Valladolid

Los principales acusados en el caso de la Perla Negra piden salir de la causa

Es la segunda vez en dos años que se da inicio a la fase de enjuiciamiento, tras ser suspendido en marzo de 2022 un primer conato de juicio. En esta ocasión las defensas de la mayor parte de los procesados han pedido de nuevo que se interrumpa el proceso. Si en el primer intento la causa fue un cedé extraviado con documentación de una de las encausadas, en esta ocasión han alegado, entre otras cuestiones, indefensión ante lo que consideran una falta de garantías de tener todo el expediente de la causa, al no estar firmada la certificación por un letrado de la administración de justicia.

Algo que el Ministerio Fiscal y el resto de acusaciones han considerado un «defecto de forma» que en cualquier caso no produce indefensión al haber dado la sala traslado de toda la causa a las partes. Solo las representaciones de Francisco Armero, ex director de finanzas de Gesturcal y Luis Antonio Recio, uno de los empresarios que presuntamente se benefició de la trama, han pedido la continuidad del proceso.

La defensa de Rafael Delgado, exviceconsejero de Economía entre los años 2003 y 2012, uno de los principales acusados para el que la Fiscalía pide 11 años de prisión por un delito continuado de prevaricación, otro de revelación de secretos con tráfico de influencias y otro de malversación, ha pedido el archivo de la causa. La representación alega que la denuncia que da origen a la investigación es prospectiva y que en todo caso los hechos que se le imputan sobre revelación de secretos y tráfico de influencias habrían prescrito al datar la comisión de los supuestos delitos a finales de 2005.

La Fiscalía ha rechazado esta cuestión previa alegando que la representación del acusado ha obviado que se trata de un delito continuado entre los años 2005 y 2011 y que el periodo de prescripción se habría interrumpido con el inicio de las actuaciones judiciales cinco años después, tras la citación del acusado en 2015.

El Ministerio Fiscal, al igual que el resto de acusaciones, también han declinado la petición de expulsar de la personación a la Junta de Castilla y León. El letrado ha esgrimido que la entidad pública ADE Parques Tecnológicos y Empresariales (antigua Gesturcal), que asumió la compra del edificio, se apartó del proceso diciendo que no había daños para la mercantil y que es la Fiscalía quien tiene que velar por los intereses públicos. Por contra las acusaciones han considerado que la Junta de Castilla y León es parte perjudicada, ya que asumió el agujero económico de Gesturcal, y que como tal tiene derecho a personarse.

La representación de la también exviceconsejera de Economía entre 2007 y 2011, Begoña Hernández, ha solicitado la nulidad de apertura del juicio por dilaciones indebidas y por la falta de certificación de la documentación judicial, al igual que gran parte de los letrados. Consideran que no hay ninguna garantía de que obre en la causa toda la documentación de la fase de instrucción. Además, ha aportado dos cartas que figuraban en el archivo al que tuvieron acceso hace dos años y que han sido admitidas por el magistrado sin oposición de las acusaciones. Nuevamente la fiscal en su turno de réplica se ha opuesto reiterando el acceso de las partes al procedimiento íntegro.

El abogado de Hernández ha apuntalado la indefensión arguyendo que en ninguna de las calificaciones se encuentran imputaciones de hechos concretos a su representada. «Si no sabemos de qué se le acusa, no sabemos cuándo ha prescrito» ha razonado, ante lo cual el Ministerio Público ha apuntado a que los hechos que se le imputan se infieren del escrito de calificación. Sobre la prescripción de los delitos, también solicitada por el letrado, la fiscal ha reiterado que el plazo de prescripción no ha transcurrido. Para Begoña Hernández el Ministerio Fiscal solicita 11 años de prisión por un delito continuado de revelación de secretos con un delito de tráfico de influencias y malversación continuada.

La defensa de Juan Carlos Sacristán, Consejero Delegado de Gesturcal entre 2004 y 2008, que se enfrenta a 11 años de prisión, ha pedido la nulidad del escrito de acusación por la falta «concreción individualizada» tanto en los delitos de su representado como en el periodo en que se habrían llevado a cabo. La Fiscal ha defendido que las alegaciones están descritas en los autos de imputación, donde constan los hechos, quiénes están imputados y en calidad de qué. Y en concreto sobre Sacristán precisa que en 2006 firmó el contrato de alquiler del edificio incumpliendo la condición impuesta por el consejo de administración de llevar a cabo una nueva tasación.

Aduce también la defensa de Sacristán caos en la documentación, a la que se suma la abogada de Salvador Molina que solicita la nulidad parcial del auto de apertura oral, con la existencia de diferentes copias de un mismo tomo con distintos folios: «Es como si cogemos un libro, mezclamos las hojas y ahí tienen ustedes El Quijote, léanlo». Han pedido la certificación de los documentos que constan y que estos estén ordenados de forma cronológica, algo contra lo que la fiscal no ha presentado objeciones, si bien considera que no es una razón de peso para la nulidad, a lo que se adhiere la representación del PSOE. La Junta en este caso no se ha pronunciado ya que no formula acusación contra los empresarios.

«Los escritos de acusación son un burdo señalamiento» ha afirmado de forma contundente la defensa de Alberto Esgueva, ex alto cargo de la Junta y hermano de Francisco Esgueva, empresario de cementos La Bureba y Parque Empresarial de Portillo, dos de las sociedades implicadas. La defensa pide el sobreseimiento de la causa para su representado, que enfrenta seis años por un delito continuado de violación de secretos con un delito de tráfico de influencias, al considerar que las acusaciones no tienen más fundamento que la existencia de relaciones personales y familiares: «Como era directivo de ADE y conocía a Delgado allanó el camino (de la contratación)». Sobre esto las acusaciones han replicado que la práctica de la prueba será la que determine si los indicios son suficientes para condenar.

En cuanto a los principales empresarios de la supuesta trama, Germán José Martín y Ángel Román, directivos de Urban Proyecta PM3 y Parque Empresarial de Portillo, enfrentan al igual que los hermanos Esgueva y otros tres empresarios, seis años de prisión por un delito de violación de secretos con un delito de tráfico de influencias. El defensor de Román ha pedido la prescripción de los delitos argumentando la venta de su participación en una de las empresas implicadas en 2006.

Considera que el inicio del procedimiento se data en 2017, habiendo transcurrido más de 10 años. Nuevamente la fiscal recalcaba que se trata un delito continuado de revelación de secretos y tráfico de influencias y sitúa el inicio del procedimiento en una providencia de 2015. A la prescripción de los delitos ha apuntado también la defensa de Francisco Esgueva, que enfrenta las mismas penas.

Las cuestiones previas, que estaba previsto que se desarrollarán durante tres sesiones, han sido escuchadas íntegramente durante la sesión inicial de este lunes, quedando las sesiones suspendidas hasta el lunes 4 de marzo. Ese mismo día en el que se inician las declaraciones de los 90 testigos y peritos -salvo decisión de suspensión o anulación del juicio- que constan en la causa, tendrá lugar la resolución de las alegaciones de las defensas por parte del magistrado.