Alrededor de medio centenar de personas se concentraron este viernes por la noche en la plaza de Portugalete de Valladolid para protestar por la aplicación de uno de los artículos (el 36.6) de la ley de Seguridad Ciudadana de 2015, conocida popularmente como 'ley Mordaza', y del que ha sido protagonista un joven vallisoletano en diciembre de 2017.
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La convocatoria de la protesta se realizó por la Plataforma por las Libertades, que censuró la Ordenanza Municipal respecto a las limitaciones que hay para colocar carteles convocando a actos públicos.
La protesta es consecuencia de la ratificación de la sanción de 601 euros impuesta por la anterior delegada del Gobierno, María José Salgueiro, el 8 de mayo de 2018 a un joven que se encontraba pegando carteles junto con otro grupo. La multa fue recurrida en los tribunales que, sin embargo, han ratificado el pago.
Según se recoge en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo 3, el joven estaba en la plaza de la Cruz Verde, el 16 de diciembre de 2017, portando un carro de la compra que contenía carteles y pegamento.
Agentes de la Policía Local que iban de paisano intentaron identificarle, a lo que el denunciado «se opuso violentamente» y se negó. Aunque su defensa argumentó en el juicio la falta de identificación por el uniforme, el juez dice que la «Fuerza de Seguridad perfectamente puede actuar de paisano cuando las circunstancias del servicio lo aconsejan».
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El juzgado que confirma la multa da veracidad a la versión de los agentes al tratarse de un procedimiento sancionador, y al no haberse aportado más pruebas por el joven, que alegó sufrir depresión y se vio sobresaltado por el hecho de que los policías fueran de paisano.
«Resulta inverosimil que un agente de paisano, al sujetar el carro de la compra, no refiera al que lo porta que es policía y que precisa de su identificación», dice la sentencia, en la que se recuerda que cuando llegó un segundo agente «pudieron identificarse como tales».
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El juez justifica la imposición de la sanción por «una actuación dañosa para el patrimonio público y de terceros,además de ser contraria a la Ordenanza de Publicidad Exterior».
Pese a esta sentencia judicial, la Plataforma por las libertades dijo ayer que «la Policía Municipal reprime la actividad ciudadana cuando se critica la actuación del Consistorio que tramitaba una ordenanza mordaza».
Al mismo tiempo recordó que el Ayuntamiento de Valladolid no ha habilitado lugares para poder expresar «la disidencia ciudadana».
«La ley Mordaza es injusta y desde luego nada democrática. Se le pone una multa de 601 euros a un parado que percibe una ayuda de subsistencia, que viene a constituir el equivalente a un mes y medio de sus ingresos de subsistencia«, señalaron fuentes de este colectivo.
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