La policía nacional detenida en Girón se enfrenta a once años de prisión
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La Audiencia de Valladolid estudia la petición de libertad provisional para la agente, acusada de tráfico de drogas y revelación de secretosTribunales ·
La Audiencia de Valladolid estudia la petición de libertad provisional para la agente, acusada de tráfico de drogas y revelación de secretosLa agente de la Policía Nacional detenida el pasado verano en su domicilio del barrio de Girón se enfrenta a una pena de 11 años de prisión por tráfico de drogas y revelación de secretos, según el escrito de acusación de la Fiscalía al ... que ha tenido acceso El Norte de Castilla. El abogado defensor de la funcionaria -que fue detenida junto a su pareja- ha solicitado en apelación este martes ante la Audiencia de Valladolid la puesta en libertad provisional de su cliente. La acusada lleva en prisión provisional desde que la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo desplazados desde Madrid cerró la operación con la detención de ambos agentes.
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La detención de la funcionaria policial, O.R.G, y su pareja, C.A.G.G, se produjo el 7 de junio cuando agentes del Grupo 50 de la citada unidad se trasladaron a Valladolid para registrar el piso que ocupaban los sospechosos en el barrio de Girón. Estas detenciones fueron el resultado de una investigación iniciada con anterioridad en la que se habrían montado dispositivos de vigilancia en las inmediaciones para identificar a las personas que frecuentaban el inmueble.
La policía detenida había realizado las prácticas en Valladolid, donde tiene su residencia, y estaba destinada en Madrid, a donde acudía regularmente para cumplir servicio. Tras su detención, la pareja fue trasladada a dependencias de la Comisaría de Las Delicias, en la calle Gerona, y a la mañana siguiente fue puesta a disposición de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, Soledad Ortega, que acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza en sus funciones de guardia. De las diligencias previas del caso se ocupa el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital, que rechazó la petición para la puesta en libertad a la espera de juicio de la agente, motivo por el que su letrado ha planteado la apelación de la decisión de la instructora ante la Audiencia de Valladolid.
Será el tribunal el que decida en los próximos días si ratifica la resolución de la instructora o decreta la puesta en libertad provisional de la policía nacional. Para ello, la Audiencia valorará, entre otras circunstancias, el arraigo de la funcionaria y el riesgo de fuga, habida cuenta de la elevada petición de pena solicitada por el ministerio público para la agente. A la pareja de la agente se le concedió la libertad provisional el pasado agosto, según indican fuentes jurídicas.
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El hallazgo de restos de cocaína en bolsas de basura arrojadas por la agente de la policía nacional y su novio fue una de las pruebas determinantes que el grupo de Asuntos Internos presentó al juzgado para solicitar la orden de registro de la vivienda. En las bolsas de basura ante la vivienda de los investigados, en la calle Mieses de Valladolid, fueron localizados recortes y envoltorios, algunos de ellos con restos de la referida sustancia. El atestado policial refiere 68 actas de vigilancias efectuadas ante el inmueble, incluida aquella en la que se intervino droga a una persona que previamente había accedido a la casa.
En el atestado que refleja las investigaciones del Grupo 50 de la UAI se subraya que las tres persianas de la fachada de Mieses, a diferencia de las de otras residencias contiguas, permanecieran siempre totalmente bajadas, circunstancia que, a su juicio, pudiera deberse a ocultar la privacidad de su vida común y personal pero también para escapar de posibles vigilancias respecto de la presunta actividad ilícita de la agente, O.R.G, y de su novio, C.A.G.G.
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La Fiscalía considera que existen pruebas fehacientes del delito de revelación de secretos porque la funcionaria entró en varias ocasiones, entre los años 2021 y 2023, «de manera particular e interesada» en las aplicaciones policiales de Objetos y Personas para consultar datos de ellos mismos y de terceros. En concreto, una de estas consultas fue, en abril, para recabar datos de su propio vehículo particular y su pareja sentimental.
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En su escrito de acusación, el ministerio público hace suyos los argumentos de los autores del atestado en relación a que tales consultas «no entran en la lógica a realizar por quien hace uso de esas aplicaciones, a no ser que pudiera tratarse de una medida de seguridad para comprobar si sobre alguno de ellos pudiera constar algún tipo de señalamiento policial establecido por algún grupo policial que revelaría el hecho de que estaban siendo investigados».
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El 11 de marzo pasado la funcionaria habría realizado en el sistema policial una nueva consulta de una tercera persona, un individuo que durante las vigilancias fue visto en varias ocasiones frecuentando la residencia de la agente y su novio. Entonces consultó sus buscas judiciales y reseñas policiales y también un atestado de una detención de este hombre que se tramitó en la Comisaría de Delicias.
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