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Su dolor no ha pasado por mucho que este miércoles hayan tenido que colocarse delante de una cámara y atender a las preguntas del fiscal y de los abogados por el macrojuicio del accidente del Alvia en Santiago en julio de 2013. Casi diez ... años después, familiares de los fallecidos y víctimas castellanas y leonesas declararon en calidad de testigos para pedir «justicia y reparación» en un trágico suceso en el que fallecieron 80 personas y 145 resultaron heridas.
Y entre los testigos se encontraban Manuel, María Dolores y Guillermo Sierra, familiares de Manuel, quien perdió su vida en el accidente a los 40 años. Junto a ellos, en la misma acera, Elena San José, superviviente y con «secuelas» desde entonces. Todos ellos, quieren pasar página de un proceso que se ha dilatado en el tiempo y por el que siguen con la premisa de pedir «justicia». «Llevamos diez años de humillaciones de Adif y Renfe», recalcan al unísono los cuatro tras una sesión en la que han insistido en solicitar «una investigación técnica independiente».
Miembros de la plataforma Víctimas Alvia 04155, declararon este miércoles para pedir más seguridad y evitar lo que padecieron hace diez años. «Queremos que los profesionales del Estado no firmen proyectos que no están bien. Que sean responsables en su trabajo», añaden antes de centrar la culpabilidad en cargos de responsabilidad. «Pedimos responsabilidades penales de las personas más directas de la seguridad. Y pedimos unas responsabilidades profesionales de aquellos que tomaron las decisiones de inaugurar una línea, cuyo proyecto no estaba finalizado; de poner un tren que no cumplía con las normas de seguridad; de desconectar el sistema... Fue una cadena de decisiones y todos los implicados han sido ascendidos. La ministra Ana Pastor pasó a ser presidenta del Congreso. El ministro Pepe Blanco, quien inauguró la línea, ascendió a eurodiputado. Rafael Catalá, que era quien hacía las visitas y era el Secretario General de Infraestructuras, fue ascendido a ministro de Justicia: Julio Gómez-Pomar, que era el presidente de Renfe ascendió a secretario general de Insfraestructuras. Todos fueron premiados», relataron los familiares que todavía, una década después, sufren por aquella tragedia.
Elena San José
Vallisoletana superviviente del accidente
Alegan que el maquinista del tren, que se enfrenta a cuatro años de prisión, «no sea la única cabeza de turco» del proceso y «coincidimos con el escrito de la Fiscalía cuando señala que «el trágico accidente no hubiese sucedido si Adif, más concretamente, la Dirección de la Seguridad en la Circulación y el acusado Cortabitarte López, como máximo responsable de la misma y que se enfrenta también a cuatro años de prisión, hubiesen evaluado y gestionado el riesgo de exceso de velocidad en el tramo del accidente.....En definitiva tenía que garantizar que la línea era segura. No lo era. La LAV082 era altamente vulnerable en el tramo en que se produce el accidente al error humano, y la fuente de peligro extrema ante el cambio significativo de velocidad y la curva». añaden los familiares
Un proceso que han llevado hasta la Unión Europea, donde «nos han reconocido que Ana Pastor ha mandado una carta personal para que no se entrometieran en los asuntos de España y que retrasasen todo lo posible el informe crítico sobre la investigación», afirman los familiares
Trámites burocráticos que no palian el dolor. «Es muy costoso a nivel psicológico porque hay un daño moral que hay que sobreponer. Ellos han perdido a un hijo o a un hermano y los que íbamos en el tren tenemos nuestras secuelas. Luchamos contra viento y marea para solucionar un asunto estancado», recalcan a la par que lo único que buscan es que los viajeros de tren viajen con seguridad.
Declaraciones que se suman a las de otros afectados como la de Ana Piquero, vallisoletana superviviente, o la de los padres del segoviano Curro, fallecido en viaje y quienes ya prestaron declaración hace dos semanas.
Mismo procedimiento por el que pasarán los familiares de Juan Manuel de Diego Bajón, vallisoletano muerto en el accidente. Y así será hasta junio de este año, cuando está previsto que el proceso judicial finalice. Diez años después habrá sentencia de un suceso que acabó con la vida de 11 vecinos de Castilla y León.
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