La macroestafa de créditos bancarios de Valladolid se diluye tras un juicio con 60 acusados

Entre todos los acusados se enfrentaban a una petición global de más de 540 años de prisión por estafar a catorce entidades financieras, si bien todo eso se empezó a diluir desde los primeros días del juicio. Durante ese mes, además de las conformidades a las que se llegaron en la primera jornada, con más de la mitad de los encausados pactando acuerdos con la Fiscalía, Caixabank y Banco Santander, que ejercían la acusación particular, abandonaron el procedimiento judicial por ceder los presuntos créditos estafados a otras entidades financieras. Por lo tanto ya no eran perjudicados.

De igual manera, y así lo entiende el Ministerio Público, a Banco Cetelem, BBVA e ING Bank les retira la solicitud de indemnización. «Se interesa que se haga expresa reserva de acciones civiles a las entidades a Cetelem CaixaBank (a la que pertenece Caixabank Consumer Finance), BBVA (de la que es filial Unoe Bank), Banco Santander e ING Bank que ha procedido, en vía civil, contra algunos de los acusados, sin que se haya determinado si existen pendientes otras reclamaciones en esta misma vía», refleja la Fiscalía en sus conclusiones finales.

Un macrojuicio que se diluyó con el paso de los días y que se refrenda en las peticiones finales de prisión. Los siete cabecillas de la supuesta trama se enfrentaban inicialmente a 18 años de privación de libertad, ahora, tras las vistas orales, esa calificación ha mermado hasta los siete años tras las declaraciones y las pruebas aportadas. Es solo un ejemplo de la evolución del macrojuicio.

Esa macroestafa se llevó a cabo con varias operaciones bancarias, en las que a través de terceras personas solicitaban préstamos para la compraventa de coches de segunda mano. Ese dinero solicitado iba a parar a los cabecillas del grupo, quedándose una parte las personas que pedían el crédito. Para tal fin, los cabecillas, expertos en la materia, justificaban la solvencia con documentación que realmente no reflejaba su verdadera situación económica.

Durante esos años, la intención de los acusados siempre fue evitar la devolución de las sumas prestadas, si bien, en algunos supuestos, se efectuaron ingresos parciales en las cuentas de los prestatarios, y en otros se abonó la totalidad de las cuentas, con el fin de que los reiterados impagos no derivaran en la inclusión en los registros de morosos ni levantaran sospechas que obstaculizaran la continuidad de su actividad criminal.

La captación de sus 'clientes' por parte de los cabecillas se llevaba a cabo, en numerosos casos, de forma personal por Abel Ignacio, quien supervisaba las operaciones, controlando el momento de la solicitud y concesión del crédito al aparecer como intermediario o asesor financiero para generar credibilidad en todo momento. Un papel reseñable que supuestamente también tenían Bernarda y José Manuel. La primera al gestionar una empresa en Zamora, donde ya había completado operaciones en entidades de esa provincia, lo que facilitó ofrecer clientes a los mismos bancos en Valladolid. Por su parte, José Manuel, agente inmobiliario, permanecía en las inmediaciones de las oficinas. Antes ya había introducido en esta presunta trama a María Yolanda como persona de confianza. Ellos, al parecer, eran también los encargados de generar nóminas falsas, así como la vida laboral, además de completar alguna mensualidad para no levantar sospechas.

Y todo ello destinado para la compraventa de vehículos. Un negocio «inexistente» para cuya justificación se utilizaba un contrato tipo que se repite en once de las operaciones, y en cinco de ellas, el mismo BMW, propiedad de la mujer de Abel Ignacio. Nunca se efectuó tal transferencia ni modificación de su uso...

El producto de las operaciones «fraudulentas», después de pasar el importe del préstamo por la cuenta del solicitante, llegaba a manos de los organizadores de la red, bien mediante transferencias a sus cuentas corrientes, bien por ingresos de metálico en las mismas, o entrega del dinero en mano para evitar que esas cantidades fueran rastreadas.