Ordenan la búsqueda internacional de un investigado por el crimen de la mujer de 73 años de la plaza Circular

La orden se produce después de que los agentes hayan tratado de localizar y arrestar a este varón, al que según las declaraciones de otros cuatros procesados se vincula con el asalto al piso en el que residía la mujer, con el objetivo de apoderarse del dinero y las joyas que tenía en una caja fuerte.

Pero el secuestro de María no salió bien y huyeron dejándola maniatada, lo que provocó su fallecimiento por «sofocación», según la autopsia.

Al contrario que otros cuatro compatriotas suyos, G. E. K. no fue detenido por el Grupo de Homicidios en la madrugada del 8 de diciembre, ya que se encontraba fuera de España.

Fuentes relacionadas con este caso indicaron que no ha podido ser localizado por los agentes, «al encontrarse en ignorado paradero», pero se tiene constancia de que estuvo en Valladolid durante los días en los que se preparó y ejecutó el asalto al primer piso donde residía la mujer. La Policía mantiene en su atestado que este hombre formaba parte del grupo criminal que consumó la entrada en el edificio número 9 de la Circular, simulando que iban a entregar un paquete de Correos.

La orden de búsqueda decretada incluye países de la UE como Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Eslovaquia y su país de origen.

Los agentes, que realizaron intervenciones telefónicas por orden judicial, fueron atando cabos de los vínculos de este grupo de búlgaros. A ellos se sumaría el español y dentista, R. A. R., con un local situado en el barrio de Pajarillos, y al que se considera el principal muñidor del robo en busca del dinero y las joyas.

Al parecer, este profesional de la odontología tenía como cliente al único hijo varón de María Aguña, J. A., que se dedicaba a la compraventa de ganado a través de una mercantil constituida en 2013, y con sede en la capital vallisoletana. También alguno de los ciudadanos búlgaros habría acudido a la clínica.

Por estos hechos, en la cárcel de Villanubla se encuentran en prisión provisional tres ciudadanos búlgaros y el español. Un quinto hombre, detenido en diciembre, fue puesto en libertad.

Fuentes del caso indicaron que no está resuelto del todo por qué motivos este vallisoletano se sumó al grupo puesto, ya que, inicialmente, no atravesaba un mal momento económico.

Durante el puente de la Inmaculada, los agentes efectuaron registros en Valdestillas, Campaspero y Valladolid, en busca de nuevas pruebas. Ya en los interrogatorios, uno de los arrestados confesó su participación, pero sin haber estado en el interior de la vivienda, donde dejaron a la víctima atada. Y a partir de ahí el caso se desenmarañó con análisis en redes sociales y teléfonos.

En la caja fuerte se localizaron 224.000 euros en efectivo y otros 75.000 más en otra zona de la casa.

El hijo de María declaró a la Policía que días antes la caja tenía unos 500.000 euros, parte de ellos de su propiedad. Todo este dinero está depositado en una cuenta judicial.

La Agencia Tributaria ha pedido el embargo de parte de esta cantidad, por las deudas contraídas por el hijoque superan el millón de euros. Y lo solicitó después de conocerse en la investigación que ese importe podría formar parte del caudal hereditario al que podría tener derecho por ser descendiente de la madre.

En este caso, la herencia sería a repartir entre las dos hijas y el varón, por lo que Hacienda pidió que con carácter preventivo se inmobilizase una parte del dinero en metálico.

Ahora, J. A., el tratante de ganado, deberá de demostrar que las cantidades que se hallaron le correspondía o eran de la víctima, así como su procedencia.

La magistrada Elena López levantó el secreto de las actuaciones a finales del mes pasado, y dio traslado a las partes personadas los días 26 y 27 de diciembre. La acusación particular en este procedimiento está ejercida por dos letrados de los tres hijos.

El juzgado da por finalizada la investigación por el crimen, a falta de que la Policía aporte nuevos indicios o que las partes soliciten más pruebas. Tras ello, se dictará resolución para convertir el asunto en un procedimiento para que sea juzgado por un tribunal de jurado, tal y como establece la ley para este tipo de delitos, como es el de homicidio.

El grado de implicación en el mismo, como autores, cómplices o cooperadores necesarios, será lo que deberá de determinarse en la vista oral por esta investigación de 13 meses, que ha sido realizada por el Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Valladolid.