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«Estoy un poco más aliviada, algo más contenta que estos días atrás que han sido de mucho nerviosismo y tristeza por pensar que igual no puedo volver a mi casa», explica Verónica Hernández, la joven de 23 años y madre de tres niños -de ... seis, cuatro y un año- que ha visto cómo finalmente este viernes no se ha hecho efectivo el desahucio de su vivienda de la calle Batuecas, en el Barrio España. El proceso de momento se encuentra paralizado y sin nueva fecha programada de lanzamiento, aunque Verónica se encontraba en la que considera su casa esta mañana. «Por si viene alguien que no piensen que no doy la cara», dice la joven mientras abre las ventanas para ventilar.
«Vengo casi todos los días aunque ya no tenga nada aquí (la casa está completamente de muebles y enseres) porque no quiero que entre nadie, así ya no podría recuperarla», señala. Unos adornos de Papá Noel en la ventana trasera de la vivienda y apenas un par de zapatos en el salón son lo único que queda en la casa de Batuecas, donde el pasado 27 de noviembre tuvo lugar el último amago de lanzamiento.
«En principio dieron una prórroga de diez días que daba tiempo a que la familia presentase la documentación necesaria para demostrar su vulnerabilidad (opción que ha sido denegada) pero el desahucio no se ha hecho efectivo porque no se ha enviado el aviso a ninguna de las partes implicadas, ni a Verónica ni a Abanca (propietaria del inmueble)», explica Daniel Martínez, uno de los miembros del Sindicato de la Vivienda de Valladolid, organización que está asesorando a esta familia.
Verónica no pudo acreditar su condición de familia vulnerable (hecho que paralizaría el procedimiento, al menos hasta fin de año por la prohibición impuesta por el Gobierno desde 2020). «Nos dijeron que ese documento solo es para las personas que tienen alquiler o hipoteca y no era nuestro caso», dice la joven que hace seis años pagó a los anteriores inquilinos y propietarios de la casa «unos 2.500 euros para poder vivir aquí» y así ha sido desde entonces. «Espero que el banco pueda darnos una solución que no sea la que ha mantenido hasta ahora, que es la de echarnos, acondicionarlo y luego venderlo», añade.
El Sindicato de la Vivienda de Valladolid está ejerciendo como mediador tanto con el Juzgado de Primera Instancia que lleva el caso como con la entidad financiera propietaria, Abanca. «Parece que no quieren hacernos un contrato de alquiler social y estamos luchando para ver si se puede llegar a una subrogación del contrato de alquiler para poder legalizarlo todo», comenta la joven, quien se compromete a dar de alta los suministros de luz y agua (hasta ahora enganchados de forma ilegal).
«Sé que si me echan de aquí, no va a pasar ni un día y van a ocupar la vivienda a saber para qué. Yo solo quiero llegar a un acuerdo, pagar un alquiler y poder estar en paz con los niños, que lo están pasando mal, sobre todo, el mayor que me dice que cuándo volveremos a casa».
Los enseres y muebles de la vivienda se encuentran, desde finales de noviembre, en el local de un vecino que le ha prestado ayuda, al igual que su suegra. «Allí nos estamos quedando estos días y nos vamos apañando como podemos, pero mantengo la esperanza de volver a mi casa», finaliza la joven que no quiere volver a pasar por una situación como la del pasado 27, durante el último amago de lanzamiento.
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Sofía Fernández
Por su parte, el Sindicato de la Vivienda reitera que «la solución está completamente en manos del banco para que esta familia se pueda quedar en su casa, porque pese a que el desahucio está suspendido, la situación de Verónica y su familia está lejos de estabilizarse», asegura Daniel Martínez, uno de los mediadores.
Verónica es consciente de que puede perder la que considera su casa. «Todavía nos queda mucho camino, lo sé pero tenemos que luchar». De hecho, durante las próximas semanas el Sindicato de la Vivienda tratará de negociar con la propiedad una solución que evite de forma definitiva el desahucio y que se repita una situación como la del pasado 27 de noviembre «cuando se desplegó un dispositivo policial absolutamente desproporcionado», dice Martínez en referencia a la veintena de agentes del cuerpo Nacional y Local que acordonaron la zona y cortaron el paso en la calle con varios vehículos policiales.
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