21 meses de inhabilitación para un exsecretario de Estado por prevaricación

El ex secretario de Estado Juan Junquera Temprano y el empresario Antonio Moreno Rego, acusados de estafar tres millones y medio de euros concedidos a un proyecto de la Fundación de la Lengua Española, han llegado a un acuerdo. Por un lado, Junquera Temprano, que se enfrentaba a cuatro años de prisión e inhabilitación para cargo y empleo público durante seis años, ha pactado 21 meses de inhabilitación por un delito de prevaricación. Por el otro, a Moreno Rego, el Ministerio Público le ha retirado los cargos (eran tres años y tres meses de prisión y dos años de inhabilitación para empleo público). Y todo ello después de que a preguntas del fiscal los dos acusados afirmaran que no se conocían. «La primera vez que nos hemos visto ha sido hoy; no habíamos tenido ningún tipo de contacto», ha afirmado Junquera Temprano antes de ratificar el acuerdo de conformidad.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información concedió en 2007 una subvención de casi tres millones y medio de euros a un proyecto «virtual» para aprender español promovido por la Fundación de la Lengua Española (FLE) en Valladolid. Dicho proyecto nunca se realizó y el dinero «desapareció». Por ese motivo, la Sección Cuarta de la Audiencia de Valladolid iba a celebrar el juicio contra Junquera Temprano, director de gabinete de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en el momento de los hechos, y Moreno Rego, administrador de la empresa GPM Digital Entertainment Factory SL, por supuesta estafa y prevaricación administrativa.

La Fundación de la Lengua Española solicitó el 19 de octubre de 2007 una ayuda pública para ejecutar el proyecto denominado 'Mmog Español, mundo virtual para el aprendizaje y promoción de la lengua y cultura española«. La ayuda les fue otorgada por resolución del secretario de Estado de Telecomunicaciones el 10 de diciembre de 2007 por un importe total de 3.485.730 euros. Esta ayuda se componía de una subvención de 485.730 euros y un préstamo reembolsable de tres millones, con un plazo de amortización de 15 años y otros dos de carencia, a un tipo de interés cero. En esa resolución se indicaba que parte de la ejecución del proyecto podía subcontratarse.

Así que la Fundación subcontrató con la empresa GPM Digital Entertainment Factory la elaboración del proyecto y solicitó del Ministerio, los días 29 de febrero y 7 de marzo de 2008, una autorización para que la subcontrata, administrada por Antonio Moreno, se subrogara en la obligación del préstamo de tres millones de euros. En caso de que esta autorización fuera denegada, indica el ministerio público, «la Fundación no tenía intención de continuar con el proyecto, por lo que procedería a devolver la ayuda obtenida».

Esta postura de la Fundación de la Lengua Española, según la Fiscalía, determinó que, al día siguiente, el director de gabinete de la Secretaría de Estado de Comunicaciones, Juan Junquera, «actuando de común acuerdo» con el representante de GPM, Antonio Moreno, «redactara un documento en el que se decía que el Ministerio de Industria aceptaba la responsabilidad asumida y presentada por GPM a todos los efectos». Este documento, según la acusación pública, es «anómalo» y de él «no se dejó constancia en el expediente administrativo». Además, «fue dictado por un órgano manifiestamente incompetente, ya que el mismo carecía por completo de funciones decisorias» y se realizó «prescindicendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido».

Es precisamente en este aspecto en el que se ha centrado el fiscal al preguntar si se conocían para ver si «actuaban de común acuerdo», lo que han desmentido los dos acusados antes de presentar el acuerdo firmado.