Valladolid

Nueva reclamación por el cobro de agua 'microfiltrada' sin precio en la carta

Tomás Quintana, Defensor del Pueblo autonómico, vuelve a dar un toque de atención a la Administración autonómica por la lentitud en tramitar esta nueva reclamación que presentó también Facua, después de que asociados suyos tuvieran que abonar ese servicio de agua y que el restaurante, que en este momento sí ha variado su carta para incluir ese tipo de agua, no reparara la situación concreta de estos comensales, según explican desde la asociación de consumidores.

Pablo Gerbolés, responsable del departamento jurídico de Facua en Castilla y León, señala que tienen en marcha dos reclamaciones por cobro de agua del grifo que no figuraba en carta. La que sustenta la resolución en la que el Procurador del Común insta a la Junta, concretamente al Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Valladolid, a atajar el retraso en la tramitación y cumplir los plazos que marca la ley, se remota a una comida que tuvo lugar el 29 de mayo del año pasado en el restaurante Fuente Aceña, en Quintanilla de Onésimo. En el tique figuran 4 euros por dos botellas de «agua kilómetro 0». O sea, del grifo en botella de cristal reutilizable. «No estaba en la carta», remarca Gerbolés, que aporta la que el restaurante facilitaba en ese momento. Ahora sí figura con ese precio como «agua local sostenible, microfiltrada y purificada servida en botella de vidrio reutilizable». Desde el establecimiento han informado de que pensaban que la situación que se dio hace un año estaba solucionada, al tiempo que han señalado que han procedido a reintegrar los 4 euros cobrados por el agua.

Cuestión aparte, indica el asesor jurídico de Facua, es «cómo se acredita que ese agua que sirven en los restaurantes bajo esa etiqueta de microfiltrada y purificada ha seguido ese proceso». En el caso del agua, además, los restaurantes y locales de hostelería están obligados a «ofrecer siempre a los consumidores, clientes o usuarios de sus servicios, la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del mismo establecimiento», según recoge textualmente el articulado de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, vigente en España desde abril de 2022.

Fue Facua también la que recurrió a la Junta ante el cobro indebido de raciones de pan por parte de un restaurante de Valladolid. Una reclamación que no había recibido contestación por parte del mismo departamento, el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Valladolid. En este tiempo, el local aludido en ese expediente, el Macanudo, también ha actualizado su carta para consignar con claridad que cobra por el pan y la cuantía.

En el caso del agua, la organización de consumidores mantiene otra reclamación abierta en Valladolid. Desde Facua aportan un tique del restaurante Sibaritas Klub, más reciente, en el que figura un servicio de agua con el coste de un euro y que se cobró, según indica el asesor jurídico, a un cliente que solicitó agua para tomar una pastilla bajo el argumento de que era «osmotizada de fuente», remarca Gerbolés. «Si se cobra algo, debe figurar en la carta», remarca el abogado del equipo jurídico de esta organización de consumidores en Castilla y León.

La resolución del Procurador del Común no entra en el fondo de la reclamación, pero sí en la forma en la que ha tramitado la misma el personal de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. «La Administración autonómica debe dar respuesta, de forma expresa y sin demora, en los términos previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo, a las denuncias presentadas y por tanto tramitar con celeridad la denuncia presentan el 22 de octubre de 2024 ante el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Valladolid», resuelve Tomás Quintana.

El Procurador entiende que los responsables de este departamento no pueden justificar el retraso acumulado en el argumento de que tramitan las reclamaciones «por orden de llegada» y que tienen en cola un «importante volumen de expedientes». Tomás Quintana recuerda a los gestores autonómicos que la demora de los trámites condena al ciudadano reclamante a «una situación de incertidumbre indefinida en el tiempo».