Valladolid

La Policía investiga a alumnos de la UVA por vender vídeos de clases de una academia

La academia, que imparte sus clases de forma presencial, con sede en la calle Epifanía, frente al Aulario de Económicas, habilitó una plataforma durante la pandemia para poder continuar con la actividad académica 'on line' de manera excepcional, hecho que habría sido aprovechado por algunos estudiantes del centro para grabar el contenido. Los vídeos resultantes de las clases, cuyo coste es de 90 euros por trimestre, eran presuntamente vendidos después por los alumnos por una sexta parte de su tarifa: 15 euros. El contenido llevaría en circulación al menos dos años y el perjuicio económico estimado por la academia sería de unos 30.000 euros por curso.

El propietario del centro tuvo conocimiento de los hechos hace un mes, cuando un alumno proveniente de Bachillerato le preguntó si tenía un canal de Youtube, al tener constancia de la existencia de unos vídeos en los que aparecía dando clase. Fue entonces cuando el responsable consultó lo relatado a otros alumnos universitarios de la academia, que seguían asistiendo de forma presencial, quienes habrían confirmado los hechos como algo que «todo el mundo sabe en la Universidad» y colaboraron con el denunciante para llegar hasta el material.

Según la información recabada, los alumnos dedicados a su venta tendrían alojado el contenido de las clases de distintas asignaturas en su nube de la Universidad. Para conseguir acceso al mismo solicitaban un correo con el dominio de alumnos de la UVA para compartir los vídeos a través de la cuenta de Drive asociada a sus 'emails', también de la Universidad.

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La Universidad de Valladolid, que no ha querido facilitar información al respecto, ha confirmado, eso sí, que la Policía Nacional está investigando los hechos y que están «colaborando en todo lo posible» con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. El acceso a la carpeta con el material alojado por los alumnos en la nube de la Universidad ya habría sido restringido, según fuentes próximas al caso. Sobre el futuro de los alumnos implicados, de confirmarse los hechos, apuntan a que se acogerán a lo contemplado por la Ley de Convivencia Universitaria, que establece un régimen disciplinario para el alumnado y el personal universitario. Eso al margen de las posibles repercusiones penales.

Entre lo catalogado por dicho reglamento como faltas «muy graves» está la existencia de una condena firme por «la comisión de un delito doloso que suponga la afectación de un bien jurídico distinto cometido en los centros universitarios, sus instalaciones y servicios, o relacionado con la actividad académica de la universidad». Las sanciones estipuladas para las faltas muy graves contemplan la «expulsión de dos meses y hasta tres años de las universidad» y la «pérdida de derechos de matrícula parcial, durante un curso o semestre académico».