Portillo reclama a la Junta que urbanice el suelo industrial que compró en 2010 por 37 millones

«Si la Junta no desarrolla ya la primera fase del parque empresarial de Portillo, nos vamos a quedar con las parcelas rústicas más caras de todo el planeta: se ha pagado 500.000 euros por cada hectárea de secano», ironiza con amargura el alcalde de la localidad, Juan Ignacio Álvarez (PSOE), al referirse a las 80 hectáreas de suelo industrial en las que iba a levantarse el parque empresarial que se promovió desde ADE Parques (hoy, Instituto para la Competitividad Empresarial). Un polígono que iba a ser buque insignia de la actividad económica del sur de la provincia y que, ocho años después, sigue siendo un patatal en el que crecen las amapolas al lado de la autovía de Segovia y a tan solo a 15 kilómetros de la ronda exterior de Valladolid.

Sin entrar en la investigación judicial en marcha desde 2013 sobre el supuesto pelotazo urbanístico asociado a las diligencias del caso Perla Negra, el alcalde de Portillo subraya «la urgente necesidad» de retomar el proyecto «porque el Ayuntamiento tiene parcelas adjudicadas en ese parque, pueden venir otras empresas, con lo que se solucionaría en gran parte el problema del paro y porque, además, hay demanda». De hecho, sostiene que varias empresas se han tenido que ir a otros términos próximos al no estar urbanizada la primera fase del parque, a pesar de que se retomó el proyecto en 2016.

Explicó el alcalde que la única empresa que está instalada en la zona y que ya lo estaba antes del proyecto, Euronit, necesita accesos, servicios y ampliar sus instalaciones, lo que no puede hacer porque no hay suficiente edificabilidad. «Eso significa que están en riesgo 123 puestos de trabajo porque la empresa, si no puede ampliar, terminará por cerrar y eso es muy serio para el municipio», indicó el regidor.

Uno de los empresarios perjudicados por el fracaso del parque en 2010, Eduardo Pérez, incidió además en que en el primer contrato que Euronit realizó con la sociedad investigada Parque Empresarial de Portillo –que, en un año, revendió a ADE por 37 millones las tierras que se compraron a los primeros propietarios por 9 millones–, condicionó el pago de 603.000 euros que le debía a la promotora desaparecida a que se realizara la urbanización. «La deuda sigue, porque como Parque desapareció y no se han hecho accesos ni servicios...», señaló este empresario. «Lo más grave es que la Junta, que pagó 37 millones de euros por las parcelas, ahora sea reacia a invertir 5 o 6 millones en desarrollar esta primera fase para que salga adelante y se asienten empresas en una inversión a futuro».

Fuentes del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) indicaron que en 2016 se inició la modificación puntual del plan parcial del sector de suelo urbanizable industrial 9 «para permitir el desarrollo del polígono en tres fases, con el fin de ir desarrollándolas de manera sucesiva a medida que se fueran ocupando». El proceso administrativo culminó con la aprobación definitiva en un pleno del Ayuntamiento del 28 de febrero de este año y la publicación del acuerdo en el Bocyl el pasado 3 de mayo.

El ICE tiene que elaborar, tramitar y aprobar la modificación de ese proyecto de urbanización para ajustarlo a las tres nuevas fases. Según el alcalde, el «frenazo» en el trámite desde 2017 obedece a «una falta de voluntad política de las consejerías de Fomento y Economía, que tienen la pelota en su tejado». Mientras que para el ente de la Junta el viejo convenio de 2009 para desarrollar la zona es válido «y podría tramitarse en un plazo muy breve», el Ayuntamiento reclama uno nuevo al haber cambiado los propietarios «porque cualquiera podría impugnarlo. Lo que pasa es que la Junta no quiere asumir todo el coste, cuando es dueña del 88% del suelo».

Desde el Instituto se subrayó que «no obstante, estamos dispuestos a sentarnos para llegar a un acuerdo y que no se retrase la tramitación como consecuencia de esta diferencia de criterios».