Valladolid

Las minorías étnicas alertan de que ocho de cada diez delitos de odio no se denuncian

Jessica Ferreduela y Nahoun Traoere pusieron voz al acto institucional con un manifiesto redactado por las organizaciones sociales de apoyo a personas inmigrantes con los problemas a los que se enfrentan día a día. En él quisieron destacar el incremento, no solo a nivel local sino nacional, del discurso de odio. También destacar los numerosos casos en los que se ven discriminados por sus rasgos o costumbres, «en el último año hasta 64 víctimas de odio», comentaron.

Un odio tan instaurado en la sociedad que se ve normalizado e incluso las propias víctimas lo normalizan. Así lo atestiguan los datos, «solo un 18,2% de las víctimas denuncian, el resto lo deja pasar principalmente por una desconfianza en el sistema o por miedo», declaró Jessica Ferreduela.

Y aunque en Valladolid se luche a diario por acabar con esta lacra, nunca es suficiente. Pero sí es un mensaje que poquito a poco va calando en la sociedad. Así lo aseguró Aydee Arape, una mujer boliviana que lleva residiendo en el barrio de la Rondilla desde 2013. Once años de convivencia vecinal exquisita, sin haber recibido ninguna discriminación por su nacionalidad, rasgos o costumbres. Aydee destacó que en sus primeros años en España residió junto con su familia en viviendas de alquiler mientras se buscaba la vida en diferentes trabajos y que nunca le «pusieron un problema para trabajar o solicitar un alquiler», según comentó.

Un testimonio esperanzador en una isla de casos contrarios. Así lo comentó Avi Escudero, mediador en Huerta del Rey: «Al final mi barrio, las Delicias, Pajarillos, son barrios con cierto estigma o mala fama, pero todo lo contrario, son muy buena gente y trabajadora». Escudero, en su función de mediador, sí se ha topado con distintos casos de discriminación. «A la hora de entrar en una casa, si tienes que pagar un alquiler y ven que eres gitano, se niegan a hacerte contrato y dejarte vivir».

Una exclusión social que también llega a la educación. «En la universidad no hay problemas, hay chicos gitanos allí estudiando y están perfectamente integrados, incluso un profesor se ha ofrecido a darles apoyo», pero en edades menores la cosa cambia. «Recientemente nos ha llegado un caso de un colegio de Valladolid que quiere separar sus clases por gitanos y no gitanos, algo a lo que nos negamos por completo», comentó Escudero. 

Jessica Ferreduela, como miembro de la Fundación Secretario Gitano, está acostumbrada a vivir estos casos a diario aunque asegura que pocos casos llegan a la fundación porque muchos se callan por miedo. Pero el suyo va más allá y también le ha tocado vivir esta discriminación en sus propias carnes. «Sin ir más lejos, recientemente cuando un familiar cercano fue a alquilar una vivienda tuvo que fingir ser de otra etnia porque si no la casera se negaba a alquilarle», aseguró Ferreduela.

Algo tan normalizado que también le ha ocurrido en entrevistas de trabajo: «En ocasiones, cuando ven nuestros rasgos físicos o incluso que nuestros dos primeros apellidos son los mismos ya te descartan», comentó

En el acto participó Nacho Muñoz, técnico del Plan de Convivencia, quien presentó el proyecto 'Lupeando'. Un tradicional juego de mesa que pretende abordar de forma lúdica los rumores y estigmas infundados que llegan a dañar la convivencia. El objetivo del juego es analizar de forma crítica e indagar sobre estos estigmas para descubrir la verdad sobre estos rumores tan extendidos. 

También hubo un espacio para Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional, quien fue reconocido por su contribución a la eliminación de cualquier tipo de discriminación racial y étnica. En su intervención quiso hablar de un racismo 'líquido', aquel que es invisible y que roza lo cotidiano, a la par que se preguntó que en el 'hipotético caso' de que existieran razas, «por qué el racista siempre se atribuye la superior, quién le otorga esa superioridad».   

El alcalde, Jesús Julio Carnero, quiso anunciar el compromiso del consistorio y de toda la ciudad de acabar con esta discriminación y avanzó un nuevo Plan de Convivencia Ciudadana en el que se destinarán hasta 422.000 euros para intensificar las acciones que se llevan a cabo en las zonas especialmente vulnerables y 242.000 euros al Servicio de Mediación Comunitaria Intercultural.