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Marisa, una de las 2.160 personas residentes en Viana de Cega, recibió hace unos meses una carta de su banco para informarle de que su cuenta pasaba a residir en la sucursal de la entidad en el barrio capitalino de Parquesol, a 17 kilómetros. Con el cierre de la antigua oficina de Caja España en la calle Cardiel, este pueblo vallisoletano famoso por sus pinares se ha convertido en el municipio más grande de la provincia que se queda totalmente huérfano de bancos.
No tener sucursal es sinónimo, en la mayoría de los casos, de no tener acceso a dinero en efectivo. Con lo que eso significa en un entorno como el rural, donde no es raro que no haya datáfonos y, si los hay, no es raro que no haya cobertura.
Decenas de miles de habitantes de esa Valladolid que se va vaciando se ven condenados a tener que desplazarse decenas de kilómetros para encontrar una sucursal o un cajero automático. Treinta kilómetros es la distancia que separa, por ejemplo, San Cebrián de Mazote de Medina de Rioseco. El primero no llega a 150 habitantes y el segundo ha perdido ya la cota de los 5.000.
Un vistazo a la relación de municipios que conservan actividad bancaria da a entender que los 1.000 vecinos es la cifra mínima para disponer de algún tipo de servicio financiero, pero ni eso. Aparte de Viana, Quintanilla de Onésimo (1.031 empadronados), La Pedraja de Portillo (1.122) y Matapozuelos (1.039) tampoco cuentan con sucursal.
O así figura en la información facilitada por las propias entidades, que en algunos casos pierde vigencia en cuestión de semanas. Alguno de los bancos consultados todavía incluyen en sus listados oficinas que llevan tiempo cerradas.
La mayoría de municipios que no llegan a los tres mil vecinos tienen que conformarse con un agente o autobús con dinero en efectivo que les visita algunos días a la semana (o al mes) y, si tienen la suerte de contar con una oficina de Correos, con un cajero automático (de una entidad o de los que está gestionando la Diputación). Es el caso, por ejemplo, de Renedo de Esgueva, con 3.875 vecinos y un cajero.
En septiembre de 2008, Valladolid llegó a tener 616 oficinas de bancos y cajas de ahorro. Hoy (o mejor dicho, en septiembre de 2021, último dato recogido por el Banco de España) quedan 237.No llegan a la mitad. Las entidades financieras y de crédito tenían doce años atrás 270.855 empleados (dato nacional) y al cierre de 2020 contaban con 175.000. Oficinas en las que antaño trabajaban cuatro o cinco personas, ahora sobreviven con un solo trabajador. Es el caso de la de CaixaBank en Peñafiel, que más allá de su número de habitantes (5.000), no es precisamente un pueblo sin actividad productiva.
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Por otra parte, a esta especie de 'exclusión financiera' tampoco son ajenos los vecinos de algunos barrios de ciudades grandes, como Valladolid. Que se lo digan si no a los de Villa de Prado. En este caso la ausencia de entidades es total. Pero tampoco resulta precisamente agradable el cierre de la sucursal en la que un cliente tiene su dinero, por más que ese distrito cuente con oficinas de otras entidades. Hay ocasiones en que la sucursal de la misma entidad más cercana se encuentra a dos o más kilómetros.
Esta estrategia contractiva de la banca, que sus directivos justifican por la digitalización y en aras de la eficiencia y rentabilidad por la competencia, lleva tiempo siendo criticada por usuarios y representantes de las plantillas, aunque con escaso éxito. Recientemente, las medidas reactivas están dando pasos adelante.
Algunos ayuntamientos y clientes particulares de la zona de Aliste, en Zamora, han cerrado las cuentas bancarias que tenían, en este caso con Unicaja, como reacción a su decisión de clausurar sus oficinas y el servicio de cajero ambulante.
Presionados por las protestas de sus clientes de mayor edad, como la campaña 'Soy mayor, no idiota' que promovida por el médico jubilado Carlos San Juan ha recabado más de 600.000 firmas, las entidades se han comprometido a «mostrar sensibilidad a este problema».
El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, aseguraba hace unas semanas que esta patronal, junto con la de las antiguas cajas (CECA) y la de las cooperativas de crédito(Unacc) elaborarán un plan que incluya medidas «de choque» y soluciones «más de carácter estructural» y que tendrá «distintas alternativas porque los bancos tienen estrategias comerciales y es bueno que compitan entre ellos». Por lo que ha trascendido, habrá cambios en el día a día de las oficinas, las centralitas telefónicas, las aplicaciones móviles o las diferentes alternativas habilitadas para llegar a las zonas rurales más despobladas.
De momento, algunas entidades han anunciado algunas mejoras. Es el caso del Santander, que ha ampliado su horario de caja para los clientes de más de 65 años, o Abanca, que se ha comprometido a «no cerrar ninguna oficina en los 134 municipios gallegos en los que es la única entidad».
Valladolid tiene 226 municipios, de los que solo uno de cada cinco (43) tienen algún servicio financiero. Los que cuentan con oficinas permanentes con cajero se limitan a una decena. Como heredera de Caja España y Caja Duero, la entidad que tiene la mayor red de oficinas en Valladolid es Unicaja Banco, que según la última información disponible cuenta con 20 sucursales en la capital y 24 en la provincia, dos más de las que tiene CaixaBank. Ahora bien, en varios de estos casos no son oficinas propiamente dichas, sino establecimientos de apertura ocasional, o atendidos por agentes desplazados.
BBVA y Santander tienen 14 y 20 sucursales en la capital y once oficinas cada uno en los municipios vallisoletanos. La entidad santanderina tiene un contrato con Correos por el que ha habilitado cajeros automáticos en sus oficinas. Bankinter y Sabadell solo están en Laguna y Medina del Campo y la entidad catalana, también en Arroyo.
«Tengo casi 80 años y me entristece mucho ver que los bancos se han olvidado de las personas mayores como yo. Ahora casi todo es por Internet… y no todos nos entendemos con las máquinas. No nos merecemos esta exclusión. Por eso estoy pidiendo un trato más humano en las sucursales bancarias». Así comienza la iniciativa puesta en marcha por el médico jubilado Carlos San Juan en la plataforma change.org, a la que ya se ha adherido más de 600.000 personas. Su petición reza así:«Firma para pedir a los bancos más atención personalizada, por favor, creo que es una petición humana y justa. Y cuando la firmes, compártela con tus conocidos para que seamos muchísimos más y se nos escuche más fuerte».
San Juan, que ya se ha reunido con el Gobierno y con la patronal bancaria, describe muy gráficamente la peripecia a la que se ve abocado cualquier cliente, pero que a los más mayores se les hace insuperable. «No paran de cerrar oficinas, algunos cajeros son complicados de usar, otros se averían y nadie resuelve tus dudas, hay gestiones que solo se pueden hacer online... Y en los pocos sitios donde queda atención presencial, los horarios son muy limitados, hay que pedir cita previa por teléfono pero llamas y nadie lo coge… Y te acaban redirigiendo a una aplicación que, de nuevo, no sabemos manejar. O mandándote a una sucursal lejana a la que quizás no tengas cómo llegar».
Caso diferente es el de las cooperativas de crédito, que de un tiempo a esta parte son las únicas entidades que expanden sus redes. Cajamar, como heredera de la Caja Rural del Duero cuenta con ocho oficinas en la capital y 33 (en torno a la mitad son agentes) en la provincia. El grupo Caja Rural, mientras, dispone de 12 sucursales en la capital y otras nueve en la provincia, ya sea a través de las cajas de Soria, Zamora, Salamanca o Caja Vital. Su última apertura es de hace solo unas semanas en Parque Alameda. Aún no figura en sus listados, pero Marisa se topó con su fachada verde hace unos días y, ya que tiene que desplazarse desde Viana, ha decidido trasladar allí su cuenta.
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