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«Con esas tarjetas se hicieron muchos regalos y pagos de detalles a los propios trabajadores, a directivos y a sus parejas, así como ... a colaboradores de la organización, siempre de manera pública y notoria para compensar su labor y las horas que hacían sin remuneración», justificó ayer el expresidente de Asaja Valladolid, Lino Rodríguez, antes de reiterar, a preguntas del fiscal, que él «no manejaba las cuentas de Asaja y de sus sectoriales –sociedades afines–» y que todos los gastos e ingresos que pudo recibir de las mismas –el fiscal estima que fueron 1,3 millones de euros– «estaban destinados a la organización». Lino incidió en infinidad de ocasiones en que «nunca recibí o manejé dinero de estas organizaciones para mi enriquecimiento personal».
El agricultor, y dirigente de la organización agraria entre 1990 y 2015, defendió así su inocencia al inicio del juicio en la Audiencia Provincial, en el que comparte banquillo con su mujer y otros dos exdirectivos de Asaja y donde se presentó como un trabajador que se desvivió durante más de veinte años por esta entidad: «Mi objetivo era impulsar la actividad de la organización y de sus sociedades y generar ingresos para que sus trabajadores pudieran cobrar las nóminas, algo que no ocurría antes de 1990, y a ello dediqué mi trabajo todos los días de la semana y todas las noches, en los que quemé dos coches realizando miles de kilómetros». El expresidente de Asaja Valladolid añadió que «nunca jamás recibí ingresos para mi enriquecimiento personal ni gasté nada que no estuviera destinado a la organizaciones y a sus sociedades».
¿Cómo ha llegado entonces Lino Rodríguez a enfrentarse a penas de trece años y medio de prisión –los que solicita inicialmente el fiscal– por delitos de administración desleal, falsedad en documento público y apropiación de indebida de miles de euros? Pues el exdirigente agrario considera que todo obedece a una «venganza personal» del extesorero de Asaja, Alberto Cano –el autor de la denuncia que llevó ayer al banquillo a la cúpula de la organización–, y de otros miembros de la entidad. «Yo no daba órdenes de pago ni tenía claves para utilizar las cuentas», apuntó Rodríguez antes de incidir en que era «el tesorero el que autorizaba todos los pagos y el que controlaba y auditaba las cuentas del dinero que se manejaba».
El expresidente de Asaja, no obstante, se presentó esquivo ante las preguntas formuladas por el fiscal sobre las cuentas de la organización y de las sociedades que dirigía, así como sobre sus gastos con la tarjetas de dos de ellas (Derco y Remolacheros), en un interrogatorio que se prolongó durante dos horas y en el que el presidente del tribunal tuvo que reprenderle en varias ocasiones para que no respondiera con vaguedades o suposiciones sino sobre las cuestiones concretas sobre las que era requerido. Lino Rodríguez, en este sentido, apuntó en infinidad de ocasiones al olvido por el tiempo transcurrido –los hechos objetos de juicio abarcan un amplio periodo entre 1990 y 2015–, y no supo justificar muchas de las facturas y transferencias sobre las que se le preguntó y echó balones fuera en cuanto a que él no era quien autorizaba los pagos.
Lino Rodríguez también incurrió en aparentes contradicciones a la hora de defender inicialmente que Asaja y el resto de sociedades de su entramado (Ifycar, Derco, Productores de Patatas, Remolacheros, Campo Abierto, Campo de Peñafiel e Indycons) eran «absolutamente independientes». Después, al ser preguntado por numerosas transferencias, entre otras, entre dos de ellas, Indycons (de la que era interventor) y Campo de Peñafiel (de la que era presidente), aclaró que «tenían buenas relaciones y se apoyaban mutuamente» a la hora de contratarse distintos servicios o de ayudarse en momentos difíciles del sector. Así que negó que falsificara facturas para justificar transferencias de dinero de hasta 80.000 euros en 2013 a la sociedad que presidía.
El expresidente de Asaja tampoco supo justificar por qué recibía un sueldo mensual de otra de las sociedades, Derco (desde 2004), y no directamente de la organización agraria por medio de un supuesto contrato en el que, al parecer, cobraba un salario muy superior (cercano a cuatro mil euros desde 2009) al acordado por el convenio del sector. «¿Por qué cobraba de Derco y no de Asaja?», interrogó el fiscal. «A mí también me gustaría saberlo, porque el principal perjudicado fui yo, pero yo cobraba como trabajador para generar actividad económica y de servicios para los trabajadores (de Asaja)», apuntó.
En dicho contrato, además, el agricultor figuraba como ingeniero agrícola, título del que carece, según reconoció él mismo. «Las condiciones del contrato, que yo no firmé, las establecían los directivos de Asaja –no él–», alegó antes de culpar a otros responsables y trabajadores de la entidad de esta aparente situación irregular. Y es que, a juicio del ahora acusado, «las denuncias en este proceso obedecen a venganzas personales», siempre según su testimonio, del entonces tesorero y otros directivos y trabajadoras que fueron despedidos o con los que tuvo conflictos cuando él dirigía la entidad.
El expresidente de la organización agraria, que negó que se lucrara personalmente del dinero de las distintas sociedades, aseveró que no destinó un ingreso de 91.000 euros en 2006 a la compra de un solar junto a su esposa. «No puedo recordar cómo pagué ese terreno, quizás con los ingresos en metálico de mi padre por nuestras tierras, todos ellos declarados», apuntó vagamente. También negó que en los años 2012 y 2013, cuando recibió dos ingresos de 60.000 y 30.000 euros de otra sociedad vinculada a Asaja (Ifycar), acudiera posteriormente a una caja de seguridad de su propiedad en el Banco Popular a depositar el dinero. La Policía, según recordó el fiscal, descubrió que acudió a dicha caja en las mismas fechas de los ingresos e, incluso, intervino en una de ellas un sobre en el que se podía leer 'sesenta mil euros' escrito a mano. «Yo no metí nada en la caja y sí ese sobre coincidía con la entidad que hizo el pago (La Caixa) pudo ser porque tengo también mi cuenta particular en ese banco», justificó antes de incidir en que «todos los pagos de las sociedades iban destinados a los fines a los que debían serlo». «Todo estuvo justificado», concluyó Lino.
Por su parte, el exgerente, Fernando Redondo, atribuyó más poder de decisión a Lino y defendió su propia inocencia. Sí reconoció pagos personales (por varios cientos de euros) realizados por él con una de la tarjetas, aunque alegó que los devolvió en cuanto se dio cuenta. También reconoció que cobró en negro una parte de su salario en la sociedad Análisis Integrales y Asaja. Por último, el exvicepresidente, Gerardo Rico, también defendió su inocencia. Los tres se atribuyeron responsabilidades y culpas entre ellos.
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