Justicia promete dinero para unificar en el colegio El Salvador de Valladolid las sedes dispersas

Lo advierte el ministro. Esto «no será cuestión de seis meses». Aún queda mucho por hacer, pero su departamento «trabajará sin descanso» para que la Ciudad de la Justicia sea una realidad en los próximos años. Juan Carlos Campo comprometió la inversión necesaria en los próximos dos ejercicios para agrupar en el entorno de la plaza de San Pablo los órganos judiciales dispersos por la ciudad. No concretó cantidades ni plazos, pero sí reiteró que la obra se acometerá. Acompañado del alcalde, Óscar Puente, y del concejal de Planificación Urbanística, Manuel Saravia, el titular de la cartera gubernamental calificó de «histórico» el día de hoy tras conocer de primera mano la operación municipal para adquirir el antiguo colegio El Salvador con el objetivo de dar cabida en ese espacio a los servicios de esta administración que están desperdigados por la ciudad en doce puntos diferentes, muchos de ellos alejados entre sí.

En este momento, el departamento que gestiona Campo paga al año 1.147.325 euros en concepto de alquileres: 1.026.957 por el inmueble ubicado en la calle Nicolás Salmerón y otros 120.367 euros por el de la plaza del Rosarillo. Cuando se materialice la unificación en el entorno de San Pablo se suprimirá ese gasto, además de poner más fácil a operadores judiciales y ciudadanos su relación con estos órganos al agruparse en un mismo entorno.

¿Cuándo será esto? De momento no se aportan fechas porque este tipo de proyectos «requieren su tiempo», dijo, pero en Madrid dan el visto bueno al enclave y garantizan que habrá dinero para poner en marcha los trabajos.

El Ministerio de Justicia recibirá las llaves del antiguo centro educativo este mismo verano. El Ayuntamiento y Sareb escriturarán la compra del inmueble antes del 30 de junio. El Consistorio abonará 8,3 millones de euros, IVA incluido, a la sociedad para hacerse con los 5.165 metros cuadrados en los que se asienta el viejo edificio formativo y de inmediato pondrá este suelo a disposición del ministerio. El equipo de gobierno ha optado por la adquisición directa con la finalidad de no retrasar más los trámites para sacar adelante el ansiado campus. La primera intención era permutar. A cambio del colegio, el Consistorio iba a entregar a la sociedad derechos urbanísticos en los antiguos cuarteles de Arco de Ladrillo, donde Sareb ya cuenta con parcelas, así como dos terrenos en el plan parcial Los Viveros y en la avenida de Burgos.

Ahora será el propio Ayuntamiento quien se ocupe de enajenar estos suelos para recuperar esos 8,3 millones. En el caso del aparcamiento del antiguo Río Hortega, un espacio que se sumará al futuro desarrollo, la Tesorería de la Seguridad Social ya ha aceptado la parcela que se le ofrece en la zona de Zambrana, en el barrio de Delicias.

¿Se derribará el colegio o se mantendrá? Serán los técnicos del ministerio quienes analicen el inmueble y determinen si hace falta construir un bloque de nueva planta o se puede adecuar el existente. Se hará, subrayó Campo, con el «consenso» de los operadores, quienes conocen bien las necesidades funcionales y de atención al público de estos servicios en la capital.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, subrayó se trata de una «operación estratégica para la ciudad, una operación para la historia», que contribuirá a mantener actividad en el casco histórico. Hay que recordar que la anterior ubicación se situaba en una parcela de Villa de Prado-Girón, un suelo para el que llegó a haber proyecto, pero que no se cedió al ministerio. Ya en 2015, Puente y su equipo apostaron por El Salvador como sede definitiva para los órganos judiciales.

Los parlamentarios nacionales del Partido Popular de Valladolid reclamaron ayer al Gobierno de Pedro Sánchez que sus ministros traigan «menos fotos y más inversiones». «Al igual que ocurrió con la visita de Reyes Maroto el pasado mes de febrero, el ministro se va de Valladolid sin asumir ningún compromiso tangible: ni cantidades concretas para el presupuesto ni plazos de ejecución del proyecto, una vez más, puro humo», lamentaron, además de recordar la «ridícula» cantidad de 50.000 euros que se consigna en las cuentas del Estado de 2021 para la Ciudad de la Justicia.