El Poder Judicial elige a Antonio Alonso para presidir la Sección Mercantil de la Audiencia de Valladolid

La designación de Alonso se realiza para cubrir la vacante dejada por jubilación el pasado 4 de marzo del magistrado Jaime Sanz Cid. La Comisión Permanente ha elegido al hasta ahora titular de Primera Instancia número 8, por criterio de antigüedad y como especialista en la jurisdicción de lo Civil.

Antonio Alonso (Béjar, 1952) se licenció en la Universidad de Deusto (Vizcaya) en 1976. En 1980 ingresó en la carrera judicial siendo destinado al Juzgado de Quiroga (Lugo). Entre 1982 y 1984 estuvo ejerciendo en Ciudad Rodrigo (Salamanca) y en Medina de Rioseco.

En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria estuvo seis años, hasta su traslado, en julio de 1990, al Juzgado de Primera Instancia 8 de Valladolid donde ha permanecido 29 años. Es el magistrado 'civilista' más antiguo en la capital.

Durante su gestión en estas casi tres décadas, Antonio Alonso ha dictado resoluciones sobre los concursos de Nitratos de Castilla (Nicas), y las constructoras Sisocia y Tecprogesa.

Pero la sentencia de mayor transcendencia dictada por este juez fue en febrero del 2012, cuando rechazó el embargo por parte de Caja Vital a una madre vallisoletana, que había avalado a su hija y su novio para que ambos pudiera comprar un piso de 68 metros cuadrados en Delicias.

El juez, en esta primera resolución con transcendencia en Valladolid, consideró que con la entrega de la vivienda la entidad debía considerar saldado el crédito otorgado.

De este modo, Antonio Alonso Martín rechazó la petición de la entidad financiera en 2011, para que la madre pagase otros 18.000 euros como avalista de su hija y su novio,después de que la caja se hubiera quedado con la vivienda y sacado a subasta el piso en la calle Caamaño, en Delicias, por 95.000 euros.

Además, en su demanda, Caja Vital llegó incluso a pedir al juez que la Seguridad Social y el INEM informasen al Juzgado de Primera Instancia 8 sobre si los jóvenes y la madre percibían alguna prestación o subsidio de desempleo, con el objetivo de que su importe fuera embargado.

El magistrado, sin embargo, lo rechazó afirmando en su sentencia del 2012 que, según el Código Civil, las normas se interpretan según la realidad del tiempo en que han de ser aplicadas, «lo que nos obliga a tener en cuenta la problemática social que se ha suscitado en torno a la ejecución hipotecaria, por los gravísimos efectos sociales que la regulación de la misma ha generado y sigue generando, aumentados por la actual crisis económica«.