«Por fin tenemos la autorización para trabajar», dicen, después de meses de espera, K. (46 años ) y S. (37), dos activistas que huyeron de Argelia porque su mirada crítica no era tolerada por el Gobierno de su país. Con una cámara de vídeo, un ... teclado y un canal en youtube se dedicaban a registrar «la complicidad policial con los terroristas yihadistas» en sus ataques contra la minoría bereber mzab. Sus reportajes sobre la situación en su región eran argumento para los informes anuales de Amnistía Internacional. Sus denuncias, recogidas por asociaciones que defienden los derechos humanos. Su voz no era cómoda para el gobierno argelí, que emitió contra ellos una orden internacional en la que se les acusaba de 18 actos de terrorismo y de «sembrar discordia y hostilidad entre la población».
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Cuentan que registraron una masacre en Ghardaia en la que murieron 24 personas, dicen que a raíz de aquella denuncia fueron arrestados, que consiguieron escapar y huir a Marruecos (allí obtuvieron el estatuto de refugiado político de Acnur), que entraron en Melilla y que allí, en julio del año pasado, fueron detenidos por las autoridades españolas. Pasaron tres meses en un carrusel de cárceles (Málaga, Valdemoro, Alcalá Meco...). Los periódicos informaban de que el Consejo de Ministros de Rajoy aprobó en septiembre la extradición, como respuesta a la petición del Gobierno argelí. Pero la Audiencia Nacional la denegó en octubre, como relata Amnistía Internacional, y les concedió la libertad. Hace siete meses llegaron a Valladolid. Ahora, K. (cinco hijos) y S. (tres) intentan rehacer su vida y lograr un empleo.
Este miércoles participaron en un taller organizado por la Red Ariadna, un programa que en Valladolid despliegan Cruz Roja, Accem y la Red Acoge (con el respaldo del Gobierno y la UE) para favorecer la integración sociolaboral de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional. El patio del colegio de Santa Cruz, en el día mundial de los refugiados, acogió este encuentro, en el que cuarenta personas recibieron claves y pistas para facilitar su inserción laboral en Valladolid.
Y no es fácil. «Necesitamos la implicación de las administraciones y de la sociedad civil para conseguirlo», comenta Daniel Duque, coordinador de Accem en Castilla y León, entidad que atiende a cerca de cien refugiados y solicitantes de asilo en Valladolid. «Tenemos la obligación y la responsabilidad de acoger a las personas que escapan de sus países porque su vida allí no es segura. La gente no se va de sus casas porque quiere. No hay efecto llamada. Todos quieren vivir en paz en sus países, les gustaría volver. Pero no pueden hacerlo por la guerra, la violencia o la persecución. Por eso, es importante que se les trate aquí como a un vecino más, que se participe en su plena integración».
Durante la jornada, cuarenta refugiados que residen en Valladolid conocieron experiencias, métodos y recursos para buscar empleo. Desde redactar un currículo a cómo presentarse a una entrevista de trabajo. Para ello, recibieron consejos de Sandra Merlo (de la Confederación Vallisoletana de Empresarios), Elvira Rodríguez, directora de la residencia de mayores La Arbolada, Cindy Mariana, una solicitante de protección internacional que trabaja en unos grandes almacenes, y Blanca de Luis Cano y Mercedes Castro Salas, técnicos de la Agencia de Innovación del Ayuntamiento.
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Accem defiende la importancia de estas acciones para favorecer la integración social de los refugiados en el momento en el que entran en una fase de autonomía (plena a los dos años desde que inician el proceso de acogida)y para lo que el empleo es fundamental.
Lo sabe Rodrigo, 35 años, bogotano que huyó de Colombia para escapar de una espiral de violencia que no supo gestionar. «Fue un error. Me equivoqué. Salí sin un rasguño por los pelos. Pero no lo hice bien», dice hoy, después de 16 meses en España, apenas un par de ellos en Valladolid. Confía en emprender un nuevo camino, lejos de una amenaza que dejó atrás. Allí formó parte de bandas de punk rock. La música era excusa y vehículo de compromiso social. «Visitábamos los barrios más necesitados. El dinero de los conciertos lo dedicábamos a comprar material escolar para familias sin nada. Mi error fue que me involucré en lo que no debía creyendo en unas ideas nobles. En Colombia queremos la paz, pero una paz sin justicia nunca será duradera».
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El chispazo llegó en la Universidad. «A los estudiantes se les coartaba su derecho a la educación. Las guerrillas de las FARC y otros grupos boicoteaban las clases, muchas veces con la complicidad de los profesores. No se permitía estudiar. Creamos un grupo y usamos la violencia (con palos y botellas de coca cola que, agitadas, explotaban)para luchar contra esos bandas que impedían las clases o que vendían droga en los poblados más humildes.Yo creía que peleaba por algo justo, pero al final usábamos una violencia exagerada». Hasta que un día dijo basta y decidió escapar de aquel dolor. Ahora, en Valladolid, confía en reconducir su vida (un empleo sería vital) y, con suerte, si llega la paz, volver un día a su país.
El rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo Cabrerizo, subrayó ayer la implicación de la institución académica en la atención a personas refugiadas, a través de la Oficina de Cooperación Internacional y el Observatorio de Derechos Humanos. La UVA dispone además de una oficina en la que estudiantes universitarios hacen prácticas con asistencia jurídica a ONGpara la ayuda de personas refugiadas. Largo anunció convenios con Accem y Cruz Roja «para potenciar esta ayuda». El colectivo Indignado recordó la fecha con la 'valla de la vergüenza' en Fuente Dorada.
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