Los letrados de Justicia avisan de una huelga indefinida si no hay equiparación retributiva

De esta forma, este miércoles, los letrados han vuelto a hablar de «maltrato», a la par que pedían «disculpas a la ciudadanía» por la paralización de alrededor de 200 juicios, así como todo lo que engloba a sus funciones. «No solo hay que hablar de los juicios aplazados. Los letrados hacemos mucho más. Comparecencias, actas... Además, los servicios mínimos son exagerados», detalla Adela Tamayo, de la Asociación Independiente de Letrados de la Justicia (AINLAJ).

Una afirmación que amplía su compañera de la Unión Progresista de la Administración de Justicia (UPSJ), Silvia Santana, pues «de cada actuación que hay en un juzgado, detrás hay un letrado de la Administración de Justicia». «Una citación, un requerimiento, una notificación... las resoluciones que se dictan siempre llevan la firma de un letrado. En un juzgado no se mueve un papel si no hay una firma del letrado. Somos una figura poco conocida para la ciudadanía, pero como hemos visto estos días en la prensa nacional se puede aplicar el símil de los controladores aéreos. Puede haber muchos pilotos, pero si no hay controladores los aviones no salen», añade Santana, acompañada también por el representante del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, Avelino Cabezudo.

Estas concentraciones, convocadas a la par que las de finales de noviembre, se retomaran después de que en abril de este año el Ministerio y las asociaciones llegaran a un acuerdo que «aún no se ha cumplido». «La palabra dada es muy importante. Nos hicieron suspender una huelga al llegar a un acuerdo. Se comprometieron a meter en esta ley de eficiencia la adecuación retributiva que nos corresponde porque somos del grupo superior de Justicia A1», incide Tamayo.

Con estos antecedentes, estas paralizaciones de finales de 2023 derivarán en una huelga indefinida en enero si no hay un nuevo compromiso. «Es una solución extrema y desproporcionada, pero es que no vemos ningún acercamiento para solucionar el conflicto. No imponemos nada. Venimos a trabajar porque nos gusta lo que hacemos, pero pedimos lo que es justo. No vamos a cesar en nuestros intentos», apostilla Silvia Santana.

«No nos queda más que ir a la huelga. Somos un grupo maltratado. Hemos esperado durante años nuestro momento para equipararnos al resto de funcionarios del grupo A», agrega Cabezudo ante unas reivindicaciones que vienen desde hace más de una década.

Precisamente, este abril, los letrados de la Administración de Justicia llegaron a un acuerdo con el Ministerio que dirige Pilar Llop para establecer un calendario para incrementar sus retribuciones en función de la carga de trabajo asumida desde hace trece años, así como de las nuevas parcelas que acometerán con las nuevas leyes en trámite. «La palabra dada es muy importante, aun así pedimos perdón a los ciudadanos y a los operadores jurídicos por esta paralización», concluyen los tres colectivos.

Asimismo, insisten en exigir «un acuerdo tangible y ejecutable para que se fije un calendario para que se produzca la equiparación real y efectiva de nuestro Cuerpo con los grupos A1 de la Administración General del Estado y así dar cumplimiento a la disposición 157 de la ley de Presupuestos Generales del Estado». Reivindican, como ya lo hicieron en anteriores convocatorias de huelga, el pago del complemento íntegro de encargado a los letrados con plaza en los registros civiles en contraprestación a las nuevas funciones asumidas.