Matrículas públicas para niños con discapacidad

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) estableció tan solo dos vacantes en el Colegio de Educación Especial Nº 1 para el próximo curso. Este lunes se publicaron los baremos de adjudicación que dejaron a cinco padres y madres sin plaza pública y con la única alternativa de solicitar sitio en uno de los dos centros concertados existentes (Pino Obregón y Obra Social). «La ley te deja elegir, pero después solo nos queda la alternativa del privado. Y nosotros defendemos la educación pública», asegura Margarita Velasco, que tiene también un hijo de 3 años con retraso generalizado.

La dependencia de estos menores incluye la necesidad de tener una enfermera cerca, un servicio que solo se da en el centro público. «A mi hijo le dan ataques de epilepsia sin avisar y que solo remiten con una inyección intramuscular. Necesita esa atención médica cercana», explica Inés Juan.

Estas familias demandaban una solución que encuentran sencilla de cumplir: «somos cinco familias y las aulas de Educación Especial se crean con cinco plazas. Solo tienen que tener la voluntad de crearla. Y más después de haber anunciado hace unos días un montón de millones de euros de remanentes de los presupuestos. Que los usen para dar servicios a los ciudadanos», reclama Raúl Garzón, otro de los progenitores.

Tras la protesta llevada a cabo este jueves, las familias recibieron, una a una, la llamada desde la Administración regional para confirmarles lo que estaban reclamando: el próximo martes se publicará la creación de una nueva aula en el centro público con cinco plazas.

El curso anterior ya hubo reclamaciones similares que obligaron a Educación a crear dos nuevas aulas. En el Especial Nº 1, situado en la calle Antonio Machado de Valladolid, están matriculados 108 niños, además de otros 12 que son residentes.

Estas familias, que llevaban semanas enviando cartas a Educación y 'peregrinando' por los despachos en busca de una solución, confían en que su caso sirva evitar «el infierno de las barreras que hemos tenido que pasar», resume Margarita Velasco. En su desesperación, ella y su marido llegaron a pedir durante el proceso de escolarización que incluyeran a su hijo en las llamadas aulas inclusivas de los colegios convencionales. Un servicio que «fue un ensayo y ya no existe», nos dijeron.

Una situación que para Margarita supone «una doble discriminación porque nos hubiera obligado a acudir a un centro concertado donde no hay manera de conciliar con nuestros horarios laborales ya que no tienen programas como Madrugadores».