La nueva ley educativa no cambia la lucha contra la segregación escolar

La Plataforma Social y el Foro por la Educación Pública (reúnen a colectivos ciudadanos, sindicatos educativos y partidos políticos comprometidos con la escuela pública) han revisado los cambios normativos que va introduciendo la Consejería de Educación para adaptarse a la Lomloe. Su estudio concluye que no hay «ningún cambio que permita dar cumplimiento a ese principio: poner fin a la segregación escolar del alumnado en situación de vulnerabilidad social y/o económica».

Uno de sus portavoces, el exprocurador y exconcejal de Valladolid, Jorge Félix Alonso, concluye que «en la nueva regulación de las matriculaciones no va a cambiar nada. Se va a repetir el mismo proceso del curso anterior. Todos los cambios son solo cosméticos».

Se apoya, entre otros aspectos, en que la norma regional no modifica los criterios prioritarios de admisión, a pesar de que la Lomloe reclama que «se respete la libertad de elección, pero incluyendo las medidas necesarias para evitar la segregación por razones socioeconómicas».

La resolución de la Dirección General de Centros y Ordenación Educativa (23 diciembre, 2021) acota que en las Comisiones de Escolarización deberán ser oídas las administraciones locales, pero «conforme a lo que establezca la consejería». Además suprime que «tengan la función de ejercer el arbitraje». Algo que podría limar el papel clave que podrían tener los Ayuntamientos, sobre todo de las ciudades, para elaborar mapas de riesgo de segregación.

Por último y respecto a la baremación para las matrículas «la puntuación por situación económica desfavorable se queda igual y no se incluye ninguna modificación (que incluye criterios socioeconómicos)», lamenta Alonso. En esos baremos se puntúa más la proximidad del centro escolar al domicilio, que la situación económica de la familia. «Esto favorece la concentración en determinados colegios del alumnado de familias en situación de vulnerabilidad».

La portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STECyL), Christina Fulconis, también considera que «no se ha aprovechado la oportunidad para modificar nada. La zona única, sobre todo en capitales de provincia, impide que, en lugar de zonificar por barrios y mezclar, ocurre lo contrario».

Desde la Consejería de Educación insisten en que «informes internacionales de equidad educativa como Pisa o TIMSS nos ponen en buena situación». También que «el Plan de Atención a la Diversidad está funcionando con buenos resultados».

El reciente informe 'Diversidad y Libertad: reducir la segregación escolar respetando la capacidad de elección del centro', elaborado por Esade y Save the Children, sitúa a Castilla y León, como la quinta comunidad española con los niveles más bajos de segregación, lejos de la media nacional y mucho más de la Comunidad de Madrid, 'campeones' en establecer diferencias entre su alumnado en función de rentas.

Sin embargo, el Procurador del Común, Tomás Quintana, emitió en 2021 una resolución en la que reclamaba «garantías de escolarización equilibrada del alumnado, por ejemplo, a través del establecimiento de proporciones máximas de alumnado vulnerable, la configuración de procedimientos separados para la admisión de este alumnado, la reserva de plazas, la limitación de la oferta de plazas vacantes».

Desde STECyL se anuncia un manifiesto y una campaña para promover que los plenos de los ayuntamientos, sobre todo en las capitales,aprueben mociones que «reclamen criterios de escolarización que busquen la cohesión social», anuncia Fulconis. La Plataforma Social también mantuvo ayer tarde una reunión con la concejala de Educación de Valladolid, Victoria Soto, en el mismo sentido.