«Tuve que morirme yo un poco para que mis hijos renazcan»

Hay un callejón burocrático, de plazos suspendidos, de papeles que no llegan, en el que la crisis del coronavirus ha atrapado a Paulina Cardona (Colombia, 1985), vallisoletana desde noviembre de 2016, mamá de Daniel y de Daniela, vecina de Delicias, herida por esta alerta sanitaria que le ha arrebatado el trabajo, estrangulado los ingresos, obligado a pedir ayuda para sacar adelante ya no solo el mes, sino también la semana, esta jornada en la que, como todas, hay que comer. Y los recibos no dejan de llegar.

El lunes estuvo pendiente de la letra pequeña del BOE, de los requisitos que hay que cumplir para optar al ingreso mínimo vital recién aprobado por el Gobierno. El artículo 7 punto uno apartado A le cayó como un jarro de agua fría. Allí se exige «tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud». Paulina no cumple. Está a la espera de un papel que le diga que sí. Confía en que no tarde en llegar. Pero, de momento, no tiene derecho a esta ayuda.

El pasado noviembre cumplió tres años de residencia en España. Es el plazo que se requiere para obtener la residencia por arraigo social. Demuestra que lleva tiempo viviendo aquí, que ha encadenado contratos de trabajo, que tiene vínculos familiares (en Valladolid residen su hermano y sus padres), muestras de integración social (su hija estudia en el Ramón y Cajal, su hijo en el Fray Luis de León).

Cuenta que presentó toda la documentación en febrero, pero la crisis del coronavirus ha empantanado también la gestión de estos trámites. El plazo de resolución suele ser de tres meses. «Pero hay mucho retraso, ahora más, en los expedientes», lamenta Daniel Duque, coordinador de Accem en Castilla y León. «Toda esa parte administrativa ha estado paralizada. Ahora se empieza a recuperar, pero va a venir una cola y retrasos de tres, cuatro, cinco meses», añade. Si en este tiempo se soluciona la situación de Paulina, intentará reclamar esa ayuda. Si no...

«El caso de Paulina es una de esas situaciones terribles que está destapando esta crisis sanitaria, con ayudas para la covid que, en su configuración legal, no tienen en cuenta la perspectiva de derechos humanos. ¿En qué situación quedan casos así? Son los grandes olvidados. Y conozco varios. Como una persona también en trámite de arraigo, que llevaba trabajando desde hace más de dos años en el cuidado de un señor mayor. Ese anciano ha fallecido por coronavirus, con la incertidumbre de qué va a pasar ahora con el contrato que obligatoriamente tendría que entrar en vigor cuando le resuelvan el arraigo», explica Judith Sobrino, responsable jurídica de Procomar.

Sobrino recuerda que «las personas extranjeras que tienen a trámite una solicitud de residencia no lo son de manera efectiva hasta que se resuelve ese expediente (a excepción de algún caso en el ámbito comunitario)». Hay situaciones especiales, que son los solicitantes de protección internacional. Ahí, durante la tramitación de la solicitud, se encuentran en régimen de estancia (no de residencia, pero tampoco están irregulares, estrictamente hablando). «Pero la inmensa mayoría de extranjeros que estén en España más allá de los primeros 90 días de su entrada en el país se encontrarán en situación irregular. Una persona irregular, no autorizada a permanecer en España, no puede acceder a este tipo de ayudas, prestaciones públicas. No constan administrativamente. Y durante esta pandemia, nada se ha aprobado pensando en ellos, ni han podido acogerse a ninguna medida especial de ningún tipo. Es como si no existieran», indica Sobrino.

La única solución, en esos casos, son las ayudas de emergencia que tramita el Ayuntamiento de Valladolid. O la solidaridad vecinal, parroquial, de redes sociales. Paulina ha encontrado el apoyo de su casera a la hora de pagar el alquiler. «Me dice que me espera, que me espera». También de la parroquia de Santo Toribio, de donde recibe alimentos.

La crisis del coronavirus ha cortado en seco sus ingresos. Los fines de semana trabajaba en la limpieza de varios bares, cerrados a cal y canto durante los últimos meses. Ha estado también al cuidado de tres ancianos. «En mi país no duran tanto, no llegan a tanta edad. Y se les tiene un respeto enorme». Tres personas mayores en sus manos. Una con alzhéimer. Otra con párkinson («que es la misma enfermedad que tiene mi papá»). La tercera, «con la que todavía estoy, tiene problemas de circulación, pero está muy bien de la cabeza». Había apalabrado un contrato para empezar a trabajar como peón de agricultura: «Pero el señor es autónomo y me ha dicho que ahora no me puede contratar». Si se suma todo, antes de la crisis eran ingresos más que justitos. Ahora... Y así, a la espera de una resolución administrativa que tal vez tampoco sea solución. «El hecho de que se resuelva de manera favorable una solicitud, tampoco implica que se les vaya a reconocer la renta mínima... tiene que pasar un año de residencia legal», advierte Sobrino.

Y en esa encrucijada está la vida de personas como Paulina, quien hace tres años y medio decidió seguir los pasos españoles que hace casi dos decenios emprendió su hermano, camino de Valladolid. «Yo me vine con mi papá, con mi mamá, con mis hijos. Quería darles a ellos lo mejor». Paulina trabajaba en el departamento de administración y publicidad del periódico El Tiempo, el más importante de su país. «Me encargaba de las informaciones comerciales. Y era un trabajo que me gustaba mucho. Pero yo quería que mis hijos tuvieran una vida mejor. Por eso nos vinimos a España. Pensando en mejorar. Al llegar aquí, es difícil saber que uno puede dar más, aportar más, y que no lo consigue hacer. A veces pienso que tuve mi oportunidad y que a lo mejor ya pasó. Trabajé en algo que me gustaba, me desarrollé como persona. Vine aquí y lo intenté. No me doy por vencida, pero... Yo tuve que morirme un poco para darle una oportunidad a mis hijos, para que ellos renazcan», cuenta Paulina, quien confía en resolver su laberinto administrativo y engarzar de nuevo trabajos que le permitan continuar su vida aquí.