El Parque Tecnológico de Boecillo espera una solución para acabar con la falta de mantenimiento

El problema comenzó con un simple cambio de denominación jurídica. ADE Parques Tecnológicos y Empresariales (dentro de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León) pasó a integrarse en el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE). Era julio de 2017. Entonces se suscribió un contrato de mantenimiento de jardines del Parque Tecnológico para dos años, 2017 y 2018. El total del contrato era de 186.263,28 euros más IVA por los dos años, aunque se rubricó en el mes de junio.

El cambio de estatus jurídico del organismo de la Junta que gestiona los parques tecnológicos hacía imposible seguir con la misma fórmula de contratación, así que el ICE, vía Consejería de Hacienda, y el Ayuntamiento diseñaron un convenio en el que el ICE se arrogaba la representación de los empresarios del Parque Tecnológico. Parte de ellos, sin embargo, no estaban de acuerdo con el texto, ya que se les dejaba fuera de la toma de decisiones sobre las contrataciones de los servicios, por ejemplo.

El caso es que desde hace dos meses, según varias fuentes, nadie se ocupa de las labores de jardinería y mantenimiento en las zonas comunes del Parque. Las empresas que tienen parcela privada están obligadas a cuidarlas por su cuenta, por eso algunas de ellas aparecen con la hierba perfectamente segada. El aspecto de otros solares cuyos propietarios cerraron -caso de la que ocupaba Pevafersa- es, sin embargo, de abandono, y se agrava con lo descuidado del entorno en estos dos meses. Ahora, el ICE, el Ayuntamiento de Boecillo y los empresarios del Parque Tecnológico trabajan para firmar un nuevo convenio que, según fuentes consultadas por El Norte, puede ser cuestión de días. Eso permitiría retomar el cuidado de unas instalaciones que presentan un aspecto de semiabandono en algunas zonas.

Hay que destacar que, según los anexos del contrato de mantenimiento firmado en el año 2017, las zonas verdes comunes suman una gran área de actuación. Solo las parcelas que albergan edificios propiedad de la antigua Agencia de Desarrollo, más las que no están ocupadas o las zonas verdes públicas suman una superficie de 232.000 metros cuadrados -no toda es la superficie ajardinada-. Pero es que a ella había que sumar las parcelas que no tenían ocupación y que eran propiedad del organismo autonómico. En 2016, esas parcelas desocupadas sumaban 237.800 metros cuadrados más. Y aún había que añadir el sistema viario, con medianas ajardinadas o rotondas con césped, en algunos casos, los aparcamientos públicos, el perímetro... Las indicaciones del contrato eran, además, muy concisas. El césped debía cortarse a una altura de entre 3 y 5 centímetros, sin alcanzar nunca «una altura superior a 10 centímetros».

El convenio que se publicó en el Bocyl y no se firmó estipulaba que el Instituto para la Competitividad Empresarial sufragaría las partidas de jardines y limpieza de viales, alumbrado público, seguro y obras de mantenimiento de alumbrado y viales, por un monto de 424.710 euros anuales y con una vigencia de diez años. Mientras, el Ayuntamiento de Boecillo debía aportar 268.000 euros al año para hacerse cargo del agua potable, de riego y del saneamiento. Los empresarios, sin embargo, verían repercutidos los costes «de las obras, servicios y suministros que resulten necesarios para la conservación y mantenimiento de las dotaciones urbanísticas públicas que no correspondan al Ayuntamiento». Una repercusión que debía realizarse de acuerdo a la cuota de participación de cada parcela respecto al total.