«En procesos de familia, a los jueces les toca decidir hasta sobre el 'piercing' del niño»

–¿Cuál es la causa principal de que los juzgados de familia estén desbordados?

–Tenemos una ley procesal del año 2000, pero que no sirve para los procesos de familia, en especial en los procedimientos de ejecución de medidas tras el divorcio. Tal es así que los jueces se están convirtiendo en los terceros padres de los niños, tienen que pronunciarse absolutamente sobre todo, hasta sobre el 'piercing' del niño. Y este mal funcionamiento se está cronificando. Hay juzgados donde no se aplica la custodia compartida porque el juez no está de acuerdo a pesar de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Es necesario que, de una vez por todas, se aborde la necesidad de especialización en familia: jueces, fiscales y equipos. No puede ser que los juzgados mixtos (civil y penal) lleven además estos procedimientos. Así que se alargan en el tiempo indefinidamente. Si salen los asuntos es por el empeño de los jueces.

-¿Qué medidas urgen para paliar estos fallos del sistema?

–La Asociación se ha reunido con todos los representantes de los grupos políticos y todo el mundo dice que sí, pero al llegar al poder se olvidan, alegan que no hay dinero. La gente tiene que saber que, de todos los ministerios, el de Justicia es el antepenúltimo en presupuesto. Tenemos una casa estupenda pero no hacemos más que tapar goteras. Es necesaria una reforma integral del sistema de planta judicial, del derecho procesal y del derecho de las personas (menores y familia). Nos perdemos en debates sobre la gestación subrogada, que es importante, pero... Sentémonos a hacer un proyecto serio para un servicio público al ciudadano que sea correcto, que no cree una justicia de primera y de segunda. De cada 10 parejas, 7 acaban en ruptura. Estamos ante un problema social con secuelas graves.

–En las jornadas de Valladolid van a abordar el aumento de las demandas para eliminar la pensión compensatoria.

–En las demandas de modificación de medidas hay dos cambios sustanciales en los últimos años: la custodia compartida (que conlleva la modificación del uso de la vivienda y la forma de pagar la pensión) y la pensión compensatoria. Todo obedece a que el dibujo de la familia en este último cuarto de siglo ha cambiado mucho y la situación de la mujer no es la misma que hace 30 años. Hasta hace poco solo se suprimía la pensión compensatoria que abonaba el exmarido a la exmujer cuando se probaba que esta convivía con otra persona como un matrimonio. Tenía que ser una relación pública y consolidada en el tiempo. Pero hoy, ¿cuántas parejas viven sin convivir? La línea entre el noviazgo y la convivencia se ha afinado mucho. En ese sentido, ya hay una sentencia de la Audiencia de Palma en la que, además, ha sido determinante como prueba lo publicado en redes sociales. Se le reconoce a una persona, al haber fallecido su pareja en un accidente, una indemnización de 125.000 euros. Ha cambiado mucho la forma de relacionarnos.

–¿Qué le parece el 'decretazo' y la posterior rectificación del Gobierno para modificar el Código Civil?

–Si llegara a entrar en vigor el decreto de esa manera, prosperaría el recurso de inconstitucionalidad. En derecho, la forma es tan importante como el fondo, los cambios legislativos tienen que hacerse conforme a un proceso. Este decreto es una barbaridad con consecuencias jurídicas. Otra cosa es que el clamor social que existe nos lleve a tomar medidas. Respecto del artículo 156 que se quiere modificar, es un juez quien tiene que determinar quién es víctima de maltrato y no un trabajador social o un psicólogo, no es su función. Los peritos informan, pero en ningún caso deben determinar la calificación de víctima. Es el juez.

–¿Un buen derecho de familia reduciría la violencia de género?

–Totalmente. Hay situaciones de violencia de género que se producen con independencia del procedimiento judicial de familia, pero otras son resultado de procesos de separaciones y divorcios. El problema de fondo es que el sistema está colapsado y no funciona. Si una persona está en situación de conflicto, hay un trato inadecuado entre los miembros de la pareja, planta una demanda y el juicio de divorcio se señala para dentro de ocho meses o un año y medio y no hay medidas reguladoras de la vida familiar hasta entonces, se provocan situaciones de violencia: 'si no me das a los niños, te denuncio...', y de ese tipo. Con lo que el propio sistema inadecuado está generando gran cantidad de violencia por lo mal que funciona. Y esto no se quiere ver.