
Los protocolos de la centros penitenciarios permitirán que Ignacio Morchón y su hijo, también Ignacio, compartan celda durante el tiempo que ambos permanezcan en prisión. Cabe recordar que la jueza del Juzgado de Instrucción Número 6 de Valladolid decretó prisión comunicada sin fianza para el dueño del Grupo El Salvador, mientras que su hijo tiene la opción de eludir la cárcel, aunque con cargos, previo pago de 800.000 euros de fianza.
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Ambos fueron conducidos a prisión tras prestar declaración, junto al resto de detenidos en la operación Ignis, el pasado viernes por la noche. Al llegar al centro penitenciario en fin de semana los reos quedan recluidos, de modo provisional, en el módulo de ingreso hasta que llega el lunes.
En este caso el médico es el primero en tomar contacto con los recién llegados, mientras que las entrevistas con el resto de los profesionales de la cárcel se pospone al lunes. Así, ayer ambos fueron entrevistados por el psicólogo y el trabajador social, aunque también pueden tener encuentros con otros profesionales del centro penitenciario, como el educador. Tras la evaluación se decide en qué módulo deben ingresar. En el caso de los responsables de Grupo El Salvador, el condicionante más relevante es el de la ausencia de antecedentes, que permite que ambos sean recluidos en el módulo «de primarios», que es en el que se encuentran las personas en similar situación. Están separados de los reincidentes, según especifica el Ministerio del Interior.
En el caso de Ignacio Morchón padre, que supera los 70 años, tampoco la edad tiene influencia a la hora de decidir dónde queda ingresado «salvo que padezca alguna patología», señalan fuentes penitenciarias.
El único beneficio que pueden tener durante este tiempo, añaden, es que «si son padre e hijo generalmente, salvo por alguna peculiaridad, se les pone juntos».
Tanto la mujer del dueño como su hija quedaron en libertad junto al resto de detenidos en la operación Ignis. En total, 13 de los 15 arrestados el jueves pudieron pernoctar en sus domicilios el viernes. Eso sí, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León aclaró, en la nota en la que comunicó esta decisión, que conforme se pueda esclarecer «la participación de cada uno de los investigados en los hechos» se concretarán «los posibles delitos» que les pueden ser imputados.
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Aunque en un principio se habló de estafa, al concluir los registros y los interrogatorios se matizó que en la causa se les imputan los «delitos continuados de falsedad y estafa, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal».
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