La Policía Local de Valladolid renueva sus «obsoletas» pistolas y valora grabar sus intervenciones

«El problema que se nos presenta al utilizar armamento tan anticuado es el nivel de seguridad que poseen, que está completamente obsoleto y no se adecúa a las actuales circunstancias del día a día de nuestra Policía», se explica en el documento de contratación.

Esta situación está produciendo ya «problemas mecánicos» que no se pueden reparar al estar «completamente descatalogadas». A esta circunstancia, se suma que las fundas de estas pistolas no son antihurto «con el consiguiente riesgo añadido para los agentes que trabajan en la calle».

El pliego prevé la sustitución de los actuales modelos en servicio por pistolas de nueva generación del calibre 9 por 19 milímetros 'parabellum', armazón de polímero, cargador mínimo de 16 cartuchos y un peso de 630 gramos sin la munición incorporada. En total, se adquirirán 250 armas, a razón de 45 por año.

El documento destaca que el «nivel de agresividad y especialización de la delincuencia va en aumento y por tanto el riesgo para las fuerzas y cuerpos de seguridad y para la ciudadanía también se ve incrementado». Vamos, que los malos cada vez son peores y más violentos. Conviene tener los 'hierros' al día.

El edil responsable del departamento, Alberto Palomino, señala que esta renovación del equipamiento policial es algo habitual. Hace dos semanas, el pleno del Ayuntamiento debatió precisamente sobre esta cuestión a raíz de la presentación, por parte de Vox, de una moción para dotarles de pistolas táser, un arma de electrochoque efectiva para reducir a agresores, que otras unidades municipales, como las de Madrid, Torrelodones o Las Palmas ya están utilizando. La propuesta decayó. «Dentro de las prioridades, esta sería la última», acota el edil, quien subraya que su uso «no es inocuo y puede provocar la muerte». «En Estados Unidos, donde se producen 11.000 muertes por disparos de la Policía cada año, tiene sentido porque es sistema intermedio, pero no es el caso de España», matiza Palomino.

Desde el sindicato mayoritario del cuerpo, el SPPM, sin embargo, se considera que sería una herramienta efectiva para las patrullas. «Es un arma intermedia, no letal y con la debida supervisión y aplicando los protocolos de seguridad sería útil en algunas intervenciones», sostiene José Carlos Rodríguez Galindo, portavoz de esta organización.

De momento, el equipo de gobierno descarta de plano esta opción, aunque sí valora otra que se incluía en esa moción: la incorporación de cámaras embarcadas en los coches-patrulla y en los uniformes de los propios agentes. «Estamos esperando a saber cómo se cierra la reforma de la Ley de Seguridad, pero no lo descartamos, aunque tiene pros y contras, por ejemplo todo lo relacionado con la protección de datos», aclara el concejal, quien matiza que, en cualquier caso, primero se ubicarían en los vehículos y más tarde se estudiaría la utilización de las llamadas 'bodycam', que los policías llevan en la pechera de sus antibalas. La finalidad de estos dispositivos es grabar las intervenciones que pueden considerarse más complejas.

Las imágenes darían «seguridad jurídica» tanto a los ciudadanos que se vieran afectados por una actuación inadecuada como a los agentes a la hora de avalar que su intervención ha sido correcta. «Todos los medios que se pongan para ayudarnos en nuestro trabajo son bien recibidos», apunta el portavoz del SPPM, quien reconoce que las mejoras en el equipamiento para desempeñar su labor son constantes en material y vehículos. Ahora el cuerpo municipal cuenta con la unidad de drones para videovigilancia área y con el sistema 'Discover', un lector de matrículas de última generación que les permite conocer de inmediato el historial completo del vehículo y de su propietario.

Según los datos de la memoria de 2021, la Policía Municipal sigue mejorando su servicio al ciudadano. El tiempo de respuesta a los requerimientos es de 3,42 minutos de media cuando el parámetro de calidad lo establece en seis. El mismo documento subraya que el nivel de satisfacción ciudadana con la labor y eficacia de los agentes en sus intervenciones es del «100%», según los datos obtenidos en una encuesta telefónica aleatoria.