Valladolid

Los padres acusados de maltratar a sus bebés lloran ante el juez: «Jamás les hicimos daño»

No explicaron cómo los niños se hicieron unas graves lesiones de las que ellos, aseguran, no se percataron «porque no lloraban» aunque han apuntado que las del mayor pudieron producirse en un parto difícil y, las del menor, ya en España, a un atrapamiento entre el somier y la cuna. Han subrayado que fueron ellos los que decidieron llevar al mayor al médico «porque no caminaba y estaba muy retrasado para su edad».

La defensa ha solicitado para los progenitores la libre absolución o, en el caso de que el magistrado entendiera que son culpables, y de manera subsidiaria, que se les castigue por un delito de lesiones por imprudencia. También ha pedido que se tenga en cuenta en la sentencia las dilaciones indebidas de un procedimiento que se remonta a cuatro años y medio atrás, con un juicio que se ha suspendido hasta en tres ocasiones.

En este tiempo, los acusados, que no han vuelto a ver a sus dos hijos mayores pues tienen retirada la custodia, han tenido dos niñas y un niño, de tres, dos y ocho meses. A raíz de perder a los otros dos, ha indicado la madre, «a éstos los cuidamos en extremo, porque estamos traumatizados. ¡No saben lo que es para una madre no poder recordar la carita de su hijo pequeño, porque me lo quitaron con dos meses!», ha sollozado.

La acusación pública ha sustentado la imputación de varios delitos de maltrato y maltrato continuado en las declaraciones de las doctoras que atendieron a los niños y que, al comprobar las deformidades y fracturas de huesos de distinta data que presentaban, además de la desnutrición, pusieron en marcha el protocolo de maltrato. La médica de atención primaria que fue la primera en atender al hijo mayor aseguró que se encontró con unos padres «muy jóvenes, muy perdidos y sobrepasados, con un bebé que tenía muchos problemas y con otro en camino».

También la doctora que activó el protocolo de maltrato subrayó que tras ver las fracturas que mostraban las radiografías del niño mayor, lo primero que hizo fue «examinar» al bebé más pequeño, que su madre llevaba en el carrito. A partir de ahí, los niños se quedaron ingresados en el Clínico y pasaron a la tutela de la Gerencia de Servicios Sociales.

«Cualquier médico y cualquier persona hubiera visto las lesiones de los niños», declaró uno de los dos peritos forenses. «Los abultamientos de las rodillas eran llamativos». Para los doctores, el niño mayor no caminaba por las fracturas de las rodillas y el menor tenía, entre otras lesiones, una rotura de clavícula que le impedía mover el brazo, además de las fracturas de las costillas. A día de hoy, han declarado, el pequeño ha recuperado la movilidad completamente y no presenta secuelas, y el mayor estaba a expensas de una operación que mejorara su caminar.

Para la fiscal, los acusados no solo no han ejercido «su deber como padres» en la protección de sus hijos, sino que han maltratado a sus dos hijos cuando tan solo eran unos bebés, «causándoles graves lesiones y deformidades». Los niños están bajo la tutela de los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León desde 2019, cuando se les declaró en desamparo y, tras pasar durante un tiempo por un centro residencial, viven con una familia de acogida.

Over Alexander y Mariana, de 33 y 25 años, llegaron con su primer bebé desde su país de origen a Madrid el 25 de diciembre de 2018 a través de un programa de protección a los refugiados de Cruz Roja. El 13 de marzo de 2019, cuando ella ya estaba en avanzado estado de gestación de su segundo hijo fueron trasladados a Valladolid, donde establecieron su residencia, primero en un albergue de la organización y después en un piso compartido con otras familias en el Paseo Juan Carlos I. De su relación sentimental nacieron sus dos hijos. El mayor, que tenía un año cuando llegaron a España; y el pequeño, que vino al mundo en Valladolid el 25 de marzo de 2019.

Destaca la Fiscalía que, a pesar de que la condición de refugiados de la pareja les permitía recibir la asistencia sanitaria precisa para sus hijos, eran escasas las citas médicas a las que acudieron a pesar de la insistencia de las pediatras, a lo que la pareja opuso en el juicio que ello obedeció a que no les llegaron todas las notificaciones «por la mudanza y el parto».

El hijo mayor de la pareja, que cuando ingresó en el hospital el 23 de mayo de 2019 tenía tan solo 14 meses, presentaba además de la malnutrición y el retraso psicomotor seis fracturas en fémures, tibias y húmeros «en distintos estadios evolutivos». Como secuelas, le han quedado al niño el acortamiento de la extremidad izquierda (disemetría) y una angulación del fémur izquierdo «en varo».

El otro bebé tenía dos meses. Los médicos que le examinaron comprobaron que presentaba una hemorragia conjuntival en el ojo izquierdo, tenía la clavícula izquierda fracturada, un callo de fractura en una costilla izquierda y rotura de una costilla derecha además de una hipotonía generalizada, con escasa movilidad de las extremidades y nula movilidad del brazo izquierdo. Estas lesiones necesitaron de curación y estabilización, con 15 días de perjuicio básico, 42 días de perjuicio moderado y dos días de perjuicio grave, en términos forenses.

Estos daños fueron, según la fiscal, ocasionados por sus padres y las fracturas de los pequeños no se produjeron porque tuvieran «huesos de cristal». Los facultativos que atendieron a los menores han descartado que sufrieran osteogénesis imperfecta, un trastorno genético en el cual los huesos se rompen con facilidad sin una causa aparente.

La acusación atribuye a los padres de los pequeños la autoría de seis delitos de lesiones sobre el niño mayor y tres delitos de lesiones sobre el pequeño, además de imputarles un delito de maltrato habitual. En estos delitos concurre la circunstancia agravante de parentesco. Por cada uno de los delitos de lesiones pide cinco años de prisión y dos por el delito de maltrato habitual. Además de estos 47 años de cárcel para cada uno de los progenitores, solicita que se les prohíba aproximarse a sus hijos, su domicilio y centro de estudios a una distancia inferior a 500 metros durante 13 años, además de vetarles la comunicación con ellos por cualquier medio durante 13 años y la privación del derecho a tener y llevar armas durante el mismo tiempo.

Respecto de la responsabilidad civil, se pide que se les imponga a los acusados una indemnización conjunta y solidaria para los menores de 4.310 euros al más pequeño por las lesiones y para su hermano mayor, 18.240 euros. Además se contempla una indemnización por los daños morales ocasionados a ambos niños de 10.000 euros.