El 90% de los menores de Valladolid que terminan en el juzgado es porque pegan a sus padres

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial aportados en una respuesta parlamentaria al diputado Jon Iñarritu, 13.804 menores de edad han sido condenados por sentencia firme en Castilla y León en las últimas dos décadas. Una estadística en la que Valladolid se sitúa a la cabeza, con 3.518 menores con edades entre los 14 y los 17 años, de los cuales 253 corresponden a 2018.

Señala De Marcos que en los menores infractores se está generalizando en los últimos años el maltrato a los padres, aunque hay que delimitar dos franjas de edad en las que se cometen más delitos o estos se agravan: los menores de 14 y 15 años y los de 16 y 17 años. Los más pequeños, indica, se dedican a los hurtos, cada vez más violentos. También muchos de los autores de los pequeños robos que terminan en el juzgado vallisoletano son extranjeros, principalmente, rumanos. Y tienen «preferencia» por determinados establecimientos y centros comerciales. «Hay una niña que ha llegado a acumular hurtos por valor de 400 euros en una de estas franquicias de ropa», señala el magistrado. El juez pone el foco también en una zona que se está convirtiendo en un «factor criminógeno, que propicia la criminalidad»: los botellones de Las Moreras y el entorno de la Rosaleda, donde se están sucediendo palizas y robos de móviles y dinero entre adolescentes.

Lo que no existe es un perfil del menor delincuente basado en la clase social. «Es cierto que la marginalidad influye en algunos casos, pero la mayoría pertenecen a todos los estratos sociales. Lo que tienen en común es que muchos de estos chavales llevan vidas muy desestructuradas, son malos estudiantes, consumen drogas (hachís, principalmente, más que otras sustancias) y están muy sexualizados, practican sexo en edades muy tempranas», precisa el juez.

Dentro de estos perfiles, capítulo reseñable es que muchos de estos adolescentes conflictivos que terminan en el juzgado son hijos adoptados o tienen algún problema mental, muchas veces agravado por el consumo habitual de cannabis.

Respecto de los casos de las agresiones a los padres, el magistrado considera que «son fiel reflejo de esta sociedad permisiva y de superprotección en la que a las nuevas generaciones se les consiente todo y por ello no reconocen el principio de autoridad». Al final, «es un problema de educación», subraya.

En Valladolid, aunque se ha judicializado algún caso de acoso escolar y también, excepcionalmente, delitos muy graves –como el asesinato de la transexual Eli en Vallsur hace un año, por un menor que ha sido condenado por el juez De Marcos a seis años de internamiento en régimen cerrado–, la mayoría de las medidas cautelares tomadas por el Juzgado de Menores tienen que ver con el maltrato familiar. La medida más habitual es sacarles del domicilio familiar para que convivan un tiempo en una unidad educativa, como la ubicada en la Rondilla o incluso en las de otras provincias, como las casas escuela Santiago en Salamanca. Los centros de internamiento como el Zambrana se reservan para casos especialmente graves.

La cifra de menores condenados en Castilla y León experimentó un ligerísimo repunte en el último año del 0,38% al sumar cuatro más que en 2017. En este sentido, 2009 y 2010 fueron los años con mayor número de condenas a menores en la comunidad: 2.191 y 1.746 respectivamente. Para encontrar la cifra más baja de la serie hay que remontarse al año 2016, con 1.009 casos.

En los últimos veinte años han sido condenados en el conjunto del país 187.509 adolescentes, ocho de cada diez de nacionalidad española y el resto, extranjera, incluyendo en este apartado a los menores de edad no acompañados, los conocidos por el acrónimo 'mena', informa Efe. En Castilla y León el porcentaje es menor si se tiene en cuenta el dato de 2018 exclusivamente. El año pasado, con 1.033 menores enjuiciados, apenas el 17% (175) eran inmigrantes. Los delitos se cometen por los menores cuando más cerca está la vida adulta. En 2018, casi el 65% de los 1.033 infractores tenían 16 o 17 años y el 35% tenían 14 o 15 años. Las mujeres tienen una participación menor. En el conjunto de la comunidad, el 24,4% de los juicios a menores era a mujeres, con 252 casos en 2018.

Las culpas más graves han sido por torturas y otros delitos contra la integridad moral (12.350 desde 1998 hasta 2018), contra la libertad sexual (3.825 en el mismo periodo) y contra la intimidad (1.703) y por trata (uno en 20 años). En cuanto al homicidio y sus formas, se han comprobado judicialmente 724 desde 1998. Entre los delitos menos cometidos están los electorales (tres casos), contrabando (cinco), omisión al deber de socorro (58) o manipulación genética (un caso). Entre las medidas para cumplir las sentencias, la libertad vigilada se impone, con 92.395 casos, casi la mitad. En segundo lugar se encuentran las prestaciones en beneficio de la comunidad, con 67.137 medidas ejecutadas en dos décadas en España; y en tercera posición las tareas socioeducativas, cuya cifra supera las 31.000. El internamiento en régimen semiabierto o cerrado, que es excepcional, llegó a más de 29.000. En su mayoría, son reincidentes o están condenados por delitos muy graves.