitas el tapón del cárter».

Pablo Villar vive actualmente en Valencia tras dejar el bastón de mando de Villalar en 2011, pero sigue la actualidad de la Comunidad. «Estos días he pensado que de haber tenido el contacto del consejero de Agricultura le habría llamado para decirle que no siga por ahí». De hecho, Villar tiene constancia que técnicos de la Consejería han planteado el caso de Villalar con la intención de consultar al exalcalde.

El principal consejo que Villar daría a la administración autonómica es el de contar con expertos. «Si tiene acceso a ellos el alcalde de un municipio de 500 habitantes también lo tendrá la Junta», considera. «Las políticas que se hacen no son meditadas», aunque reconoce que en la plaga de 2007 la presión del campo era la solicitud de veneno. «El campo es reticente a estas medidas, yo eso lo entiendo. Aunque lo entiendo en 2007, en 2019 es inexplicable. Ahora llenas un autobús con la gente que no lo crea y les llevas a Villalar a que lo vean con sus propios ojos», sentencia.

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