Valladolid

Multan a Izquierda Unida por enviar un correo masivo sin ocultar los destinatarios

La Agencia Española de Protección de Datos ha multado a Izquierda Unida por una infracción del principio de confidencialidad después de que dos de esas 148 personas denunciaran la irregularidad en la comunicación electrónica y en la que, además, incide el organismo en que se desvelaba también la afiliación política.

Tras analizar las dos denuncias presentadas (una aportó la copia del correo y la otra un pantallazo del email), la agencia inició un expediente sancionador por la vulneración de dos artículos del Reglamento General de Protección de Datos. Uno de ellos, denominado de integridad y confidencialidad, persigue que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales por lo que «deben ser tratados de un modo que garantice una seguridad y confidencialidad adecuadas de los datos personales, inclusive para impedir el acceso o uso no autorizados de dichos datos y del equipo utilizado en el tratamiento».

Continúa el mismo epígrafe que «prohíbe el tratamiento de información que revele «el origen técnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas o la afiliación sindical» entre otros aspectos.

Asimismo, el otro artículo que ha infringido Izquierda Unida de Valladolid aborda la «seguridad del tratamiento», por lo que el Reglamento establece que se tiene que tener en cuenta el estado de la técnica, los costes de la aplicación, la naturaleza y el alcance, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas. Por ese motivo, recalca el organismo que se «aportan indicios de la inexistencia de medidas de seguridad adecuadas en el envío de comunicaciones dentro de la organización (Izquierda Unida) y en particular aquellas que garanticen la no revelación de las direcciones de correo electrónico a las que se dirigen.

La infracción de estos dos artículos hubiera supuesto una sanción económica establecida por Protección de Datos en 5.000 euros, si bien el partido político ha accedido al reembolso por pronto pago, lo que ha significado una rebaja de 2.000 euros. «Esto implica el reconocimiento de la responsabilidad», agrega la Agencia Española de Protección de Datos, que da por finalizado ya el procedimiento sancionador.