La jueza cita a los primeros afectados por el 'cambiazo' de los ataúdes de Valladolid para el 18 de junio

Mientras el perito judicial efectúa la tasación de los inmuebles que servirán para pagar la fianza de 800.000 euros impuesta al empresario Ignacio Morchón, en prisión provisional desde el pasado febrero como principal investigado en el caso del supuesto 'cambiazo' de ataúdes, durante veinte años, en la funeraria Parque El Salvador que investiga el Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid, la jueza retomará esta mañana las declaraciones de otros cuatro testigos. La mayoría, empleados de la empresa de pompas fúnebres. La instructora ya ha fijado fecha para que comiencen a pasar por el juzgado los primeros afectados que forman parte de la lista 'oficial' de la Policía y la Fiscalía, familiares de los difuntos cuyas cajas, según la operación Ignis, fueron sustituidas por otras de menor calidad con destino a la cremación, para luego ser revendidas. Fotografías de estos finados y los féretros forman parte de la documentación con la que un exempleado de la funeraria, ya jubilado, chantajeó al dueño de la empresa y fue condenado por ello, pero ha servido para abrir esta otra investigación judicial.

La Audiencia Provincial de Valladolid acaba de fijar una fianza de 800.000 euros para el fundador y propietario de la funeraria El Salvador, que fue arrestado en el marco la investigación policial por delitos de estafa, falsedad, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal, unas diligencias en las que también están investigados tres de sus hijos (dos, en libertad bajo fianza hipotecaria de otros 800.000 y 200.000 euros, respectivamente). En conjunto, son más de una veintena de personas las que ya han pasado por la sala de vistas 4 de los juzgados de Angustias para ser interrogados en calidad de investigados sobre la supuesta sustitución de unos 6.000 féretros entre 1995 y 2015.

La Sección Segunda admitió finalmente las reiteradas peticiones de la defensa de Morchón padre para su puesta en libertad al considerar que, en este momento de la instrucción judicial, el riesgo de que el investigado pueda fugarse no ha desaparecido pero «sí se ha diluido», y puede neutralizarse «con medidas menos gravosas para el derecho a la libertad» como imponerle fianza. la jueza podrá imponerle otras medidas cautelares, como la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado. La Audiencia ha tenido en cuenta el arraigo familiar y social del investigado, el hecho de tener sus bienes embargados, la ausencia de pruebas o indicios de que tenga bienes en el extranjero, su avanzada edad y los problemas de salud que sufre.

La Sala ha valorado que no existe la posibilidad de que «altere o destruya fuentes de prueba relevantes para la investigación» porque ya se ha intervenido toda la documentación encontrada. Tampoco existe «un peligro fundado y concreto» de que pueda «influir sobre otros imputados, testigos o peritos», según indica el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La defensa confía en que Morchón pueda salir del centro penitenciario la semana próxima.