Valladolid

Nuevo registro en El Empecinado: la Guardia Civil requisa el servidor central

Eso ha propiciado que la base militar acumulara varios días sin red en El Empecinado, para instalar recientemente uno nuevo para continuar con el trabajo. En esta ocasión, a diferencia del anterior registro que se centró en las dependencias de la Agrupación de Apoyo Logístico 61 (en la que se investigan las presuntas irregularidades), el servidor incautado daba soporte a toda la base militar.

El anterior registro en El Empecinado tuvo lugar el 6 de marzo, cuando la Guardia Civil, con la orden judicial del togado, se trasladó para intervenir al menos dos ordenadores y discos duros, además de recopilar documentación que retiraron en grandes cajas con diversas facturas. Todas ellas de la Agrupación de Apoyo Logístico 61, en la que se engloba la plana mayor de la Agrupación, el grupo de abastecimiento I/61, el grupo de mantenimiento II/61, la compañía de mando y personal y la unidad de servicios y talleres 611.

Por su parte, el juez togado continúa con las declaraciones en calidad de testigos de los militares de la base. Los últimos en pasar han sido el personal de hostelería destinado en El Empecinado.

Asimismo, en esa denuncia de febrero se urgía a la autoridad judicial a acelerar la tramitación para impedir que los supuestos implicados hagan desaparecer pruebas pues «ya se habrían destruido discos duros y ordenadores el pasado mes de diciembre, lo que podría perjudicar la investigación».

Con este registro, la investigación iniciada por el togado militar sigue su curso, después de que en el escrito anónimo, con facturas y correos adjuntos, se denunciara «la utilización indebida de fondos públicos para un beneficio personal y privado de personas pertenecientes al ámbito militar que, en comandita con determinadas empresas privadas de Valladolid y una de Burgos, y un plan diseñado a tal efecto, han estado desviando fondos del patrimonio público, sin que exista debida causa y motivación para dicha utilización».

Los hechos denunciados se circunscriben a los años 2021 y 2022, aunque también se solicitaba que se ampliara la investigación a años anteriores, cuando al menos cuatro altos mandos de El Empecinado, en connivencia con representantes de siete empresas, «solicitaban y consentían» la emisión de facturas por parte de terceros, sin que estos llegasen a prestar esos servicios, incrementando presuntamente el valor unitario de los conceptos facturados o falseando la realidad. En alguna de esas peticiones se llegaba a solicitar la emisión de una factura para cubrir comidas y otros gastos, no justificados y sobre los cuales no existía autorización de pago con cargo a fondos económicos del Estado.

Los supuestos implicados en el fraude utilizaron los correos oficiales de la base. En una de estas comunicaciones se solicita dividir facturas superiores a 5.000 euros «al no poder gestionarla en una conjunta». Otro de los ejemplos detallados en la denuncia reflejan una factura con la venta de 1.000 kilos de harina, emitida por una mercantil dedicada a otros servicios alejados de la alimentación.

El desvío de fondos durante estos dos años se cuantifica en un total de 180.000 euros.