Valladolid

Piden cinco años para una exempleada municipal por malversar 157.000 euros

Fueron los alcaldes de ambas pedanías quienes en agosto de 2020 pusieron los hechos en conocimiento de la Guardia Civil de Tordesillas. Una auditoría de las cuentas municipales de Villamarciel reveló la existencia de «varias transferencias sospechosas de ser irregulares», con importes que oscilaban entre los 1.000 y los 3.000 euros, que se correspondían con el pago de «facturas falsas», tal y como confirmó el consistorio de Villamarciel. Esta situación reveló la posible sustracción de las cuentas de Villavieja del Cerro, al compartir ambas localidades el personal laboral.

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La acusada, que padece «ludopatía simple», utilizaba «dos mecanismos distintos» para hacerse con el dinero. Por el primero de ellos se habría apropiado desde el año 2016 de 48.922 euros de la localidad de Villamarciel y de otros 11.838 euros de Villavieja del Cerro, procedentes del pago en metálico de varios servicios municipales. Los vecinos le pagaban el dinero correspondiente a las tasas de agua, alcantarillado y del servicio de basuras y la investigada «procedía a firmar una carta de pago o recibí en el espacio del interventor, sin especificar en ningún momento su nombre o función».

Posteriormente, a partir de mayo de 2018, el Ministerio Fiscal sostiene que la mujer comenzó a desviar fondos desde las cuentas de ambos municipios a otras dos de su titularidad. Para ello «rellenaba impresos con órdenes de transferencias» desde las cuentas de Villamarciel y Villavieja del Cerro «a sus cuentas propias». Para justificar dichas transferencias utilizaba conceptos como «pendiente de pago» o «abono» de supuestas facturas de Iberdrola.

El interventor, encargado de firmar para autorizar el movimiento bancario, desconocía que la cuenta de destino era de la investigada. A través de esta práctica la Fiscalía estima que obtuvo 76.114 euros de Villamarciel y 80.917 de Villavieja del Cerro. Las transferencias ordenadas a su favor se ejecutaron durante dos años y un mes, hasta que en junio de 2020 se detectó «la deplorable situación» en que se encontraban las cuentas de ambos ayuntamientos.

Además de la pena de cinco años de prisión, la acusación pública solicita una indemnización en concepto de Responsabilidad Civil de, al menos, 157.032 euros -76114 euros para Villamarciel y 80.917 euros para Villavieja del Cerro-, correspondiente con la cantidad desviada a su cuenta bancaria. La cuantía exacta se determinará a lo largo del procedimiento, a falta de precisar la cantidad sustraida en metálico, que la Fiscalía sitúa en 60.760 euros -48.922 euros de Villamarcial y 11.838 euros de Villavieja del Cerro-. El montante del que presuntamente se apropió la extrabajadora municipal ascendería a 214.000 euros, según las estimaciones de la Fiscalía.