La manifestación para «acabar con el negocio de la vivienda» reúne a cientos de personas

Bajo el lema «contra el negocio de la vivienda, organización sindical», personas de todas las edades, aunque con presencia mayoritaria de rostros jóvenes ante las dificultades de este segmento de la población para acceder a alquileres e hipotecas, han solicitado que «las casas sean para las gentes de los barrios» con un modelo que garantice el «acceso universal a una vivienda gratuita y de calidad», poniendo en marcha herramientas para evitar la especulación, como la expropiación de viviendas vacías.

«No se puede defender el derecho universal a la vivienda sin tocar los privilegios de unos pocos», apuesta el portavoz de la organización sindical, Carlos A., que estima que en Valladolid «una de cada ocho o nueve casas están vacías», por lo que abogan por la expropiación de estos inmuebles, sin distinción de si se trata de grandes o pequeños tenedores.

Señalan como «principal problema» el incremento injustificado de los precios del alquiler, aunque recalcan que su lucha no distingue de modelos de negocio. «Lo que más vemos es que están subiendo muchísimo el precio de los arrendamientos. Antes cuando buscabas piso en los portales inmobiliarios podrías encontrar algo por 400 euros y eso ya no existe», explica el portavoz. El precio medio de las viviendas en alquiler en el mayor portal inmobiliario es de 882 euros, según la oferta disponible en Idealista.

«En la mayoría de casos encontramos subidas tramposas y gente a la que se le acaba el contrato y no puede asumirla», inciden. Ponen también el foco en la baja calidad de vivienda social existente, que no dista de la oferta de mercado. «Hay muchos bloques enteros que pertenecen a un único propietario, como puede ser un fondo buitre o las viviendas públicas de VIVA. Y nos encontramos muchas veces una dejación de funciones de la propiedad, por ejemplo, con viviendas sin calefacción y con problemas de aislamiento», explica, el alusión a la problemática del bloque de viviendas municipales de calle Eneldo, propiedad de VIVA, en la que toda una escalera de vecinos ha estado más de tres años sin acceso a este suministro.

«Al final ni la propia vivienda social está siendo una garantía para la clase trabajadora», incide. Y critica que el equipo de Gobierno local, en manos de PP y Vox, esté »más pendiente del soterramiento y de revalorizar los suelos que de abordar el problema de la vivienda en Valladolid».

«Para las generaciones anteriores era algo normal comprar una casa. Ahora es un sueño inalcanzable sin apoyo familiar», lamenta Silvia Aránguez, de 25 años, que ha acudido a apoyar la concentración ante la imposibilidad de independizarse y sopesa afiliarse al sindicato. Enfermera de profesión, encabeza contratos temporales, por lo que sería «imposible» que le dieran una hipoteca. Actualmente, explica, vive en Villa del Prado junto a sus padres, en una vivienda pública en alquiler por la que pagan 700 euros. «Yo lo que veo es que no hay tanta diferencia con los precios de mercado», se queja la joven, que, lejos de poder recibir apoyo familiar para comprar una vivienda, es ella quien contribuye a la economía familiar para apoyar en el pago del arrendamiento.

Entre la multitud, otro grupo de jóvenes exhiben carteles, denunciando que «la avaricia rompe el barrio» y que «ser casero no es una profesión». La iniciativa es de Elisa, de 27 años, que ha alquilado junto a su pareja recientemente una vivienda en la zona de la plaza de toros. Un ático interior de 60 metros cuadrados por el que pagan 650 euros. La búsqueda les ha llevado más de un mes. «Nos ha costado mucho encontrar algo decente, nos pedían precios muy altos», lamenta la recién estrenada arrendataria, que detalla que muchos de los inmuebles que visitaron en el mismo rango de precios, eran de escasas dimensiones o presentaban problemas de aislamiento, entre otros. «Eran trasteros sin reformar, yo soy más bajita, pero había pisos en los que mi pareja no podía ni entrar», ironiza.

Junto a ella se manifiesta Lorena, de 25 años. Arquitecta de profesión, comparte un piso cerca de Fuente Dorada con otras dos personas más. Afirmar tener «suerte», ya que el inmueble en el que reside es de renta antigua. Un contrato que se suscribió hace cuatro años y que está próximo a su vencimiento, lo que seguramente supondrá un encarecimiento sustancial. «Pagamos 600 euros, pero dentro de un año se vence y el otro día nos comentó un fontanero que vino a hacer unos arreglos, que el resto de pisos del edificio están arrendados por 900 y 1.000 euros», explica.

En el mismo grupo está Irene, de 27 años, que reside en Madrid, donde se desempeña encadenando contratos como ayudante de cámara. Comparte un piso en Aluche con una segunda persona y lamenta que ninguna de las dos puede abandonar la vivienda tras una convivencia fallida. «No nos llevamos bien, pero no nos podemos ir», se queja, frustrada ante la imposibilidad en muchas ocasiones de tan siquiera poder agendar una visita para ver un inmueble. «Ahora las inmobiliarias hacen una especie de test online y si no cumples los requisitos ni siquiera te dejan ver la casa», lamenta, en una situación en la que además, ante la temporalidad de su profesión, la primera exigencia es un aval familiar.

Durante la lectura del manifiesto, el portavoz de sindicado ha tachado la situación de «insostenible», siendo el acceso a la vivienda, con los precios al alza y los salarios estancados, «uno de los principales problemas de la clase trabajadora». «Aumentan los precios de los alquileres y los alimentos mientras cobramos lo mismo o nos aplican subidas miserables», aseveran. Algo que desde el sector inmobiliario, explican, tratan de achacar a «la falta viviendas y a un contexto de inseguridad jurídica que impide que estén en el mercado para cubrir la demanda».

«Hay que decir claramente que ninguna de estas dos cosas es cierta», afirman. Y señalan que las últimas reformas legislativas de todas las administraciones «han servido para apuntalar el negocio de la vivienda», acompañadas de medidas como el bono alquiler «que solo sirve para financiar con dinero público el negocio de los rentistas», lamentan. Señalan también a la Junta, que se ha dedicado «a ofrecer ayudas al alquiler dotadas con unos fondos muy escasos y con condiciones casi imposibles».

Piden, entre críticas a una ley de vivienda «completamente incapaz» de contener los precios, «una reducción real de los alquileres, sin contrapartida». Así como la «suspensión inmediata de todos los desahucios» y «el desmantelamiento de las empresas de desokupacion» que gozan de «permisividad absoluta mientras se reprime el movimiento de defensa de la vivienda».