Los padres de la bebé grabada en un vídeo porno en Valladolid se enfrentan a 14 años de prisión

Además, la calificación provisional de los hechos por parte de la Fiscalía de Valladolid considera «procedente» acordar la prohibición de aproximarse a la víctima y a su domicilio en un radio de 500 metros y comunicarse con ella «por cualquier medio o procedimiento» por un tiempo de 19 años.

El ministerio público interesa asimismo que se imponga la medida de libertad vigilada durante cinco años tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad, además de la participación en programas formativos en educación sexual. A los padres de la menor también se les pide la inhabilitación especial para empleo, cargo público o el ejercicio de cualquier oficio o profesión que pueda estar relacionada con menores de edad durante 19 años y se pide al tribunal que se les retire la patria potestad.

En la petición de condena se contempla que se indemnice a la niña «a través de su representante legal», de manera conjunta directa y solidaria por los daños morales causados en la cuantía de 20.000 euros. Se contempla una indemnización para el Sacyl por la asistencia prestada a la víctima de 4.018 euros.

En la petición de la Fiscalía también se solicita que se destruyan las tarjetas de memoria del teléfono en el que se grabó el video pornográfico que es la principal prueba que se esgrimirá en el juicio contra la pareja.

Las alarmas saltaron cuando la bebé ingresó con trazas de intoxicación por cocaína en el Clínico, tan solo una semana más tarde de que la niña Sara muriera en el hospital víctima de malos tratos continuados, agresión sexual y, según las acusaciones, de la última paliza recibida. En ese contexto de gran conmoción social se abrieron en agosto de 2017 dos procedimientos judiciales distintos por el cruce de denuncias entre la expareja, aunque, ambos, con los mismos protagonistas: N. R. G., de 26 años y sin antecedentes, y D. V. C., de 32 y con seis antecedentes, ambos vecinos de la capital vallisoletana y padres de la bebé que dio positivo alto en sustancias tóxicas. La droga fue detectada en el organismo de la pequeña cuando se le realizaron una serie de pruebas en el Clínico, mientras sus progenitores eran detenidos por la Policía Nacional en medio de acusaciones mutuas de abusos a la menor y violencia de género.

Desde el día después, la pequeña permaneció por orden del juez bajo la guarda y custodia provisional de la Junta y estuvo ingresada en planta en el Clínico, acompañada por la abuela materna y bajo una discreta custodia policial. Posteriormente, la Gerencia de Servicios Sociales determinó poner a la pequeña en manos de una familia de acogida. La niña pudo haber ingerido la droga que se detectó durante las pruebas toxicológicas de manera accidental y fueron los abuelos de la pequeña quienes llevaron a su nieta a que la viera un médico, mientras los padres estaban enzarzados en un cruce de denuncias en la que se estaría utilizando la custodia de la menor como arma arrojadiza en el proceso de separación.

Cómo llegó la cocaína al organismo de la pequeña no es objeto de este procedimiento, subrayan fuentes judiciales, sino que está relacionado con la grabación en la que aparecen madre e hija y que dio pie a las diligencias que han desembocado en el sumario que verá la Audiencia y por el que se sentarán en el banquillo los progenitores de la niña.

Esta grabación de video fue entregada a la Policía por el padre para incriminar a su expareja en el marco de una complicada separación, aunque poco después se arrepintió porque podía también incriminarle a él y trató de recuperar la prueba que había puesto el mismo en manos de la Policía, lo que no consiguió. Mientras que el joven acusó a la madre de abusos sexuales, esta le denunció a él por violencia de género. El vídeo, grabado con un teléfono móvil, es la principal prueba de cargo que, junto con las declaraciones contradictorias realizadas por los detenidos respecto de la grabación, llevó al titular del Juzgado de Instrucción 1 de Valladolid a decretar el 11 de agosto de 2017 el ingreso en prisión preventiva, comunicada y sin fianza de ambos.

En el transcurso de las diligencias, con el posterior análisis del vídeo, que habría sido grabado unos meses antes, cuando la pareja todavía convivía, habría puesto de manifiesto la participación voluntaria de ambos progenitores. La madre acusó a su expareja de haberla obligado a grabar el vídeo de contenido sexual con la bebé y declaró que había consentido en hacerlo por miedo a que él la maltratase.

Se da la circunstancia de que el juicio con jurado de la niña Sara también se estará celebrando en la Audiencia, aunque este está ya en su tramo final, pues el magistrado presidente entregará el objeto del veredicto al jurado para que entre a deliberar a mitad de la semana.