Lino Rodríguez, condenado a dos años y ocho meses por el fraude de las subvenciones solicitadas a la Junta

En su sentencia, el juzgado condena al exlíder provincial de Asaja por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con otro de fraude, concretamente por el cobro consumado de una subvención por 783.000 euros y, amén de la citada pena privativa de libertad, resuelve condenarle al pago de una indemnización de 1.567.007,74 euros, cantidad de la que habrá de descontarse aquella partida ya recuperada por la Administración regional, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Por contra, en el fallo queda absuelto de la tentativa de fraude de la que venía siendo acusado por la otra subvención, por 252.000 euros, que no llegó a cobrar al percatarse la Junta de la irregular tramitación seguida.

La sentencia, en el supuesto de que el condenado recurriera ante la Audiencia Provincial y esta ratificara el fallo en primera instancia, podría llevar a Lino Rodríguez a ingresar en prisión para el cumplimiento de la pena.

Durante el juicio, tanto Lino Rodríguez como su esposa, que compartió banquillo con él en calidad de cooperadora necesaria pero que quedó finalmente libre de cargos al retirar la acusación tanto el fiscal como el letrado de la Junta, apelaron a su inocencia y presentaron al que fuera gerente de dicha organización profesional agraria, Fernando Redondo, como 'factotum' del fraude en el cobro de subvenciones.

En su declaración, el exlíder de Asaja en Valladolid, para el que el fiscal y la Junta solicitaron cuatro años y nueve meses y siete años de cárcel, respectivamente, apuntó desde el principio hacia Fernando Redondo, del que aseguró que fue la persona que se hizo cargo de tramitar las dos polémicas subvenciones, una de ellas, la primera, al objeto de solicitar a la Junta una ayuda de 783.000 euros para la construcción de una nave de almacenamiento y envasado de patatas presupuestada en 2 millones y otra, que no llegó a percibirse, por 252.000 euros, para distintas mejoras en las mismas instalaciones, sitas en Peñafiel.

Aunque la mercantil promotora era Campo de Peñafiel, de la que Lino era administrador «honorífico», tal y como ese se autodefinió, el acusado insistió a lo largo del interrogatorio en que la decisión de solicitar ambas subvenciones se acordó en una reunión en Peñafiel entre los socios de la mercantil, constituida por agricultores de la zona, y que de las mismas se hicieron cargo tanto Fernando Redondo como la también técnico de Asaja Valladolid María de los Ángeles Falces.

«Eran las personas que históricamente se hacían cargo de ello y gozaban de total confianza», sostuvo Lino Rodríguez, a pesar de que cuando fue interrogado por estos hechos en noviembre de 2014 demostró peor memoria y alegó entonces que la tramitación la llevaban técnicos de la organización cuyos nombres no recordaba.

En esa tramitación, en la que se falsificaron documentos para engordar cantidades que se presentaron a la Junta al objeto de cobrar un mayor importe subvencionable, Lino Rodríguez mencionó como únicos autores de los hechos a ambos técnicos, con especial mención a Fernando Redondo, del que aseguró que «falseó talones y facturas como churros», incluso la solicitud de liquidación cursada ante la Junta una vez acometidas las obras y en la que aparecía la firma del exlíder de Asaja.

«¡Esta firma no es mí, ni parecida!», espetó Rodríguez, quien recordó que de los cientos de cheques que aparecen en las presentes diligencias, únicamente están firmados por él uno o dos. De hecho, el acusado precisó que idéntica situación se produjo en otras sociedades vinculadas a Asaja, entre ellas Remolacheros Valladolid, en las que se falsificaron infinidad de facturas a su nombre.

A este respecto, Rodríguez, al igual que su mujer, insistieron en que el autor de tales falsificaciones fue Fernando Redondo, hasta el punto de que por tal motivo fue cesado tras descubrirse las distintas irregularidades cometidas en la tramitación de la segunda subvención y en otra que había promovido, «con facturas falsas», en otra provincia ajena a Valladolid.

Pero además, enmarcó el cese del entonces gerente en otras razones, entre ellas por mantener una vida un tanto desordenada. «Fue una decisión de los socios porque también le quitaron el carné saliendo del casino a altas horas de la noche y de distintos locales», añadió Lino Rodríguez, sin llegar a especificar la naturaleza de estos últimos establecimientos.

Por su parte, Ana de la F, cuyos cargos fueron retirados por ambas acusaciones, cargó también sus 'baterías' contra el exgerente de Asaja Valladolid como único autor de la multitud de falsificaciones de facturas y explicó que Sodeprim SL, constituida entre ella y Lino para trabajos de asesoría fiscal, se limitó a apuntar todos y cada uno de los documentos que le iba suministrando el aludido para tramitar las subvenciones.

«¡Por favor, quiero dejar muy claro que ni yo ni Sodeprim hemos tramitado una sola subvención, ni estas ni otras de otro tipo. De ello se encargó directamente Fernando Redondo!», zanjó.

Los aludidos, tanto Fernando Redondo como la que fuera técnico de Asaja María de los Ángeles Falces, negaron rotundamente la autoría de cheques, talones y facturas falsificadas, hechos precisamente por lo que inicialmente llegaron a figurar como imputados en la causa abierta por la Fiscalía vallisoletana.

Redondo negó incluso que ejerciera el puesto de gerente e indicó que su participación se limitó al control de la ejecución de las obras y los contactos con los proveedores de las mismas, sin que en momento alguno se hiciera cargo de la tramitación del expediente administrativo para el cobro de las subvenciones.

La presente causa es distinta de otra, declarada compleja, que se sigue contra el exlíder de Asaja Valladolid en el Juzgado de Instrucción número 5 a raíz de una denuncia del extesorero de la asociación, Alberto Cano, sobre supuestas irregularidades en la gestión contable de la organización agraria.

Al inicio del juicio por las subvenciones percibidas por Campo de Peñafiel S.L, el letrado defensor de Lino Rodríguez invocó ante el juez la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y al derecho a utilizar todos los elementos de prueba, fundamentalmente una prueba pericial caligráfica, no estimada, sobre las firmas y letra aparecidas en los documentos para tratar de acreditar que no fueron realizadas por su cliente.