El militar salvadoreño acusado del asesinato de cinco jesuitas, dos de ellos vallisoletanos, será extraditado a España

El veredicto final, emitido ayer por el presidente del Tribunal Supremo de EE UU, John Roberts, según informa EFE, rechaza de esta forma el recurso de la defensa de Montano que consideraba que su extradición a España podría «resultar en la muerte» de su cliente, debido a su avanzada edad, 74 años, y al cáncer que sufre.

La entrega a España puede proceder en cualquier momento, puesto que no cabe recurso contra la decisión del Tribunal Supremo de EE UU y, además, el Departamento de Estado ya ha firmado una orden para permitir el envío de Montano a España, indicó a Efe un portavoz de la diplomacia estadounidense.

Las ocho personas asesinadas a tiros por militares salvadoreños el 16 de noviembre de 1989 fueron los jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno y Amando López. Estos ocupaban los cargos de rector, vicerrector, director del Instituto de Derechos Humanos, director de la Biblioteca de Teología y profesor de Filosofía en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador, conocida como la UCA.

Además, en la misma acción perdieron la vida el fundador de la universidad, el salvadoreño Joaquín López, y las empleadas Elba Ramos y Celina Ramos, ambas de dieciséis años de edad.

Durante la madrugada de esa jornada, hace exactamente 28 años, un Escuadrón de la Muerte del Ejército de El Salvador irrumpió en el Centro Pastoral de la Universidad de los jesuitas y ordenó salir al jardín y tumbarse boca a abajo a las ocho víctimas. Al día siguiente aparecieron sin vida y con varios disparos en su cuerpo.

En el proceso seguido en Estados Unidos se ha argumentado que, el día antes de la matanza, Inocente Montano, que en aquel momento era viceministro de Defesa, participó en una reunión. En ella uno de sus subordinados, el coronel René Emilio Ponce, ordenó al coronel Guillermo Alfredo Benavides que usara al temido batallón de elite Atlácatl para asesinar a los jesuitas.

«Maten al padre Ellacuría y no dejen ningún testigo», ordenó Ponce en presencia de Montano, que en el encuentro del grupo de militares supuestamente facilitó la ubicación del jesuita vasco al anunciar que había vuelto de España y estaba en El Salvador, según figura en escritos de la acusación.