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El Procurador del Común, Tomás Quintana, insta a la Consejería de Sanidad a investigar si se atendió correctamente en el Hospital Río Hortega a un paciente oncológico cuya familia puso una queja porque se negaron a hospitalizarle. La esposa del enfermo relata en su ... denuncia ante el Procurador que acudió a quimioterapia sin poder caminar ni articular palabra y que tuvieron que volver a casa en ambulancia tras el ciclo de tratamiento dado el estado que presentaba.
Era el 8 de octubre y el 12, cuatro días después, ingresó en la UCI, donde falleció, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. Había comenzado el tratamiento por un diagnóstico tumoral el 14 de julio y presentaba lesiones cerebrales.
Desde Oncología alegaron que el paciente atravesaba «una estabilización de su enfermedad neoplásica», según el resultado de un TAC al que fue sometido 7 de septiembre, un mes antes de los hechos que relata la familia al acudir al hospital para recibir el ciclo de quimio. También añaden los responsables sanitarios que durante la consulta del día 8, «se aprecia clínica neurológica de inestabilidad, habitual en pacientes con lesiones cerebrales en tratamiento, y se le pauta medicación al efecto», además de que en el Hospital de Día en que recibió ese tratamiento no comunicaron incidencias. Señalan que en ese momento «no refirió ingresos o síntomas que pudieran anticipar el problema cardiológico que padece el día 12 de octubre». «Se fue de alta a su domicilio con cita para el siguiente ciclo y ha dispuesto de atención médica continuada por parte del nivel de Atención Primaria, así como por los Servicios de Urgencias hospitalarias», relatan desde el Río Hortega.
En la información que los responsables sanitarios hicieron llegar al Procurador lamentan no haber podido predecir con antelación el proceso cardiológico que desembocó en la muerte del paciente, si bien puntualizan que «esta circunstancia sucede en múltiples patologías de presentación aguda».
Tomás Quintana halla contradicciones contundente entre la descripción que hacen los allegados y esas aseveraciones médicas de que no había cambios en el estado del paciente. Incide en que la esposa advirtió a los sanitarios de un «empeoramiento general, tanto en su deambulación como en su capacidad de hablar».
«Tampoco parece que se haya ofrecido a la familia la información adecuada sobre la situación del paciente ni de las razones por las que no se mantuvo una vigilancia estrecha y no quedó ingresado en observación», expone el Procurador del Común, en una resolución en la que pide a Sanidad que inicie un «procedimiento de investigación para verificar si se ha llegado a cometer una infracción de la 'lex artis' (la calidad exigible a la asistencia médica) y, en su caso promover el correspondiente procedimiento de responsabilidad patrimonial por la actuación sanitaria prestada al paciente». Esto último implicaría una indemnización.
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