Petición de cárcel por vertidos tóxicos en una factoría de Ólvega

Después de cinco años de investigación judicial, el próximo lunes arranca el juicio penal contra la empresa Distiller S.A. por unos vertidos procedentes del subsuelo de su factoría de tratamiento de residuos tóxicos al arroyo de Los Caños, tributario del río Val, en la localidad soriana de Ólvega. En el banquillo se sentará el representante legal de la empresa, al que la Fiscalía le acusa de delito «contra los recursos naturales y el medio ambiente».

El imputado ha tenido que depositar una fianza previa de 405.000 euros, que es el valor de los daños al medioambiente que el Ministerio Público ha apreciado, lo que da una idea de la gravedad de los hechos que se juzgan. El Código Penal contempla penas de hasta tres años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión durante dos años por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, previsto y penado en el artículo 325.1 y 2 del Código Penal en relación con el Dominio Público Hidráulico y los suelos

La acusación pública se fundamenta en que la empresa Distiller dispone de dos tuberías de vertido desde el subsuelo al arroyo Los Caños, que se deben considerar ilegales en tanto que contradicen la Autorización Ambiental Integrada y la normativa de aguas.

Además los análisis realizados por la Unidad Técnica de Sala Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado indicaron la presencia en el arroyo de los Caños de elevada concentración de metales pesados y compuestos orgánicos derivados del petróleo que tienen la consideración de sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulables. La Fiscalía considera que se ha realizado un vertido de residuos peligrosos que conllevan un riesgo significativo para la salud de las personas (volatilización de gases, afección a otros aprovechamientos) y para el medio ambiente.

En la vista oral se presentarán como pruebas documentos que demuestran que el suelo y agua subterránea dentro del recinto de esta planta presentan altas concentraciones de las sustancias que la relacionan con la contaminación detectada en su entorno próximo y en el arroyo.

A estos hechos hay que sumar otra serie de incidencias ambientales como son vertidos en el año 2012 y 2014, y dos incendios de residuos acumulados en la plataforma exterior de la empresa en diciembre de 2016 y agosto de 2017. También la emisión difusa de sustancias tóxicas a la atmósfera y la incorrecta gestión de los residuos según quedó demostrado en el expediente sancionador abierto por Junta de Castilla y León en 2018. Lo que no ha impedido que la Junta autorice una ampliación de la fábrica para implantar un proceso industrial de incineración que ha generado las protestas de los vecinos de Ólvega.

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