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rUBÉN V. JUSTO
Valladolid
Lunes, 18 de marzo 2019
David Alonso es el nuevo delegado provincial de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) y uno de los nueve que ejercen su actividad en Valladolid. Releva a Fernando Feliz, que ha dejado el cargo por motivos personales. El año 2018 –y parte del 2019– ... fue un año convulso para los examinadores, que tardaron ocho meses en recibir el complemento específico de 250 euros mensuales –repartidas en catorce mensualidades– aprobado en junio en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)
–A finales de febrero percibieron el complemento específico que llevan demandando desde 2017, ¿cómo interpreta Asextra esa noticia?
–Se valora positivamente porque es una reclamación que ya surgió en 2007, cuando lo propuso la Dirección General de Tráfico (DGT). Desde entonces, se fue alargando sin que se hiciera efectivo hasta que se hizo público en los PGE. Presupuestos que no se efectuaron por un error en la redacción de la ley y que se subsanó por decreto en diciembre de 2018.
–Peligrosidad, responsabilidad y especialización. Esos son los tres pilares sobre los que se sustenta el complemento específico.
–La responsabilidad es grande. El examinador decide quién es apto para conducir y quién no y eso tiene una repercusión en el tráfico diario. La especialización es la capacitación para valorar de forma objetiva, y que el resultado sea el mismo con independencia de quien sea el examinador. En cuanto a la peligrosidad, hay personas que se ponen violentas cuando reciben la noticia de que no han superado la prueba de conducción. También se pueden producir accidentes, aunque no revistan gravedad, como alcances por detrás o golpeos al bordillo, reventones o pinchazos.
–La nómina se percibió ocho meses después de que se anunciara en los Presupuestos Generales del Estado, ¿cómo se vivió desde dentro?
– Son meses de tensión en los que surgía la duda de si se iba cumplir lo que estaba establecido. La incertidumbre política planteaba la posibilidad de tener que empezar el proceso de cero.
–De hecho, se amenazó con realizar una huelga a nivel estatal
–Es verdad que en diciembre de 2018 hubo un día de huelga. Pero justo después se llegó a un acuerdo con el director de Tráfico para percibir los retrasos correspondientes y reunirse periodicamente con la Cecir.
–En Valladolid, ¿qué resultados podría tener una huelga como la que se realizó en 2017?
–Hay cerca de cien examenes al día. Sobre todo se verían afectados aquellos que necesitan el carnet para trabajar o para transladarse entre muncipios.
–El Cecir, órgano del Ministerio de Interior, abonó rápidamente el dinero en la nómina de los trabajadores de los Cuerpos de Seguridad del Estado.
–En una disposición adicional de la Ley de Presupuestos sí se autorizó aprobar esa partida para la Guardia civil y la Policía nacional, algo totalmente merecido porque es una profesión de alto riesgo. Pero no se incluyó en la disposición adicional a los examinadores.
–Unos meses antes, en septiembre, el director de la DGT, Pere Navarro, dijo que se percibiría la nómina a finales de octubre
–Sí, pero al no estar incluida en la disposición adicional, costes de personal no autorizaba esa variación
–En cuanto al futuro, ¿lo prevé en calma o agitado?
–El conflicto ya ha terminado. Hay una mejora tanto retributiva como profesional. Por una parte, por la subida del complemento específico. Por otra, la reducción de trece a doce pruebas por examinador al día para mejorar la calidad del servicio.
–¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta Asextra?
–El principal objetivo es dar el mejor servicio público posible. Tratar de que el control del examen se lleve a cabo con la máxima rigurosidad y que, por otra parte, la lista de espera sea menor. También optamos a que a nivel nacional se cubran las vacantes de las provincias más deficitarias puedan estar al día.
–¿Qué tal esas lista de espera en Valladolid?
–Están más o menos al día. Cuando hay más demanda, que es en verano, sí que se acumula la lista de espera.
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