La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado el pasado 14 de febrero pedir al Ministerio de Justicia la creación del quinto Juzgado de lo Social en la provincia de Valladolid, un órgano unipersonal que debe de encargarse de los procedimientos ... vinculados con el mundo laboral o la gestión de las reclamaciones en materia de Seguridad Social. A él se sumará también el de Primera Instancia número 16 de Valladolid, que se ubicaría en el edificio de la calle Nicolás Salmerón.
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El acuerdo se produce después de que el órgano de Gobierno de los jueces españoles examinase los informes remitidos por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, que preside José Luis Concepción, y del Servicio de Inspección, en donde se planteaba la necesidad de incrementar la planta judicial en todo el estado español.
Este último documento señala un total de 263 unidades judiciales más para que «el ejercicio de la función jurisdiccional pueda desarrollarse en unos parámetros más elevados de eficacia».
El Servicio de Inspección considera en su informe la necesidad de manera urgente de 75 unidades judiciales. Entre las prioridades están dos nuevos juzgados para Valladolid: el número 5 de lo Social y el de Primera Intancia número 16.
Respecto al primero, tanto el juez decano como el TSJ habían resaltado la insuficiencia de cuatro juzgados laborales para una provincia como Valladolid, donde en los años de la crisis han crecido el número de asuntos.
De media, cada uno de los cuatro actuales juzgados de lo Social de Valladolid tramitan alrededor de 1.200 asuntos al año, cuando el ratio fijado por el propio Consejo para cada magistrado es de unos 800. La fecha de señalamientos para celebrar juicios está ahora para el mes de octubre.
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El cúmulo de juicios a celebrar incide también en los asuntos pendientes que se arrastran de un año para otro, y que en algún caso suponen otros 500 más de media por cada juzgado.
Entre los asuntos que se tramitan en la jurisdicción de lo Social están las reclamaciones de cantidades salariales, despidos, demandas de pensiones e incapacidades no reconocidas por la Seguridad Social, permisos de paternidad, vacaciones, o conciliación de la vida familiar y laboral.
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