Óscar Puente renueva su contrato

Siete papeletas ha podido depositar cada vallisoletano este año en las urnas electorales. Ha sido un no parar de votaciones, lo que equivale a decir que ha sido un carrusel de cambios políticos, con todo lo que eso conlleva: tensiones internas, choques con los presuntos aliados, disputas por encontrar acomodo cuando el cargo decae por falta de apoyo ciudadano. En términos municipales, el ganador ha sido el socialista Óscar Puente, que ha renovado contrato como alcalde de su ciudad por otros cuatro años. Lo ha hecho, además, tras absorber parte del voto de su socio, Toma la Palabra, que perdió un edil, y de Podemos, que ha desaparecido del escenario político en Valladolid a todos los niveles: cero procuradores en las Cortes de Castilla y León, cero diputados en el Congreso, cero senadores y cero concejales en la capital.

El triunfo socialista trajo algunas consecuencias relevantes.

Primero, azuzó los roces entre el PSOE y VTLP. Puente podía escoger como socios a los de Saravia o a Ciudadanos, ya sin su antagonista Pilar Vicente en el Salón de Plenos y con tres concejales nuevos en la formación naranja que hacían posible el pacto. Aprovechó esa ventaja estratégica para reacomodar el Ayuntamiento a capricho. VTLP se vio obligado, para no quedarse fuera, a aceptar una reorganización de las áreas en las que perdía poder en favor de los ediles socialistas. Por el camino perdió a Antonio Gato, concejal de Hacienda, que se vio involucrado en un juicio por no abstenerse en la contratación de su cuñada, de lo que fue posteriormente absuelto. Tras la sentencia, Gato pasó a ser nombrado director general de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

En segundo lugar, el triunfo socialista en Valladolid y en Castilla y León –aunque finalmente sin Gobierno regional para los de Tudanca– desató la guerra interna de un PP que perdió cuota de poder a nivel autonómico. Las heridas cerradas en falso tras el enfrentamiento provincial entre Jesús Julio Carnero y Borja García y el apoyo de Carnero a Soraya Sáez de Santamaría se reabrieron. Jesús JulioCarnero acabó por dejar la bancada popular en el Consistorio tras ser designado consejero de Agricultura, después de unas negociaciones durísimas con enviados del partido desde Madrid para que renunciara a la Diputación Provincial, algo que no entraba en sus planes.

El Salón de Plenos completó su renovación con la ausencia de Sí se Puede, el crecimiento de Ciudadanos y la llegada de Vox con un concejal. La edil socialista Carmen Jiménez Borja se convirtió en la primera persona de etnia gitana con cargo de concejal; Charo Chávez cambió el asiento de Sí se Puede por el del PSOE; y dos exconsejeros de laJunta son ahora las cabezas visibles de la oposición, José Antonio De Santiago-Juárez y Pilar del Olmo.

El sueldo de los concejales recuperó vigor después de los recortes de mandatos previos –se bajaron en el año 2008–. Se aumentaron los sueldos políticos en medio millón de euros anuales con el visto bueno de PSOE, PP y Vox y las reticencias de Ciudadanos, que pretendía dejarlos como estaban, y VTLP, que quería rebajarlos más.

En ese Salón de Plenos se habló de un tema que hasta este año no había aparecido en la agenda ciudadana: la soledad no deseada. Cifras, propuestas, mociones y debate para concluir que es un asunto complejo que amenaza con empeorar. El cambio en el modelo familiar, la emigración de muchas personas por motivos profesionales y el envejecimiento de la población, con la ineludible aparición de patologías crónicas, desemboca en casos como el de María. Los Bomberos acudieron dos veces a su casa y en ambas tuvieron que forzar la puerta para entrar. La mujer, de 95 años, tiene la costumbre de «echar el pestillo». En este caso hubo suerte. Pudo pulsar el botón de teleasistencia. En otra veintena de casos, sin embargo, Policía yBomberos se han encontrado los cuerpos sin vida de personas que fallecieron solas en sus casas sin que nadie reparara en ello hasta días después.

Los tribunales marcaron la actualidad en Valladolid. El caso más llamativo comenzó con el registro en el mes de enero de las sedes del Grupo El Salvador por un presunto fraude en la venta de ataúdes. Una operación, llamada 'Ignis', que comenzó con la detención de Ignacio Morchón, fundador de la compañía, y dos de sus hijos, Ignacio y Laura, que pudieron salir de prisión tras abonar unas fianzas de 800.000 y 200.000 euros, respectivamente. El cálculo de los investigadores era de 6.000 féretros 'cambiados' en 20 años y el punto que detonó la investigación fue el chantaje de un exempleado a la familia unos años antes. Chantaje por el que fue condenado. «Estamos viviendo una película de Hitchcock, esto es una pesadilla», contaba Ignacio Morchón Vaquero, el hijo del fundador del grupo, a El Norte tras salir bajo fianza.

Este año se conocieron las sentencias de casos que conmocionaron a Valladolid en años anteriores. Así, el del asesinato de la niña Sara (ocurrido en 2017) se cerró en dos fases. En la primera, la madre de la menor, Davinia Muñoz, fue condenada a 25 años de prisión como autora «por omisión» del crimen de su hija pequeña, mientras que su exnovio, maltratador, violador y asesino, Roberto Hernández, fue castigado con la prisión permanente revisable. El Tribunal Superior de Justicia rebajó la pena a la madre al entender que la sentencia del tribunal del jurado le había «sobrepenalizado»: una vez por la alevosía (circunstancia agravante que transforma el homicidio en asesinato) y otra, porque la víctima era menor de 16 años.

Dos de los miembros más destacados de la historia negra de Valladolid, Pedro Luis Gallego y Valentín Tejero, reincidentes en sus agresiones sexuales tras salir de la cárcel por la aplicación de la doctrina Parot, volvieron a pisar un tribunal y a ser condenados. En el caso de Valentín Tejero, se consideró probado que había realizado tocamientos a una menor, nieta de unos conocidos, en Nochebuena de 2016, por lo que se le impuso una condena de cuatro años y un día que se cumplirá en noviembre de 2021. Ese día volverá a estar libre el asesino de Olga Sangrador (1992). Pedro Luis Gallego, el violador del ascensor, fue mucho más lejos en sus delitos al salir de prisión. La condena, en su caso, es de 97 años y 8 meses de cárcel por las agresiones a cuatro chicas, una de ellas menor, registradas en 2016 y 2017 entre Madrid y Segovia. Podría volver a salir de la cárcel dentro de 22 años, cuando tenga 82, y permanecería en libertad vigilada otros diez más, hasta los 92, si llega el caso.

Mónica, una de sus víctimas, contaba en El Norte poco después de conocerse la sentencia cómo aquella violación condicionó toda su vida hasta el día de hoy, y el temor revivido cuando conoció que quedaba libre en noviembre de 2013. «El violador del ascensor pasó antes su condena que yo, que tengo cadena perpetua», decía.

Otro caso del pasado recogió al fin su sentencia en este 2019. Miguel Ángel L. G., 'Terre', fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia a 15 años por el asesinato del amante de su esposa, José Manuel G., en Medina del Campo a finales de 2017. EL TSJ elevaba así la pena impuesta por la Audiencia de Valladolid, decisión ante la que los defensores de 'Terre' han presentado un recurso en el Supremo.

Los tribunales también tuvieron trabajo con los rescoldos del llamado caso PGOU, que tras una instrucción de 11 años concluyó con penas para la que era la cúpula de la Concejalía de Urbanismo en el año 2003, bajo el mandato de Francisco Javier Léon de la Riva. El edil delegado de Urbanismo entonces, José Antonio García de Coca, fue quien cargó con la condena más relevante. Se le consideró autor de un delito de falsedad en documento oficial en concurso medial con dos delitos de prevaricación urbanística a dos años de prisión, dos de inhabilitación especial para el desempeño del cargo de concejal y seis meses de multa. Junto a él, arquitecto municipal Luis Álvarez Aller y el responsable del área, Modesto Mezquita Gervás, con penas de un año y tres meses de prisión y cuatro meses y quince días de multa por los delitos de falsificación documental en concurso con dos delitos de prevaricación urbanística. El tribunal, en cambio, los absolvió del delito de tráfico de influencias, igualándolos a los particulares beneficiarios de los pelotazos, que quedaron fuera del procedimiento por prescripción de los delitos.

El otro gran caso de corrupción en el Ayuntamiento de Valladolid, conocido como 'caso Samaniego', también se cerró con condenas para los principales implicados. La Audiencia de Valladolid castió al exjefe de mantenimiento del Ayuntamiento, Luis Alberto Samaniego, a siete años y nueve meses de prisión por cobrar trabajos con facturas ficticias y sobrecostes a través de una red de empresas gestionadas por él y sus familiares. También condenó a cuatro años y nueve meses a su primo; a dos años a su hijo, y a otros dos, al administrador de las sociedades implicadas.

Por los tribunales deberán pasar, si finalmente se les captura, los integrantes de la banda del BMW, que han protagonizado los sucesos más descarados y continuados durante 2019. En uno de ellos, a principios de diciembre, las cámaras de un establecimiento grabaron la parsimonia con la que cinco encapuchados reventaban la oficina de un supermercado de Santovenia para salir, al final, con un pírrico botín: una colonia de diez euros.

En la crónica de sucesos destaca, por ejemplo, la detención de un pedófilo de Delicias que 'aconsejaba' a otros padres sobre cómo violar a sus propias hijas.

Además, un joven vallisoletano de 26 años, David Martínez, falleció en Londres, donde residía, acuchillado. El acusado del homicidio es el hijo de la casera del piso donde vivía David. El juicio tuvo que aplazarse para solicitar nuevas pruebas psiquiátricas al acusado.

Otro de los casos que han pasado por los tribunales, el de César F. M. acusado de matar a su madre en Parquesol, en 2018, se solventó a finales de diciembre cuando el jurado le encontró culpable de asesinato. Se enfrenta a una condena que puede llegar a los 20 años de cárcel.

En el terreno se la seguridad laboral también fue un año luctuoso. A finales de septiembre, dos hombres fallecían al caer a la fosa séptica de la fábrica de piensos de Progatecsa, en la capital. Roberto Parra, de 48 años, y Arturo Porras, de 58 años, perecieron al caer uno de ellos, Roberto, por causas que se desconocen e intentar Arturo rescatarlo. Otro hombre, Marcial Ajo de la Calle, de 36 años, falleció por un golpe de calor mientras trabajaba en la fábrica de Lingotes Especiales, en el mes de agosto.

En diciembre, poco más de un año después del asesinato de una mujer en la Plaza Circular, fueron arrestadas cuatro personas, aunque a día de hoy aún se desconocen los motivos por los que asaltaron el piso de María Aguña, que fue encontrada muerta y amordazada.

Ha sido un año particularmente seco en Valladolid, con la excepción de un mes de noviembre en el que llovió en 25 de sus 30 días. De récord. De hecho, iguala el récord absoluto de días de lluvia en un mes, que hasta ahora ostentaba el mes de diciembre de 1989. Con todo, el primer semestre sin apenas agua dejó un déficit hidrológico difícil de recuperar en los segundos seis meses: 321,8 litros, cuando lo habitual serían 380 en los primeros once meses. Y eso que por el camino cayó una tromba de agua que anegó el centro de la capital. Fue la noche del 17 de septiembre, cuando Valladolid sufrió la mayor tromba de su historia desde que hay registros. Cayeron 37 litros por metro cuadrado en apenas dos horas y cuarto, entre las 21:10 y las 23:25, pero lo verdaderamente dañino fueron los 20 litros que se concentraron en los primeros diez minutos. Platerías, Mantería y paseo de Zorrilla se llevaron la peor parte, con multitud de comercios inundados.

Los barrios de Valladolid volvieron a dejar patentes sus reivindicaciones, que en algunos casos vienen de lejos, pero se reavivan cada cierto tiempo. Es el caso de Pajarillos, inmerso en un proyecto educativo tan ejemplar que el alcalde, Óscar Puente, quiso mostrárselo en primera persona al presidente Pedro Sánchez, aunque eso le costara tener que apaciguar los ánimos de algunos vecinos que aprovecharon la circunstancia para manifestarse. Porque, asegura, el narcotráfico vuelve a hacerse fuerte en determinadas zonas del barrio y no quieren permitir que lo que se presenta como un 'repunte' se convierta de nuevo en una epidemia.

Como la que, a juicio de los vecinos de la Rondilla, forman las casas de apuestas. La asociación vecinal ha iniciado una lucha para pedir que se limiten y se impida su ubicación cerca de centros escolares. En Delicias, la petición de reabrir el centro de especialidades médicas se sometió incluso a un referéndum informal entre los vecinos. Ganó el sí de forma abrumadora, claro, aunque a corto plazo parece muy complicado que puedan lograrlo. De momento, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, se comprometió a «estudiar y a valorar» la situación del clausurado centro de especialidades.

El año, a falta de Gordo lotero, se cerró con espectáculo gratuito en las riberas del Pisuerga. El río alcanzó los 1.220 metros cúbicos por segundo al paso por la capital y anegó las Moreras, incluidas las pistas deportivas y el aparcamiento. Afortunadamente, la Confederación Hidrográfica del Duero no tuvo que realizar desembalses extraordinarios y la crecida no fue a más, por lo que se evitó que los daños fueran más cuantiosos. El viento hizo de las suyas al mismo tiempo y se llevó por delante unos ochenta árboles en Valladolid, además de un símbolo de Peñafiel como el pino Macareno, derribado por las fuertes rachas.

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