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Ocho de los perjudicados por el 'cambiazo' de los ataúdes han solicitado este viernes al Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid que encargue un informe pericial que analice si las cenizas de sus seres queridos que se custodian en el cementerio de Santovenia «tienen ... en verdad restos humanos y no otra cosa». Los afectados que suscriben la petición forman parte de un colectivo de una treintena que están representados por los letrados Bárbara Royo y Miguel Becerro, del despacho Urraza Mendieta, quienes ejercen una de las acusaciones particulares en las diligencias que se siguen para esclarecer si cerca de 6.000 féretros destinados a la incineración, e incluso los arreglos florales, fueron sustituidos por otros de inferior calidad en la funeraria Parque El Salvador. Una práctica fraudulenta que se habría sucedido durante veinte años, según sostienen los investigadores policiales de la operación Ignis, que estalló el pasado mes de enero con una veintena de investigados y que ha llevado al fundador del imperio funerario, Ignacio Morchón, a la prisión de Villanubla. El empresario está en prisión provisional desde entonces, a la espera de que el Juzgado de el visto bueno a la tasación de los inmuebles con los que pagará la fianza de 800.000 euros, toda vez que la Audiencia de Valladolid ha considerado que ya no existe riesgo de fuga ni puede entorpecer la investigación. Dos de sus hijos, que también ingresaron en prisión al tiempo que su padre, Ignacio y Laura, están en libertad provisional tras abonar fianzas hipotecarias de 200.000 y 800.000 euros, respectivamente.
La acusación particular ha decidido solicitar ese análisis de las cenizas después de que el pasado 10 de mayo uno de los empleados veteranos de la funeraria declarara que las cenizas de los familiares eran entregadas en el mismo momento en el que finalizaban las incineraciones «dejando un margen de 15 minutos para que se enfriaran correctamente antes de que fueran entregadas a los familiares». Una declaración que contrasta con las manifestaciones realizadas por sus representados, explica Becerro, «quienes nos contaron que las cenizas las recibieron al día siguiente o días más tarde de las incineraciones de sus familiares». En concreto, dos de los perjudicados habrían recibido las cenizas cuatro días más tarde, «estando calientes en el momento de recibirlas».
Por ello, solicitan, al amparo del artículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que el Juzgado acuerde la realización de un informe pericial judicial, a realizar por un especialista, sobre las cenizas de los seres queridos de ocho de los perjudicados, y que llame a declarar como testigos a estos ocho perjudicados. Además, avanzó el letrado que el próximo lunes se va a solicitar a la sociedad funeraria investigada que aporte los certificados que supuestamente se entregaban a los familiares cuando recogían las cenizas de los finados.
Cuatro empleados en nómina de El Salvador han testificado este viernes ante la jueza instructora, y lo han hecho en el mismo sentido de los que han pasado por la sede judicial de Angustias los tres viernes anteriores. Ninguno de ellos vio que se realizaran prácticas extrañas en las instalaciones de la empresa de pompas fúnebres.
El Juzgado que investiga los supuestos delitos continuados de estafa y falsedad, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal ha llamado también a declarar en calidad de investigado, para mediados de mes, a Ignacio Morchón hijo, gerente de Parque El Salvador que tomó el relevo de su padre al frente del grupo empresarial funerario. El hijo varón fue el denunciante en 2017 del intento de chantaje de un exempleado ya jubilado, que fue el principio de toda la operación policial.
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