La pandemia redujo un 20% las solicitudes de justicia gratuita en Valladolid en 2020

Las solicitudes de justicia gratuita del Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Valladolid (Icava) han descendido un 20% en 2020 a causa de la paralización de la Justicia durante los meses de marzo y junio por la crisis sanitaria de la covid.

De los 7.394 expedientes tramitados en 2019 se ha pasado a 5.961, una cifra que no se contabilizaba desde 2008 (5.918). Los asuntos que han experimentado una mayor bajada en el último año han sido los de extranjería (41%) y los de contencioso administrativo (35%), debido al menor número de órdenes de expulsión tramitadas, según ha informado el Colegio a través de un comunicado.

En cambio, el trabajo adelantado por los abogados de oficio durante el confinamiento ha logrado frenar la caída de los asuntos civiles hasta el ocho por ciento. En cuanto a violencia de género, las solicitudes han descendido un 17%, mientras que en 2019 el Icava recibió 708 peticiones, el año pasado tan sólo registraron 589.

Los expedientes civiles han sido los que menos han descendido, un ocho por ciento, al pasar de 1.719 en 2019 a 1.584 en 2020. El trabajo adelantado por los abogados durante el confinamiento ha repercutido en la frenada del descenso de este tipo de solicitudes, según las mismas fuentes. Según el Icava, la bajada del 17% en las peticiones de violencia de género obedece a la caída del número de agresiones cometidas durante el confinamiento.

Los letrados del turno gestionaron durante los meses del confinamiento (del 15 de marzo al 21 de junio) cerca de 200 asistencias (70 de violencia de género); una cifra mucho menor que la del mismo periodo de 2019, donde se registraron 859 asistencias a víctimas y detenidos. Los abogados de oficio de Valladolid atendieron durante el aislamiento domiciliario, del 15 de marzo al 21 de junio de 2020, a 200 víctimas y detenidos frente a las 859 de 2019.

El descenso en la tramitación de asuntos del Turno de Oficio del Icava ha generado importantes pérdidas económicas para los letrados que atienden este servicio y que se suman a las generadas por el parón de la Justicia.

El Turno de Oficio de Valladolid cuenta con 505 abogados inscritos que afrontaron 5.961 asuntos en 2020. Por jurisdicciones, más del 64 por ciento de las tramitaciones pertenece a la Penal (3.794), el 27 a la Civil (1.584), el cuatro a la Social (220), el tres a la Contencioso Administrativa (202) y el dos por ciento a la de Extranjería (116). En cuanto a las solicitudes de mujeres víctimas de violencia de género representan un diez por ciento del total.

De los 1.322 abogados del ICAVA, el 38% (505) está inscrito en el turno de oficio, una cifra muy superior a la media nacional, un 32%. Un año más, este servicio lo forman en Valladolid más hombres que mujeres, un 55 frente a un 45%. En 2020, la retribución media que percibió el abogado del turno de oficio por expediente no llegó a los 144 euros, incluyendo la atención 24 horas al día, 365 días al año.

La ciudadanía destaca la «rapidez» y «eficiencia» en la concesión del derecho de justicia gratuita, la «atención» de los letrados del turno de oficio y la «gestión» de este servicio por los colegios de abogados, según la encuesta 'Imagen de la Justicia Gratuita en la Sociedad Española', elaborada por Metroscopia para el 'XI Informe del Observatorio de Justicia Gratuita Abogacía Española-LA LEY'.

El mayor porcentaje de opiniones positivas (82%) se da entre los usuarios del turno de oficio, el 95 de los españoles considera que este servicio «debe ser abonado por el Estado» y que «la prestación ha de tener carácter permanente». Asimismo, el 75% opina que el servicio es de «gran calidad y eficacia» y el 72% resalta la «labor de asesoramiento de los colegios profesionales».

El 65% de los encuestados se mostró partidario de que «el control y supervisión del turno de oficio la continúen ejerciendo profesionales libres e independientes bajo la tutela y protección de los colegios de abogados».

Pero si en algo han coincidido las opiniones de los españoles es en que «toda persona que carezca de medios económicos tiene el derecho a disponer de un abogado sin coste económico alguno», un extremo que sostuvo el 98 por ciento de los encuestados.