La niña ingresada en el Clínico dio positivo alto en cocaína

La menor, desde ayer bajo la medida cautelar dictada por el juez, fue puesta en guardia y custodia de los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y les fue retirada dicha custodia a los padres, todo ello con conocimiento del Fiscal de Menores. Según la decisión judicial, cuando sea dada de alta, todas las visitas que se realicen a la pequeña en el centro de acogida de la Junta tendrán que realizarse en presencia de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales, según explicaron fuentes próximas a la investigación.

Esta medida, subrayaron fuentes de la Consejería de Familia, se mantendrá de manera provisional «hasta que se adopte una decisión definitiva sobre el bebé, una vez que se valore la situación global del caso». En principio, la pequeña, que acaba de cumplir un año, «se encuentra bien físicamente, pero se mantiene bajo observación médica para realizarle más pruebas en profundidad».

Al parecer, los padres de la menor viven separados. La madre, N. R. G., se había marchado de casa, llevándose con ella a la niña, y es quien se ocupa de mantener a la pequeña, según informaron ayer fuentes próximas a la familia. Desde el miércoles confinados en dependencias policiales, ambos han sido puestos esta mañana a disposición judicial.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Luis Antonio Gómez, declaró respecto de la denuncia de abusos sexuales presentada por el padre –una acusación contra la madre que habría justificado el detenido aportando una antigua grabación a la Policía–, que «no existen signos de abusos» sobre la menor, tras conocer el informe de las pruebas médicas. «La niña está en perfecto estado», insistió el subdelegado, quien rechazó similitud alguna de este caso con el crimen de la menor de 4 años de La Rondilla, que se mantiene bajo secreto de sumario.

Fueron miembros de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional quienes, al mediodía del pasado miércoles, alertaron a la autoridad judicial sobre las denuncias cruzadas de supuesto maltrato y abusos sexuales al bebé. Los abuelos maternos, una vez que se les comunicó la detención de la hija, llevaron a la pequeña a Urgencias Pediátricas del Clínico para que se le realizara un reconocimiento. Le atendió la pediatra de guardia, en torno a las cinco de la tarde, y algo más de dos horas después, ya con la intervención del forense de guardia, se comprobó que la pequeña no presentaba signos externos de violencia,aunque se acordó realizar pruebas de tóxicos. Poco antes de las diez de la noche, el primer análisis dio positivo alto en cocaína, un análisis que se repitió y confirmó el resultado. El juez de guardia ordenó el ingreso de la menor para que pasara la noche en el Clínico, acompañado de la abuela y bajo una discreta vigilancia policial. No fue hasta las nueve de la mañana de ayer cuando se pudo contactar con los Servicios Sociales de la Junta para que asumiera la custodia preventiva, según confirmaron fuentes próximas al caso.

La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (Fapmi) reclama a los poderes públicos que, «tras posibles errores y fallos de coordinación interinstitucional» revisen los protocolos de actuación para que, en los casos en que se sospeche violencia contra niños se determine de inmediato «una actuación urgente». Según refieren en un comunicado hecho público ayer, es necesario que, con carácter «homogéneo» para todas las administraciones competentes, se introduzcan medidas cautelares «orientadas a garantizar la protección efectiva de los menores».

Este colectivo contra el maltrato considera que los actuales criterios que se aplican –de gravedad o no y urgencia o no– no responden a la realidad, «ya que un niño en situación de riesgo puede estar en desamparo un minuto después y lo que es maltrato leve puede ser una situación critica al día siguiente», como ocurrió con la pequeña Sara, de 4 años, fallecida por maltrato reiterado y abusos sexuales.