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S. Escribano
Lunes, 22 de octubre 2018, 22:26
Esteban García Miranda (Aspariegos, Zamora, 1960) es un hombre con un propósito en la vida. Albañil durante casi 40 años, desempleado desde hace siete y subsistiendo con 426 euros los seis últimos (430 desde el verano), con la Carta Europea de Derechos Sociales como ... argumento jurídico, la asistencia letrada de un abogado de oficio y el aliento de sus compañeros de Parados en Movimiento ha logrado que una magistrada de Valladolid reconozca en la sentencia de un pleito que puso contra la Junta (Administración competente en Servicios Sociales) que tiene derecho a que las prestaciones que recibe «superen en renta el umbral de la pobreza».
El INE sitúa en 710 euros al mes esa línea que separa vivir con estrecheces de malvivir y los índices europeos, en 663,4 cuando planteó el litigio. En esta última cifra fija su meta Esteban. Porque la Justicia le ha dado la razón en el fondo, pero el problema práctico es que no se establece cómo llegar a esa cuantía ni con qué prestaciones ni quién debe abonarlas.
La Carta Social Europea no es un escrito de buenas intenciones en España, según recoge el fallo. Aquí se suscribió el documento oficialmente y es de obligado cumplimiento al tener rango de tratado internacional. «Somos miles los que necesitamos que ese derecho a superar el umbral de pobreza se cumpla. Solo el año pasado hubo 26.000 personas en Castilla y León que solicitaron la ayuda energética», razona este zamorano afincado en Valladolid desde 2003.
Sabe de lo que habla. Desde abril se ducha con agua fría. Tuvo que afrontar una derrama en su comunidad de vecinos y lo hizo en parte con aportaciones de conocidos. «En marzo pedí que me cortaran el gas. Para devolverlo necesitaba dar otro tijeretazo», explica Esteban. Saca de una carpeta la última factura, del 10 de abril. Después, su vida laboral con el sello de la Seguridad Social. Tiene cotizados 39 años, 4 meses y 11 días. Empezó a trabajar con 14 años, aunque el verano de los 12 ya llevó un jornal a su casa cargando la cinta que alimentaba de barro el taller de una cerámica. «En 2009 empezó a fallar el trabajo y el último golpe fue en octubre de 2011», recuerda. Desde entonces, nada. Ni de albañil ni tampoco de carnicero, ayudante de cocina o conductor de vehículos especiales, oficios que ha aprendido estos años.
Esteban y sus compañeros de Parados en Movimiento comunicaron a los grupos políticos de las Cortes el contenido de la sentencia. Relata que se interesaron por ella PSOE, Podemos e IU y fue José Sarrión, procurador de IU, el que de manera acordada preguntó al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, cómo iban a cumplir el fallo. Esteban siguió el debate desde la tribuna de invitados. El dirigente autonómico respondió que la Renta Garantizada de Ciudadanía ha ido mejorando estos años, pero que cualquier ampliación debe ir acompañada de presupuesto y que el fallo instaba al ciudadano que había promovido el proceso a informarse y recurrir a subsidios de otras administraciones. «Vamos, respeto la sentencia, pero no te doy solución y solución tienen que dar, porque hay mucha gente sufriendo», resume el zamorano, que junto con sus compañeros fue conminado a abandonar la tribuna de invitados de las Cortes cuando uno de ellos recriminó con dureza y acaloramiento a Herrera su argumentación. «Abandonen la tribuna y no vuelvan», les espetó la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, tras reclamar, con insistencia y sin éxito, silencio.
La sentencia que le da la razón supone un avance para Esteban, pero vuelve a situarle ante el laberinto administrativo de subsidios como el que el cobra al ser mayor de 55 años que dependen del Gobierno central; prestaciones como la Renta Garantizada de Ciudadanía de la Junta que excluye complementar, entre otros, el subsidio que él percibe, y ayudas de emergencia que dependen del Ayuntamiento de Valladolid para cuestiones más puntuales.
Ha vuelto a la ventanilla administrativa de los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León con la sentencia y ha cosechado un resultado idéntico al que le llevó al juzgado. «He pedido a la Junta que me pongan por escrito lo que me han contestado de palabra, que no tengo derecho, y en el CEAS del Ayuntamiento me han dicho que esperan un informe jurídico para contestarme», relata Esteban García. ¿Decepcionado, desalentado, desilusionado al toparse tras el fallo con las mismas respuestas que le encaminaron al juzgado? No. Es un experto en encajar denegaciones. A las claras o más sibilinas, cuando los responsables públicos optan por no contestar. «Con el silencio administrativo buscan meterte miedo, que te acobardes o te aburras», precisa este desempleado de larga duración.
¿Se vive con 430 euros? «Al final, siempre llegas, ¿sigues vivo no?», responde Esteban García y va desgranando detalle de su día a día. Vive en un piso propio y todavía se resiente del pago de la última derrama de su comunidad. La calefacción era un lujo hace ya muchos años y desde primavera se añade a esta catalogación el agua caliente. Cortó el gas para ahorrar gastos. Su menú se define más por los ingredientes que faltan que por los que llegan a la mesa. «Fruta, cero; carne de vaca, nada desde hace unos dos años; y pollo, cada dos o tres meses», enumera Esteban García. ¿Y pescado? «Pues a veces intento engañarme echando una lata de sardinas a la ensalada», apunta, al tiempo que explica cómo la situación económica afecta a la vida social («evitas quedar con conocidos») o cómo debe esforzarse para no descuidarse. «Si te dejas llevar, empiezas a pensar que la camisa puede durar un día más o las sábanas una semana más para poner menos lavadoras y eso no puede ser», comenta. Ironías de la vida, Esteban, que creció en una familia en la que hacía más falta el pan que las letras, alimenta su interés por aprender con los libros de genética y física cuántica. «Hace unos meses que he empezado a entenderla», dice. Su mirada gana chispa cuando la conversación vira hacia la lectura. Es asiduo a las bibliotecas de Valladolid. Lugares con libros. Y encima tienen calefacción. Un lujo para Esteban.
«Si me contestan como si no, yo sigo adelante, no voy a dejarlo a no ser que me detenga una enfermedad o la Justicia», porfía Esteban. La próxima fecha clave para él es el 14 de noviembre. Ese día está señalado la vista en un juzgado de lo Social por la segunda demanda que presentó, en este caso contra el Servicio de Empleo Estatal (Sepes), que es el organismo que abona el subsidio que cobra. Su pagador.
Si Esteban fuera vasco o navarro, no le haría falta transmutarse en ese Quijote de los que sobreviven con ingresos tan precarios. Esas autonomías complementan los subsidios. «En Euskadi hasta los 750 euros», subraya el albañil desempleado, que inició este camino hace dos años: «Me gusta lo que no sé y voy a conferencias. Fui a una en la que hablaron de la Carta de Derechos Sociales de Europa y de que nadie debe vivir por debajo del umbral de la pobreza y vi una luz, una puerta de salida», insiste.
Lo que escuchó fue una revelación y en octubre de 2016 inició el camino que le ha llevado hasta la sentencia que guarda en su carpeta cuidadosamente y que recoge el derecho a recibir apoyo público que garantice una renta por encima del umbral de pobreza.
Un reciente estudio elaborado por CC OO Castilla y León estima que 373.573 ciudadanos de la comunidad, el 15,4% de la población, vive en riesgo de pobreza monetaria, es decir que sus ingresos no alcanzan los 8.522 euros al año, que es la renta que calcula el INE para fijar ese umbral. De ellos, alrededor de 111.000 son menores de 18 años. Y en 22.418 hogares se pasa frío en invierno. Sufren pobreza energética, según los datos oficiales que maneja el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. De todos ellos es el ariete Esteban. «No es ya lo que sufro yo, es que hay muchísima gente sufriendo», concluye.
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