La ocupación de viviendas: otra consecuencia del confinamiento

En esas fechas, la provincia de Valladolid seguía en fase cero y no se podían organizar reuniones con tantos participantes. A raíz de este hecho, y gracias a la actuación de la Guardia Civil y Protección Civil, así como a las caceroladas de los vecinos, se logró que los okupas se marcharan del chalé y no hayan vuelto, «y este lunes vinieron del Sareb a poner una denuncia», agrega Alejandra Fernández.

En Santovenia de Pisuerga, cerca de 200 vecinos se concentraron el 9 de junio para hacer «visible» su preocupación ante el elevado número de viviendas okupadas que hay en el municipio, unas 26. Y el colectivo Santovenia Unida, un grupo integrado ya por más de medio centenar de vecinos, alertaba de que «la situación ha empeorado en los últimos meses, con la presencia de clanes que ocupan ilegalmente viviendas y marcan las que están deshabitadas para favorecer que sigan llegando más okupas desde Valladolid».

El Ayuntamiento estima que en la calle Alfredo Martín de Santovenia de Pisuerga hay unas 16 viviendas okupadas ilegalmente. «La Junta ha llegado a un acuerdo con los bancos para que paguen una renta social de menos de 150 euros, pero ni eso pagan», agregan desde el Consistorio, que detallacómo en la calle Fuentona hay al menos otras dos viviendas okupadas y una en el Camino Viejo, «y posiblemente alguna más en Martín Fláinez con Diego de la Mudarra».

Y no hay más gracias a la movilización vecinal, que el pasado 17 de mayo impidió, con la posterior intervención de la Guardia Civil, que otra familia más se asentara en una casa deshabitada de la calle Vado.

Este problema está afectando también a la capital. Pues desde hace unos días hay un centenar de vecinos de Parquesol que se movilizan contra la ocupación ilegal de 22 chalés. Pero también a otros municipios de la provincia, como Renedo, Cigales o Cabezón, cuyos alcaldes se reunieron el pasado 3 de junio con el subdelegado del Gobierno, Emilio Álvarez, para tratar de determinar protocolos de actuación en caso de nuevas okupaciones y conocer cómo se encontraban los procesos de desahucios en estos municipios. Álvarez expuso en dicha reunión que, en la provincia, de 2008 a 2020 se han contabilizado 42 viviendas okupadas (26 de ellas, en Santovenia, y el resto, la mayoría entre Cabezón, Renedo, Cigales y Zaratán), mientras que en la capital ha habido 50 en lo que va de 2020 y 168, en 2019.

El año pasado, los jueces ordenaron siete desalojos, de los que se ejecutaron cinco y dos se dejaron sin efecto (porque se llegó a algún tipo de acuerdo). En 2020 se han ejecutado dos desalojos, uno en febrero y otro en junio. En febrero de este año, la Policía Nacional colaboró en un desahucio a requerimiento de la Policía Municipal. Algunos desalojos que no se han ejecutado a causa del confinamiento, pero que se ejecutarán en los próximos meses.

El problema es común a toda España, y tras el estado de alarma, algunos propietarios, si no lo han hecho ya, pueden encontrarse con esta desagradable sorpresa al llegar a sus segundas residencias.

Desde 2008, con la crisis económica, el movimiento okupa empezó a hacerse más fuerte. En concreto, y según las cifras de condenados por el delito de usurpación de viviendas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2018 se dictaron 6.028 sentencias (139 en Castilla y León) por este tipo de infracción y alrededor de 90.000 viviendas fueron ocupadas en toda España.

Una práctica castigada por el Código Penal con multas de entre tres y seis meses y, en caso de violencia o intimidación, de uno a dos años de prisión. Por desgracia, los números continúan creciendo, y las zonas de costa y segundas residencias empiezan a situarse entre las más afectadas. La falta de movimiento ocasionada por el confinamiento y las calles poco frecuentadas podrían haber agravado la situación.

El Congreso aprobó en 2018 una ley que permite el desahucio exprés (garantiza una sentencia en menos de 20 días). Y si bien los propietarios cuentan con un mayor respaldo judicial, el asunto económico es otra cuestión.

Un proceso judicial puede suponer un gran desembolso en abogado, procurador, trámites jurídicos... Existen seguros de hogar que, además de cubrir los riesgos básicos, ofrecen coberturas adicionales en caso de ocupación ilegal. Otra herramienta puede ser contratar un seguro de protección jurídica que contemple las reclamaciones también en el ámbito de la vivienda y que ampare legalmente al dueño si alguien okupa su vivienda.

Por otro lado, no se puede perder de vista el derecho constitucional a la propiedad privada y a la inviolabilidad del domicilio.