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Fue uno de los debates más intensos y duros del pasado mandato, pero el de los sueldos podría protagonizar de nuevo en los próximos meses las divergentes posturas que los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen sobre lo que deben cobrar tanto ... los concejales con dedicación exclusiva como los rasos. La modificación del reglamento orgánico –donde se fijan los sueldos– se pondrá previsiblemente mañana sobre la mesa del Pleno extraordinario convocado en el Ayuntamiento de Valladolid con el objetivo de poder abordar en los próximos meses las retribuciones de los ediles, pero también otros puestos de libre designación y la asignación que los grupos municipales reciben para su funcionamiento interno. Una modificación que el alcalde, Óscar Puente, ya ha dejado patente que será necesario abordar cuanto antes y como una de las prioridades del mandato y que tanto el PP, como Toma la Palabra, Ciudadanos y Vox tienen intención de secundar para zanjar un asunto que colea desde 2015.
La intención pasa así por aprobar mañana la apertura de la ponencia del reglamento orgánico, en la que están presentes todos los portavoces y abordar la necesidad o no de modificar lo referente a retribuciones y asignación a los grupos políticos.
De momento, y pendientes de lo que pueda ocurrir con el reglamento, el mandato echa a andar con las remuneraciones presupuestadas para este año 2019 en virtud del reglamento orgánico actual, que mantiene 76.500 euros brutos anuales para el alcalde tras la reducción de 6.000 euros que se le aplicó en 2015 a petición del Partido Popular; 70.174 euros para los concejales con áreas de gobierno; 57.746 euros para los portavoces de los grupos municipales; 19.036 euros para los concejales con dedicación a tiempo parcial y 11.002 euros para los ediles rasos, es dedir, los que no tienen competencias de gobierno ni dedicación y que perciben como máximo esta cantidad en concepto de indemnizaciones por asistencia a plenos, comisiones u otros órganos.
Con las tablas salariales vigentes, y mientras no se modifique el reglamento, la partida que el Ayuntamiento destinará a pagar los sueldos de los concejales sumaría 1.204.071 euros anuales, una cifra que se incrementa en 143.083 euros con respecto a lo presupuestado para las retribuciones de la Corporación en 2019 (1.060.988 euros) , por lo que requerirá de una modificación del presupuesto municipal, que en su conjunto llega a 342 millones. Se trata así de un aumento de casi el 12% que habría que buscar en una nueva estructura de gobierno más amplia diseñada por el equipo que lidera el alcalde, Óscar Puente, para inyectar «rapidez y capacidad de gestión» a los concejales que dirigen el día a día de la ciudad.
Hay así dos ediles más con áreas generales (pasan de ocho a diez) que cobran 70.174 euros brutos anuales cada uno (Luis Vélez, Ana Redondo, Rafaela Romero, Victoria Soto, Pedro Herrero, Charo Chávez, José Antonio Otero, Manuel Saravia, Alberto Bustos y María Sánchez) y otros dos con delegación especial (Carmen Jiménez y Juan Carlos Hernández), figura que no se introducía desde el año 2004 con Javier León de la Riva, y cuyo salario, según avanzó el concejal de Planificación y Recursos, Pedro Herrero, será similar al de portavoz, fijado en 57.746 euros.
¿Qué ocurre con los grupos de la oposición? Los tres han avanzado ya su intención de utilizar las dedicaciones exclusivas que les pertenece, que serán dos para el Partido Popular y una para Ciudadanos y Vox. Pilar del Olmo, la que fuera candidata de los populares, precisó ya en la noche electoral que su intención era la de regresar a su puesto de trabajo en la Agencia Tributaria y dejar las liberaciones para miembros de su grupo. Será así la presidenta del PP municipal, pero cede la portavocía a María de Diego, que cobrará 57.746 euros, y repartirá dos dedicaciones a tiempo parcial (40%) entre Borja García y Alberto Gutiérrez, con 19.036 euros cada uno. En el caso de Martín Fernández Antolín (Cs) y Javier García (Vox) cobrarán también como portavoces de sus respectivos grupos (57.746 euros). Ahora bien. En muchos casos, en función del partido político al que pertenezcan, el salario que perciben los ediles no es íntegro para ellos, sino que destinan parte de su remuneración a los gastos de su formación.
Completarán las retribuciones las asignadas a los concejales rasos o sin dedicación. Serán Alberto Palomino (PSOE), Marta López (PP), Pilar del Olmo (PP), José Antonio de Santiago Juárez (PP), Jesús Julio Carnero (PP), Rodrigo Nieto (PP), José Antonio Martínez Bermejo (PP), Gema Gómez (Cs) y Pablo Vicente (Cs), que recibirán un máximo de 11.002 euros brutos anuales por asistencia a plenos y comisiones. Un número mermado, que pasa de 14 a nueve, en parte por la reducción de representantes en el pleno municipal al bajar de los 300.000 habitantes y quedarse con 27 miembros en lugar de con 29.
La confección de las listas de diputados provinciales ha abierto en las últimas semanas una escisión en el seno de numerosos partidos políticos de Valladolid, especialmente en las filas del PSOE, PP y Ciudadanos, donde los alcaldes y concejales han alzado la voz para reclamar un proceso distinto de selección de representantes en la Cámara provincial acorde con los resultados electorales y la vinculación histórica. Pero ¿cuánto cobra un diputado? Depende. Si no tiene dedicación exclusiva ni área de gobierno y solo percibe la indemnización correspondiente a la asistencia a comisiones, plenos y otros órganos colegiados el importe máximo anual es de 10.982 euros, que no llega a 900 euros mensuales. Eso sí, todos tienen la opción de complementar después esta cifra con los gastos de kilometraje y dietas.
Cambia la situación en el caso de las dedicaciones exclusivas parciales (el PSOE tiene tres actualmente), que permite liberar en parte a tres diputados para que anualmente perciban 17.155 euros. En el caso de la figura de portavoz adjunto (solo la tenía el PSOE), que la ha ejercido Pedro Pablo Santamaría, la remuneración asciende a 42.888 euros anuales brutos, la misma cifra asignada para los diputados delegados de servicio.
El siguiente tramo dentro de los que tienen dedicación exclusiva sería el de los portavoces de los grupos provinciales, que en este mandato han sido Guzmán Gómez (PP), Teresa López (PSOE), Salvador Arpa (Toma la Palabra), Héctor Gallego (Sí Se Puede) y Pilar Vicente (Ciudadanos). El sueldo por la portavocía está fijado en 60.348 euros brutos anuales, el mismo importe que reciben también los diputados delegados de área, es decir, los responsables más directos del gobierno de la Diputación.
Cerrarían el organigrama el vicepresidente de la Diputación (fue Víctor Alonso) con 65.963 euros y el presidente de la Diputación, que cobra 80.917 euros brutos anuales, y cuyo candidato para estos cuatro años aún no está designado.
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