Valladolid

La conflictividad aumenta en el Zambrana con 13 bajas activas y 15 renuncias en dos años

No son todas las que se producen, ya que, explican, cuando se ven en la tesitura de tener que emprender acciones judiciales contra internos con los que conviven, tienen que hacerlo a título personal, por lo que están «desamparados». La Consejería de Familia, consultada sobre las cifras de incidentes y las quejas de los educadores, no se ha pronunciado a fecha de publicación de este reportaje. El cambio impulsado desde hace dos años por la dirección del centro los ha dejado desarmados frente a las situaciones más conflictivas, lo que sumado a la situación de precariedad en la que ejercen, ha disparado la carga de trabajo y con ello las bajas por depresión o ansiedad, unas 13 actualmente, de una plantilla que ronda el centenar entre el personal fijo y los contratos temporales de sustituciones.

Quienes ya no están, sometidos a un acuerdo de confidencialidad durante su paso por el centro, temen posibles demandas. Solo Victoria Salinas, que ejerció como educadora social durante siete años en el Zambrana, el único centro de internamiento en régimen cerrado de Castilla y León con 80 plazas, se atreve a hablar poniendo rostro a la realidad que viven muchos educadores sociales. Lo hace empujada por la impotencia, el sentimiento de indefensión y el miedo que ha provocado en todo el sector el asesinato de la educadora de 35 años, Belén Cortés, a manos de tres internos en una vivienda tutelada de la Junta de Extremadura en Badajoz.

«Lo más importante es entender todo lo que hay anterior a una agresión física», explica Salinas, antes de pasar a detallar el cambio de rumbo emprendido por la dirección del centro hace aproximadamente dos años y al que señalan todas las personas consultadas como el origen del problema. «Se junta que el perfil de los chavales cambia mucho con unas modificaciones que plantean en el centro y cuanto más violentos son menos herramientas tenemos», asegura, en alusión a las limitaciones impuestas a las contenciones físicas y a las medidas de aislamiento.

«El menor no puede estar en su habitación con la puerta cerrada aunque tenga un mal comportamiento, pese a que los que estaban en aislamiento tenían derecho a dos horas de ocio y podían hacer vida normal», detalla. En su lugar, «plantean que te pongas delante de ellos y les digas, 'tranqui, calma', pero no siempre saben frenar. Yo he aplicado la contención física dos o tres veces porque se pegaban entre ellos».

Las nuevas directrices se implantaron en un contexto en el que se produjo el fallecimiento de un menor de 14 años durante una contención física. El interno, que había ingresado meses antes en la parte de socialización - un área diferenciada a la de reforma en la que se presta servicio a los menores con alteraciones de conducta que no han cometido ningún delito - presentaba patologías cardíacas y una intervención quirúrgica abdominal previa a su ingreso en el centro. El suceso tuvo lugar un año después de que se reformara la ley del menor, mediante la aprobación de la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia en junio de 2021.

El texto, que aborda de manera general la creación de entornos seguros para los menores, no se centra exclusivamente en los centros de internamiento. Pero introduce modificaciones en algunas normativas que afectan a su funcionamiento, limitando el uso de las contenciones físicas, que quedan relegadas a un «último recurso» cuando hayan fallado las medidas de «desescalada», según refiere el artículo 20.

«El cambio de sistema coincidió con un momento en el que el centro se llenó, en 12 años no lo había conocido sin plazas», comenta otro educador, que pide hablar desde el anonimato, ya que aún forma parte de la plantilla. Se trata de uno de los más veteranos, que permanece de baja por ansiedad desde finales de 2023. «Tenía la tensión por las nubes, dolores de cabeza, no dormía», recuerda, sobre los problemas de salud que arrastraba como consecuencia de la carga de tareas que había supuesto el nuevo sistema de trabajo con los internos, que no se tradujo en más personal.

«Antes nosotros funcionábamos con negativos, que consistían en quitarle 30 céntimos a su propina semanal de seis euros. Y si alguno hacía algo un poco más fuerte lo podíamos enviar a la habitación para que reflexionara sobre lo que había hecho y eso ahora ya no se puede hacer. En su lugar, si un chico hace algo muy mal, tienes que estar mucho más encima de él y hasta que no lo corrija no hace la siguiente actividad, por lo que quitas a un educador del resto del grupo», ejemplifica. Una forma de trabajar que sería «buena si las unidades fueran de pocos chicos o hubiera más educadores, pero se suavizó todo mucho y cuando vieron que no les podíamos castigar se reían de nosotros».

Por el momento sigue en terapia y no piensa en volver. La agresión a un compañero de los más veteranos, con el que la emprendieron a puñetazos, le marcó. «Ahora tengo miedo de cómo voy a reaccionar, porque si tocas a un chico te comes un marrón, pero si veo que están pegando a un compañero, no sé cómo voy a actuar».

Todas las fuentes consultadas coinciden en que la falta de recursos para penalizar los malos comportamientos o incluso los positivos en alcohol o drogas de regreso al centro, unido a la escasez de plantilla, la masificación y las tipologías de los delitos por los que ingresan, cada vez más graves - incluida la pertenencia a bandas -, han supuesto un caldo de cultivo en el que han aumentado las situaciones de peligro como los intentos de motín y las agresiones. Un clima de trabajo que ha propiciado el abandono de los más veteranos, «unos 15 en el último año».

La falta de experiencia de las nuevas incorporaciones, la escasa formación y la inestabilidad de la plantilla, son la cara B de un problema que desde el Servicio Público de Empleo de Castilla y León tratan de atajar instando por carta a trabajadores del sector, bajo apercibimiento de sanción, a participar en los procesos selectivos de Adis Meridianos, la adjudicataria del Zambrana.

«Se suponía que a mí me iban a dar una formación para saber cómo funcionaba el centro, me pusieron media hora delante de la pantalla de un ordenador y me mandaron a una unidad porque necesitaban gente para cubrir una plaza», recuerda otra educadora, sobre su primer día en una de las unidades más peligrosas. Tuvo la «suerte» de coincidir con una antigua compañera de aulas a la que pedir ayuda, ante el rechazo que a veces sienten por parte de los más experimentados, hastiados a su vez de cargar con la responsabilidad de formar a las nuevas incorporaciones que pasan fugazmente por el centro. Su currículum apenas contempla unos pocos meses en las instalaciones de Miguel Ruiz de Temiño y sin ser fija ya ha asumido el rol de educadora referente en varios turnos.

A la deriva denunciada en la dirección del centro, se suma el conflicto laboral que la plantilla mantiene con la adjudicataria, que se hizo cargo en junio del pasado año de la gestión del área de internamiento para el cumplimiento de penas judiciales. Las secciones sindicales han presentado varias denuncias ante la inspección de trabajo porque «se siguen sin cumplir las ratios mínimas de 19 o 20 trabajadores por turno» y «sin cubrir el total de las bajas». Una escasez de empleados que repercute directamente en los días de descanso y vacaciones de un personal bajo mínimos al que «aún deben días de 2024».

En materia de seguridad, el último informe de la inspección de la autoridad laboral avala las quejas sobre la falta de personal, medios y el mal funcionamiento de los sistemas antipánico. Constada la «existencia de riesgo de agresiones físicas» y los «recientes incidentes», según reza el informe, insta a la empresa a reforzar «la dotación de personal» y «de medios materiales» como llamadores, pulseras antipánico y cámaras de seguridad».